Responsabilidad de todos

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Garantizar la independencia de los jueces y fiscales para permitirles que investiguen según la ciencia jurídica y sus principios nunca ha sido una prioridad para los gobiernos radicales que se sucedieron en Río Negro hasta fines de 2011. Y, más allá de la expectativa que generaron las promesas formuladas por Carlos Soria y Alberto Weretilneck cuando eran candidatos a gobernador y vice por el Frente para la Victoria, hay una verdad incontrastable: mejorar la Justicia y acrecentar la independencia de los jueces y fiscales es todavía una materia pendiente en la provincia. Por eso, la reforma judicial que alienta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional –y que con tanta premura gestionan en el Congreso sus principales espadas políticas, entre ellas el rionegrino Miguel Pichetto– representa una fuerte preocupación. Es de prever que un eventual “efecto contagio” en el oficialismo rionegrino buscaría incrementar más aún la partidización y la limitación de la autonomía de la judicatura. Durante los últimos años, la Justicia rionegrina –sobre todo la Penal– resultó fuertemente condicionada por varias decisiones de instancias gubernamentales, especialmente en su posibilidad de investigar y sancionar a funcionarios de jerarquía política. En ello influyeron: • La persistente negativa de la Legislatura provincial a aprobar el desafuero de legisladores o funcionarios para que fueran juzgados por delitos cometidos en ejercicio de la función pública. • La concentración de todas las causas de corrupción en los tribunales de Viedma. • La intervención en los colegios de abogados a través de letrados que ocupan cargos de jerarquía en el gobierno para orientar el voto de los representantes en el Consejo de la Magistratura. • La manipulación política de la designación de jueces y fiscales, que ha dejado de lado el mérito intelectual y laboral como único criterio de selección. • La modificación de la ley del Consejo de Magistratura que otorga preponderancia al puntaje subjetivo de la entrevista personal por sobre los antecedentes y el examen de los postulantes y que permite, en ocasiones, que quien accede al cargo no sea quien obtiene más votos. • Los concursos fuertemente cuestionados por sospechas de que, para algunos aspirantes, no se habría respetado el anonimato o la sorpresa en el tema de los exámenes. • La cantidad y el tiempo en que cargos de jueces están en manos de subrogantes, en ocasiones sin considerar los requisitos para ser magistrado. • Los incentivos salariales MIG, asignados en forma reservada y discrecional durante años. Si bien hoy han sido reemplazados, el STJ sigue sin brindar la información solicitada sobre lo pagado. • Las sucesivas políticas de empujar hacia el retiro a jueces experimentados, como modo de crear vacantes, a fin de que sean cubiertas con métodos permeables a la intervención política. En suma, si bien la independencia judicial está en el discurso habitual de los políticos, la realidad de sus acciones lleva a suponer que prefieren a la Justicia como un poder de gobierno subordinado a quien posea la mayoría en los otros dos. En sectores del oficialismo ya se advierten señales de que la reforma nacional alienta el deseo de partidizar el Consejo de la Magistratura invocando su “democratización”. Claro que, en Río Negro, disponer que sus integrantes sean elegidos por el voto directo requeriría una modificación a la Constitución. La norma fundamental está siendo violada por la Legislatura, que acaba de aprobar que sea un mero representante de los legisladores quien ocupe el cargo de vocal del CPE que la Constitución asigna a los consejos escolares. En el caso del Consejo de la Magistratura, no asombraría que se buscara incorporar el cambio en una enmienda constitucional, junto con la eliminación del requisito de residencia para los jueces, para el cual ya existe consenso. La situación que se vive hoy en los tribunales rionegrinos indica que la garantía de jubilación de jueces y funcionarios con el 82% móvil generó una importante cantidad de vacantes. Los concursos, que durante años fueron lentos, ahora se han acelerado tanto que en una semana fueron designados 20 jueces, fiscales y secretarios en la provincia. Varios de estos nombramientos generaron nuevas vacantes. A esto se suma el súbito consenso en ampliar a cinco el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, algo que no mejorará la calidad del servicio de justicia y que sólo apunta a satisfacer las pretensiones políticas y de influencia de sectores localistas ligados al Frente para la Victoria y a la propia judicatura. La brecha entre las preocupaciones de políticos y de ciertos jueces respecto de la real necesidad de los ciudadanos de que exista un eficaz servicio de justicia quedó patéticamente demostrada esta semana, cuando una familia de Bariloche perdió todos sus bienes al ser incendiada su casa luego de que uno de sus integrantes saliera de testigo de un homicidio. ¿Se evitarán casos como éste con cinco jueces en el STJ o una jubilación del 82% móvil? En definitiva: la experiencia nacional y provincial indica que, una vez llegados al poder, la vocación de los políticos por la independencia del Poder Judicial se escurre como agua y, en su lugar, toma forma una pretensión de control y condicionamiento directamente proporcional con el aumento de las denuncias contra funcionarios de la gestión. Ése es el diagnóstico. Pero ¿cuál es la solución? Es claro que la oposición política ha sido lo suficientemente débil o ha estado tan amarrada por negociaciones con el gobierno de turno que no ha querido o no ha podido actuar con vigor en contra del atropello. En la mayoría de los casos, ha torcido su opinión luego de alguna leve modificación o ante la demostración de que el número la dejaría en desventaja. Tampoco ha sido suficiente la reacción de la propia magistratura, que, en general, no se ha expresado de manera enérgica en defensa de la independencia. Es probable que en esto haya influido el temor de sus miembros a perder la posibilidad de ascensos o a verse más expuestos a enjuiciamientos que dependen en gran medida de la mayoría en el Consejo de la Magistratura, es decir de la mayoría en el gobierno. Menos aún se ha sentido que los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales –sobre todo de abogados– hayan adquirido un protagonismo suficientemente enérgico para defender un pilar de la república. Las opiniones en este sentido suelen mezclarse, ya que si bien son muchos los que comparten el concepto teórico de que la Justicia debe ser independiente del poder político, abundan quienes objetan que jueces y fiscales ponen más empeño en cuidar sus privilegios salariales y laborales que en aplicar la ley en defensa de la verdad y la equidad. La cuestión, en suma, es que no habrá gobierno que defienda lo que la sociedad en su conjunto no consagra como valor supremo. Y que todo avance del poder político en este sentido refleja un retroceso de la sociedad. Porque ningún político tendría suficiente poder para actuar en contra de una vocación ciudadana si esta fuera unívoca e incontrastable.

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

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