“¿A qué se apega el gobernador?”

Redacción

Por Redacción

A la ley, no. Él mismo lo reconoció (más allá de tardíos y mezquinos desmentidos) cuando, de manera impropia, pretendió influir en la decisión de los magistrados intervinientes en una causa penal en la que estaban involucrados menores de edad. “No hay que apegarse tanto a la ley” fueron sus patéticas palabras dirigidas, no sólo a intervenir ilegalmente en cuestiones propias del Poder Judicial, sino a propiciar soluciones contrarias a la obligación del Estado de promover políticas para quienes no han llegado a la mayoría de edad. Y este disparate doble lo concretó a partir del consejo o sugerencia de “violar la ley”. Que de eso se trata la expresión del gobernador provincial. Si la máxima autoridad de nuestra provincia pretende condicionar a los integrantes de otro poder, sugiriendo que la solución a un problema acuciante es la violación a la ley, los rionegrinos estamos en evidentes problemas. Si se propicia el “no apego a la ley” o, lo que es lo mismo, se fomenta su violación, nada nos tiene que extrañar que, por ejemplo, florezcan las incompatibilidades de funcionarios políticos o electivos que engrosan escandalosamente sus bolsillos con abultados ingresos por diestra y siniestra. ¿Al cumplimiento de las promesas preelectorales? Tampoco. La conformación del Superior Tribunal de Justicia con tres miembros, la eliminación del requisito constitucional de residencia previa para la designación de magistrados y funcionarios judiciales y la utilización del concurso público para la cobertura de las vacantes de los organismos de control constituyen muestras palmarias del desvío de las políticas públicas en relación al compromiso contraído en tiempos preelectorales. El STJ se compone ahora de cinco miembros, gracias al proyecto personal del gobernador enderezado a dar cumplimiento a los pactos espurios celebrados a principios del año pasado. La eliminación del requisito de la residencia previa se torna, ahora, irrelevante, frente al condicionante de la “representación geográfica” que, a título de sugerencia, se consagra en el texto legal. Los integrantes de los organismos de control siguen siendo designados a dedo, descartando la herramienta del concurso público previo destinado a la designación de los mejores. “Soria se murió, este es otro gobierno”, proclaman oscuros funcionarios de segundo rango, intentando justificar lo que no es otra cosa que la malversación política de la voluntad popular. El actual gobernador (heredero azaroso de una tragedia) y los demás voceros de la decadencia institucional, que se colgaron de los hombros de Carlos Soria para acceder a los cargos que hoy detentan, no trepidan desde el 1 de enero del 2012 en violar una y otra vez la palabra empeñada, los rumbos elegidos y las políticas comprometidas por quien fue el único destinatario de la voluntad de cambio, expresada por los rionegrinos en las elecciones de septiembre del 2011. ¿A la coherencia de los principios? Menos. Todos recordarán que el ahora gobernador estuvo negociando con el régimen radical en retirada la posibilidad de integrar la fórmula de la Concertación, hasta el momento en que recibió la propuesta de ser el vicegobernador de Carlos Soria. Como decía Groucho Marx, “Estas son mis ideas, si no les gustan, acá tengo otras”. Y ese pensamiento camaleónico que guía desde siempre su accionar político lo llevó a aferrarse al Frente para la Victoria como aliado, en el convencimiento de que así se acrecentaban sus posibilidades electorales. Y a partir del triunfo de septiembre del 2011, comenzó a recordar y a declamar, una y otra vez, la corrupción de los sucesivos gobiernos radicales, olvidando que la misma ya se había consumado y los rionegrinos ya llevaban años de indignidad y desgobierno, cuando los candidatos de su partido se intercalaron con los radicales en la Alianza sin destino que habían decidido conformar. Así se nos pretende gobernar. Sin apego a la ley, sin respeto por la voluntad popular y sin principios ni coherencia. El único apego que tiene el actual gobernador es a su proyecto político personal, que sólo conoce de conveniencias e intereses individuales (los suyos) a los que privilegia, como siempre, por sobre el interés del conjunto. En septiembre del 2011 los rionegrinos, agobiados por 28 años de régimen radical, votaron esperanzados por una mayoría sustantiva la impostergable necesidad de un cambio transformador en nuestra provincia. Hoy advertimos, con desazón e impotencia, que la administración provincial constituye un claro ejemplo de “más de lo mismo”. Y cuando esto sucede, un recurrente escenario de postergación e indignidad aparece en el futuro de nuestra provincia. Carlos Alberto Gadano Roca


A la ley, no. Él mismo lo reconoció (más allá de tardíos y mezquinos desmentidos) cuando, de manera impropia, pretendió influir en la decisión de los magistrados intervinientes en una causa penal en la que estaban involucrados menores de edad. “No hay que apegarse tanto a la ley” fueron sus patéticas palabras dirigidas, no sólo a intervenir ilegalmente en cuestiones propias del Poder Judicial, sino a propiciar soluciones contrarias a la obligación del Estado de promover políticas para quienes no han llegado a la mayoría de edad. Y este disparate doble lo concretó a partir del consejo o sugerencia de “violar la ley”. Que de eso se trata la expresión del gobernador provincial. Si la máxima autoridad de nuestra provincia pretende condicionar a los integrantes de otro poder, sugiriendo que la solución a un problema acuciante es la violación a la ley, los rionegrinos estamos en evidentes problemas. Si se propicia el “no apego a la ley” o, lo que es lo mismo, se fomenta su violación, nada nos tiene que extrañar que, por ejemplo, florezcan las incompatibilidades de funcionarios políticos o electivos que engrosan escandalosamente sus bolsillos con abultados ingresos por diestra y siniestra. ¿Al cumplimiento de las promesas preelectorales? Tampoco. La conformación del Superior Tribunal de Justicia con tres miembros, la eliminación del requisito constitucional de residencia previa para la designación de magistrados y funcionarios judiciales y la utilización del concurso público para la cobertura de las vacantes de los organismos de control constituyen muestras palmarias del desvío de las políticas públicas en relación al compromiso contraído en tiempos preelectorales. El STJ se compone ahora de cinco miembros, gracias al proyecto personal del gobernador enderezado a dar cumplimiento a los pactos espurios celebrados a principios del año pasado. La eliminación del requisito de la residencia previa se torna, ahora, irrelevante, frente al condicionante de la “representación geográfica” que, a título de sugerencia, se consagra en el texto legal. Los integrantes de los organismos de control siguen siendo designados a dedo, descartando la herramienta del concurso público previo destinado a la designación de los mejores. “Soria se murió, este es otro gobierno”, proclaman oscuros funcionarios de segundo rango, intentando justificar lo que no es otra cosa que la malversación política de la voluntad popular. El actual gobernador (heredero azaroso de una tragedia) y los demás voceros de la decadencia institucional, que se colgaron de los hombros de Carlos Soria para acceder a los cargos que hoy detentan, no trepidan desde el 1 de enero del 2012 en violar una y otra vez la palabra empeñada, los rumbos elegidos y las políticas comprometidas por quien fue el único destinatario de la voluntad de cambio, expresada por los rionegrinos en las elecciones de septiembre del 2011. ¿A la coherencia de los principios? Menos. Todos recordarán que el ahora gobernador estuvo negociando con el régimen radical en retirada la posibilidad de integrar la fórmula de la Concertación, hasta el momento en que recibió la propuesta de ser el vicegobernador de Carlos Soria. Como decía Groucho Marx, “Estas son mis ideas, si no les gustan, acá tengo otras”. Y ese pensamiento camaleónico que guía desde siempre su accionar político lo llevó a aferrarse al Frente para la Victoria como aliado, en el convencimiento de que así se acrecentaban sus posibilidades electorales. Y a partir del triunfo de septiembre del 2011, comenzó a recordar y a declamar, una y otra vez, la corrupción de los sucesivos gobiernos radicales, olvidando que la misma ya se había consumado y los rionegrinos ya llevaban años de indignidad y desgobierno, cuando los candidatos de su partido se intercalaron con los radicales en la Alianza sin destino que habían decidido conformar. Así se nos pretende gobernar. Sin apego a la ley, sin respeto por la voluntad popular y sin principios ni coherencia. El único apego que tiene el actual gobernador es a su proyecto político personal, que sólo conoce de conveniencias e intereses individuales (los suyos) a los que privilegia, como siempre, por sobre el interés del conjunto. En septiembre del 2011 los rionegrinos, agobiados por 28 años de régimen radical, votaron esperanzados por una mayoría sustantiva la impostergable necesidad de un cambio transformador en nuestra provincia. Hoy advertimos, con desazón e impotencia, que la administración provincial constituye un claro ejemplo de “más de lo mismo”. Y cuando esto sucede, un recurrente escenario de postergación e indignidad aparece en el futuro de nuestra provincia. Carlos Alberto Gadano Roca

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