La AFIP y la Corte

De existir motivos genuinos para sospechar que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y miembros de su familia son evasores impositivos, la AFIP tiene pleno derecho a investigarlos, pero sucede que es tan mala la reputación que ha adquirido el organismo encabezado por Ricardo Echegaray que es razonable suponer que las denuncias en tal sentido que ha formulado el juez tienen más que ver con el esfuerzo kirchnerista por desprestigiar el Poder Judicial que con su presunto deseo de combatir lo que para muchos es “el deporte nacional” por antonomasia. Si bien exagera el radical Mario Barletta cuando dice que “el kirchnerismo transformó el órgano recaudador en una especie de Gestapo” –sus funcionarios no son torturadores o asesinos como eran los temibles represores nazis–, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca ha vacilado en aprovechar la información que le ha aportado para castigar a sus enemigos políticos y, desde luego, para persuadir a quienes no tienen todo en regla con que les convendría ahorrarse dificultades apoyándola. Mientras que, en Estados Unidos, su homólogo Barack Obama reaccionó frente a denuncias según las cuales el IRS, la versión estadounidense de la AFIP, inspeccionaba con celo excepcional las finanzas de organizaciones consideradas conservadoras señalando que “no hay lugar para eso y los responsable tienen que ser hallados, porque el IRS, como una agencia independiente, requiere integridad absoluta y la gente debe tener confianza en que están aplicando las leyes de una forma no partidista”, en nuestro país los simpatizantes del gobierno kirchnerista se mofan de los principios así reivindicados, lo que puede entenderse ya que Cristina misma los desprecia hasta tal punto que, en una ocasión, echó mano a datos proporcionados por la AFIP para incomodar, por la cadena nacional de radio y televisión, a un empresario inmobiliario que se había animado a quejarse por el impacto devastador en su negocio del cepo cambiario. La evasión impositiva es un problema muy grave que a través de los años ha contribuido mucho a frenar el desarrollo del país, de suerte que es positivo que la AFIP, merced al progreso de la informática, esté en mejores condiciones de combatirla que en el pasado. Sin embargo, la politización del organismo, como el blanqueo que el gobierno ha improvisado con la esperanza de conseguir más dólares, no ayudará del todo a convencer a los habituados a mantener oculto el estado de sus finanzas de que deberían colaborar con las autoridades. Antes bien, les ha brindado un pretexto adicional para negarse a hacerlo. Para justificar su conducta, los evasores suelen afirmar que los gobiernos no sólo gastan mal el dinero aportado por los contribuyentes sino que también son tan corruptos que lo roban, de ahí su resistencia a permitir que los funcionarios de turno sigan amasando patrimonios personales enormes. Puede que Echegaray y sus colaboradores no lo entiendan, pero la politización de una entidad supuestamente independiente es de por sí una forma de corrupción y por lo tanto es contraproducente. Parecería que el gobierno es consciente de que el presunto hostigamiento de Lorenzetti podría perjudicar al oficialismo en la campaña electoral que acaba de entrar en una nueva fase, razón por la que ciertos estrategas están procurando atribuir las denuncias del magistrado a una serie de malentendidos desafortunados, pero otros kirchneristas están resueltos a intensificar la ofensiva contra la Corte Suprema, de ahí el proyecto de ley apadrinado por dos ultras, Carlos Kunkel y Diana Conti, para quitarle el manejo del presupuesto del Poder Judicial, entregándolo al Consejo de la Magistratura que en su opinión es más dúctil. Desde el punto de vista de la Corte, de concretarse la iniciativa “se podría producir una paralización del Poder Judicial” por tener dicho Consejo “una estructura típicamente parlamentaria alejada de la agilidad y la celeridad” que considera indispensable. Huelga decir que la eventual “paralización” del Poder Judicial no motivaría demasiada preocupación entre los kirchneristas, ya que podrían aprovecharla para redoblar sus esfuerzos por privarlo de la autonomía que en teoría tiene “democratizándolo”, es decir politizándolo, objetivo éste que para Cristina y sus allegados es prioritario.