Tiro por la culata

Puede que, desde el punto de vista del gobierno, la variante del “estilo K” adoptada por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno haya funcionado bastante bien al permitirle intimidar a los empresarios y financistas locales, pero no cabe duda de que han resultado contraproducentes los intentos por emplear la misma metodología en otras partes del mundo. Por extraño que les parezca a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus colaboradores, los juristas norteamericanos no suelen dejarse conmover por las bravuconadas de nuestros funcionarios, razón por la que en el fallo que acaba de difundir la Cámara de Apelaciones de Nueva York aludieron a las palabras belicosas pronunciadas por distintos integrantes del “equipo económico”, además de la voluntad manifiesta de la presidenta misma de desconocer cualquier decisión adversa al afirmar que nunca pagaría un solo dólar a los llamados fondos buitre. Basándose en la actitud desafiante así supuesta, la corte calificó de “un deudor recalcitrante único” a la Argentina, de tal modo contestando a quienes habían advertido que, de confirmarse el fallo anterior del juez Thomas Griesa, otros países como Grecia y Chipre no podrían “reestructurar” sus respectivas deudas, lo que provocaría problemas muy graves para el sistema financiero internacional. ¿Opinarán de otra manera los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso, no demasiado probable a juicio de los familiarizados con el sistema judicial norteamericano, de que acepten intervenir en el asunto? Si bien la Cámara de Apelaciones ha dejado abierta tal alternativa, demorando por algunos meses una sentencia firme, sorprendería mucho que terminaran ratificando la postura intransigente que asumió el gobierno nacional por motivos de política interna. En los primeros años que siguieron al default que fue festejado, con irresponsabilidad apenas concebible, por casi todos los legisladores nacionales porque, imaginaban, el país había asestado un golpe demoledor contra una banda de especuladores foráneos insaciables, cuando no al capitalismo como tal, era posible negociar con los acreedores –muchos de ellos argentinos– sobre la base del planteo realista de que el Estado de un país que se hundía en una crisis terrible sencillamente no estaba en condiciones de pagar lo adeudado y que por lo tanto sería mejor llegar a un arreglo para compartir las pérdidas. Pero a partir de aquella etapa caótica mucho ha cambiado. Luego de los años de crecimiento “a tasas chinas” de la “década ganada”, el gobierno no puede argüir que la Argentina sigue siendo demasiado pobre como para honrar sus obligaciones; entre otras cosas, tratar de hacerlo significaría confesar que el triunfalista “relato” kirchnerista es sólo una fantasía. Por mucho tiempo el juez Griesa falló repetidamente a favor del gobierno kirchnerista. Cambió de actitud al darse cuenta de que la presidenta y otros voceros oficiales estaban más interesados en aprovechar políticamente el default y el proceso de “desendeudamiento” emprendido por el gobierno que en alcanzar un acuerdo razonable con los acreedores, se tratara de “buitres” o de asociaciones de jubilados alemanes, japoneses, italianos y, no lo olvidemos, argentinos. Asimismo, el que el gobierno kirchnerista se haya habituado a mofarse de los fallos del Ciadi y a confeccionar estadísticas económicas claramente falsas, ha convencido no sólo a los juristas de Estados Unidos y otros países, sino también a los dirigentes políticos, de que sería inútil pedirle actuar de buena fe. La reputación resultante ha sido tan mala que es lógico que los comprometidos con la ley y con el respeto por las normas internacionales, como los jueces de Nueva York, se hayan sentido constreñidos a reaccionar con dureza. Es de suponer que el gobierno y sus partidarios procurarán minimizar el impacto político del fallo de la Cámara de Apelaciones, atribuyéndolo a prejuicios ideológicos infames. Mientras la economía parecía destinada a continuar creciendo, la tesis patriotera según la que “el mundo” quería despojar a la Argentina de todo lo suyo funcionaba bien pero, al multiplicarse los problemas, son cada vez más los conscientes de que al país no le convendría del todo continuar desempeñando el papel de “rebelde” contra el orden internacional.


Puede que, desde el punto de vista del gobierno, la variante del “estilo K” adoptada por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno haya funcionado bastante bien al permitirle intimidar a los empresarios y financistas locales, pero no cabe duda de que han resultado contraproducentes los intentos por emplear la misma metodología en otras partes del mundo. Por extraño que les parezca a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus colaboradores, los juristas norteamericanos no suelen dejarse conmover por las bravuconadas de nuestros funcionarios, razón por la que en el fallo que acaba de difundir la Cámara de Apelaciones de Nueva York aludieron a las palabras belicosas pronunciadas por distintos integrantes del “equipo económico”, además de la voluntad manifiesta de la presidenta misma de desconocer cualquier decisión adversa al afirmar que nunca pagaría un solo dólar a los llamados fondos buitre. Basándose en la actitud desafiante así supuesta, la corte calificó de “un deudor recalcitrante único” a la Argentina, de tal modo contestando a quienes habían advertido que, de confirmarse el fallo anterior del juez Thomas Griesa, otros países como Grecia y Chipre no podrían “reestructurar” sus respectivas deudas, lo que provocaría problemas muy graves para el sistema financiero internacional. ¿Opinarán de otra manera los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso, no demasiado probable a juicio de los familiarizados con el sistema judicial norteamericano, de que acepten intervenir en el asunto? Si bien la Cámara de Apelaciones ha dejado abierta tal alternativa, demorando por algunos meses una sentencia firme, sorprendería mucho que terminaran ratificando la postura intransigente que asumió el gobierno nacional por motivos de política interna. En los primeros años que siguieron al default que fue festejado, con irresponsabilidad apenas concebible, por casi todos los legisladores nacionales porque, imaginaban, el país había asestado un golpe demoledor contra una banda de especuladores foráneos insaciables, cuando no al capitalismo como tal, era posible negociar con los acreedores –muchos de ellos argentinos– sobre la base del planteo realista de que el Estado de un país que se hundía en una crisis terrible sencillamente no estaba en condiciones de pagar lo adeudado y que por lo tanto sería mejor llegar a un arreglo para compartir las pérdidas. Pero a partir de aquella etapa caótica mucho ha cambiado. Luego de los años de crecimiento “a tasas chinas” de la “década ganada”, el gobierno no puede argüir que la Argentina sigue siendo demasiado pobre como para honrar sus obligaciones; entre otras cosas, tratar de hacerlo significaría confesar que el triunfalista “relato” kirchnerista es sólo una fantasía. Por mucho tiempo el juez Griesa falló repetidamente a favor del gobierno kirchnerista. Cambió de actitud al darse cuenta de que la presidenta y otros voceros oficiales estaban más interesados en aprovechar políticamente el default y el proceso de “desendeudamiento” emprendido por el gobierno que en alcanzar un acuerdo razonable con los acreedores, se tratara de “buitres” o de asociaciones de jubilados alemanes, japoneses, italianos y, no lo olvidemos, argentinos. Asimismo, el que el gobierno kirchnerista se haya habituado a mofarse de los fallos del Ciadi y a confeccionar estadísticas económicas claramente falsas, ha convencido no sólo a los juristas de Estados Unidos y otros países, sino también a los dirigentes políticos, de que sería inútil pedirle actuar de buena fe. La reputación resultante ha sido tan mala que es lógico que los comprometidos con la ley y con el respeto por las normas internacionales, como los jueces de Nueva York, se hayan sentido constreñidos a reaccionar con dureza. Es de suponer que el gobierno y sus partidarios procurarán minimizar el impacto político del fallo de la Cámara de Apelaciones, atribuyéndolo a prejuicios ideológicos infames. Mientras la economía parecía destinada a continuar creciendo, la tesis patriotera según la que “el mundo” quería despojar a la Argentina de todo lo suyo funcionaba bien pero, al multiplicarse los problemas, son cada vez más los conscientes de que al país no le convendría del todo continuar desempeñando el papel de “rebelde” contra el orden internacional.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora