Un choque previsible

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Como siempre sucede luego de producirse un nuevo accidente ferroviario, los voceros gubernamentales enseguida atribuyeron al maquinista el del sábado pasado en la estación Once, que dejó un centenar de heridos pero, por fortuna, ningún muerto. En otras circunstancias la explicación oficial sería convincente, pero sucede que trenes del Ferrocarril Sarmiento han chocado en tres ocasiones en los últimos 20 meses y podrían hacerlo nuevamente en cualquier momento. Así, pues, aun cuando fuera cuestión de un “error humano”, los encargados de la gestión de la línea –además, huelga decirlo, del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo– tendrían que compartir la responsabilidad por lo ocurrido, ya que les corresponde asegurar que los maquinistas sean plenamente capaces de cumplir sus funciones sin poner en riesgo la vida de los pasajeros. Es lo que miembros del gobierno se comprometieron a hacer después del desastre pavoroso, en la misma estación, del 22 de febrero del año pasado, en el que murieron 51 personas y más de 700 quedaron heridas, algunas de gravedad, pero parecería que a partir de entonces muy poco ha cambiado. Por el contrario, de acuerdo común, los trenes del Sarmiento siguen siendo tan precarios como antes y aún no se ha puesto en funcionamiento el sistema de señalamiento que, se prevé, reduciría los riesgos corridos por los usuarios. Que éste haya sido el caso no es motivo de sorpresa. A los kirchneristas les importa mucho menos la gestión que “el relato” que se basa en la noción de que todos los problemas se deben a la malignidad de personajes decididos a frustrar las iniciativas del gobierno nacional y popular. Es por eso que a menudo los “militantes” oficialistas brindan la impresión de creer que la eficiencia es un vicio neoliberal y que por lo tanto no tienen por qué prestar atención alguna a quienes los critican por su inoperancia serial ya que, en su opinión, sólo quieren desacreditarlos. Suponen que la mejor forma de “solucionar” problemas concretos consiste en politizarlos, cubriéndolos bajo una espesa capa de propaganda con el propósito de aprovecharlos. Es lo que trató de hacer el emblemático piquetero kirchnerista Luis D’Elía al achacar el accidente ferroviario más reciente al “sabotaje” preelectoral. Toman en serio la tesis de D’Elía el secretario de Seguridad Sergio Berni y otros funcionarios de mentalidad conspirativa que ven una mano negra detrás de todo acontecimiento que podría perjudicarlos. Sea como fuere, es paradójico que una fracción política que jura estar a favor del estatismo haya obrado incansablemente para inutilizar virtualmente todas las reparticiones estatales incluyendo, claro está, las vinculadas con el transporte ferroviario, cuyas deficiencias difícilmente podrían ser más patentes. Modificar esta lamentable situación no será del todo fácil. Para que el sistema ferroviario del cual tantos dependen funcione de manera adecuada serían necesarias inversiones cuantiosas que no vendrán a menos que las tarifas sean más realistas y una reorganización administrativa profunda que se vería resistida por empresarios, políticos y sindicalistas resueltos a defender sus propios intereses creados. También sería necesario el reemplazo de la cultura de la desidia rencorosa que se ha difundido en el país en el transcurso de los últimos años por una que dé prioridad al esfuerzo inteligente. Por razones que a esta altura deberían ser de dominio público, el gobierno no estará en condiciones de cambiar mucho, ya que es presa de una ideología voluntarista casera que privilegia “la lealtad” para con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encima de la idea de que los gobernantes de turno deben ponerse al servicio del bienestar ciudadano. ¿Serían capaces de hacerlo sus eventuales sucesores? Aunque todos los presuntos presidenciables y sus partidarios, conscientes de que el país ha sufrido una sobredosis de ideología, se afirman pragmáticos, son tan graves los problemas que tendrían que enfrentar que es legítimo temer que andando el tiempo ellos también caerán en la tentación de preferir soluciones propagandísticas aparentes a continuar impulsando las reformas que serían imprescindibles para que por fin la Argentina tenga servicios públicos menos precarios que los existentes.