Marcha atrás
Luego de ceder ante los reclamos policiales por miedo a que siguieran los saqueos en las llamadas zonas liberadas, los gobernadores de Entre Ríos y Chaco han decidido que, ya superada la emergencia, podrán dar marcha atrás, negándose a afrontar el aumento acordado porque, según ellos, fue fruto de una “extorsión”. Tendrán razón pero, como los industriales decimonónicos más duros, los mandatarios provinciales podrían decir lo mismo de virtualmente todos los aumentos conseguidos merced a medidas de fuerza sindicales. Aunque el motivo del cambio abrupto de actitud del gobierno entrerriano de Sergio Urribarri y del chaqueño de Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el que ha reemplazado pasajeramente al jefe de Gabinete nacional Jorge Capitanich, que está en ejercicio de licencia, tiene más que ver con los problemas económicos de sus jurisdicciones respectivas que con el disgusto que les ocasionó la rebelión policial, no quieren confesarlo porque se sienten obligados a minimizar la gravedad de la situación creada por la gestión desafortunada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si dispusieran de dinero suficiente, honrarían los acuerdos, por exagerados que les parezcan, pero sucede que casi todas las economías provinciales se encuentran al borde de la bancarrota. Otro problema se debe al efecto contagio; como es natural, los demás estatales reaccionaron frente a las “conquistas” policiales para pedir aumentos equiparables. Por estar tan sobredimensionado el sector público en casi todo el país, no habrá modo de satisfacerlos sin echar más nafta a la conflagración inflacionaria que tantos estragos ya ha provocado. Los acontecimientos ominosos del mes pasado dejaron en claro que los jefes de las fuerzas policiales de buena parte del país no están en condiciones de mantener la disciplina y que, fuera de la Capital Federal, los sueldos básicos cobrados por los efectivos son insoportablemente magros. Si bien fue condenable la forma de actuar elegida por los amotinados, pudo comprenderse la postura desafiante que asumieron. Mal que les pese a los gobernadores, no es razonable esperar que los uniformados cumplan con su deber a cambio de tres o cuatro mil pesos mensuales. La seguridad encabeza la lista de demandas de la sociedad, pero se resisten a pagar dignamente a los encargados de defender la vida y la propiedad de los ciudadanos, de ahí la perversa alianza coyuntural de policías y delincuentes que se forjó primero en Córdoba y, poco después, en las demás provincias del país. Por cierto, a menos que las autoridades reconozcan que es imposible combinar la disciplina profesional propia de fuerzas de seguridad con salarios reducidísimos, no habrá forma de impedir que los narcotraficantes y otros prohombres del crimen organizado, que sí siguen manejando mucho dinero que les permite asegurarse la colaboración no sólo de algunos jefes policiales sino también, según se ha denunciado, de políticos, funcionarios e incluso jueces, terminen sustituyendo al Estado, lo que tendría consecuencias nefastas para todos. Si bien los gobernadores actuaron bajo presión cuando accedieron a los reclamos policiales, a esta altura intentar anular los acuerdos que supuestamente pusieron fin a la crisis por estimar que el peligro ya ha pasado no contribuirá a mejorar la relación de la policía con las autoridades políticas o con la ciudadanía. Por el contrario, al sentirse víctimas de una burla cínica, muchos agentes creerán tener aún más motivos que antes para limitarse a hacer lo mínimo imprescindible. Desde su punto de vista, no son interlocutores confiables los gobernadores que, bajo diversos pretextos, están procurando salir del brete en que se metieron cuando temían verse frente a una situación de anarquía. Por lo tanto, muchos se sentirán tentados a reanudar las presiones, lo que ya están haciendo quienes celebran reuniones amenazadoras en lugares públicos, además de negarse a arriesgarse en el caso de que se produzcan disturbios. Puesto que todo hace prever que nos aguardan algunos años sumamente difíciles al proliferar los conflictos laborales, intensificarse la inflación y reducirse lo que todavía queda de la autoridad moral del gobierno de Cristina, al país no le convendría en absoluto que las fuerzas de seguridad trabajaran con tristeza, como es de suponer harán las de Entre Ríos, Chaco y otras provincias en apuros financieros.
Luego de ceder ante los reclamos policiales por miedo a que siguieran los saqueos en las llamadas zonas liberadas, los gobernadores de Entre Ríos y Chaco han decidido que, ya superada la emergencia, podrán dar marcha atrás, negándose a afrontar el aumento acordado porque, según ellos, fue fruto de una “extorsión”. Tendrán razón pero, como los industriales decimonónicos más duros, los mandatarios provinciales podrían decir lo mismo de virtualmente todos los aumentos conseguidos merced a medidas de fuerza sindicales. Aunque el motivo del cambio abrupto de actitud del gobierno entrerriano de Sergio Urribarri y del chaqueño de Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el que ha reemplazado pasajeramente al jefe de Gabinete nacional Jorge Capitanich, que está en ejercicio de licencia, tiene más que ver con los problemas económicos de sus jurisdicciones respectivas que con el disgusto que les ocasionó la rebelión policial, no quieren confesarlo porque se sienten obligados a minimizar la gravedad de la situación creada por la gestión desafortunada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si dispusieran de dinero suficiente, honrarían los acuerdos, por exagerados que les parezcan, pero sucede que casi todas las economías provinciales se encuentran al borde de la bancarrota. Otro problema se debe al efecto contagio; como es natural, los demás estatales reaccionaron frente a las “conquistas” policiales para pedir aumentos equiparables. Por estar tan sobredimensionado el sector público en casi todo el país, no habrá modo de satisfacerlos sin echar más nafta a la conflagración inflacionaria que tantos estragos ya ha provocado. Los acontecimientos ominosos del mes pasado dejaron en claro que los jefes de las fuerzas policiales de buena parte del país no están en condiciones de mantener la disciplina y que, fuera de la Capital Federal, los sueldos básicos cobrados por los efectivos son insoportablemente magros. Si bien fue condenable la forma de actuar elegida por los amotinados, pudo comprenderse la postura desafiante que asumieron. Mal que les pese a los gobernadores, no es razonable esperar que los uniformados cumplan con su deber a cambio de tres o cuatro mil pesos mensuales. La seguridad encabeza la lista de demandas de la sociedad, pero se resisten a pagar dignamente a los encargados de defender la vida y la propiedad de los ciudadanos, de ahí la perversa alianza coyuntural de policías y delincuentes que se forjó primero en Córdoba y, poco después, en las demás provincias del país. Por cierto, a menos que las autoridades reconozcan que es imposible combinar la disciplina profesional propia de fuerzas de seguridad con salarios reducidísimos, no habrá forma de impedir que los narcotraficantes y otros prohombres del crimen organizado, que sí siguen manejando mucho dinero que les permite asegurarse la colaboración no sólo de algunos jefes policiales sino también, según se ha denunciado, de políticos, funcionarios e incluso jueces, terminen sustituyendo al Estado, lo que tendría consecuencias nefastas para todos. Si bien los gobernadores actuaron bajo presión cuando accedieron a los reclamos policiales, a esta altura intentar anular los acuerdos que supuestamente pusieron fin a la crisis por estimar que el peligro ya ha pasado no contribuirá a mejorar la relación de la policía con las autoridades políticas o con la ciudadanía. Por el contrario, al sentirse víctimas de una burla cínica, muchos agentes creerán tener aún más motivos que antes para limitarse a hacer lo mínimo imprescindible. Desde su punto de vista, no son interlocutores confiables los gobernadores que, bajo diversos pretextos, están procurando salir del brete en que se metieron cuando temían verse frente a una situación de anarquía. Por lo tanto, muchos se sentirán tentados a reanudar las presiones, lo que ya están haciendo quienes celebran reuniones amenazadoras en lugares públicos, además de negarse a arriesgarse en el caso de que se produzcan disturbios. Puesto que todo hace prever que nos aguardan algunos años sumamente difíciles al proliferar los conflictos laborales, intensificarse la inflación y reducirse lo que todavía queda de la autoridad moral del gobierno de Cristina, al país no le convendría en absoluto que las fuerzas de seguridad trabajaran con tristeza, como es de suponer harán las de Entre Ríos, Chaco y otras provincias en apuros financieros.
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