Los pobres excluidos
Lo mismo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Axel Kicillof dice creer que tanto los pobres como los ricos quieren dólares por razones que tienen más que ver con lo que llama “la mentalidad argentina” que con la escasa confiabilidad del peso nacional. Así y todo, aunque el funcionario estrella del gobierno de Cristina ha llegado a la conclusión de que no le será dado curar a los acomodados de la extraña enfermedad mental que les atribuye, parece resuelto a proteger a los demás para que no se contagien. Será por eso que, a fin de mantener a la mayoría alejada de las casas de cambio o sus equivalentes, el gobierno las ha rodeado de obstáculos difícilmente superables. Según se informa, los deseosos de conseguir dólares para defenderse contra la inflación tendrán que contar con un ingreso mensual, en blanco, de por lo menos 7.200 pesos, lo que excluye automáticamente al grueso de los asalariados. Hacia fines del año pasado el ingreso promedio, conforme a las estadísticas oficiales, se aproximaba a 7.500 pesos, pero sólo el 20% se encontraba por encima del nivel así supuesto. Para más señas, la mitad de los trabajadores en relación de dependencia ganaba menos de 4.000 pesos mensuales. Y, para complicar todavía más el asunto, los aspirantes a obtener legalmente un puñado de dólares tendrían que cumplir una serie de trámites burocráticos antes de recibir el visto bueno de la AFIP que, como es su costumbre, podría aprovechar la información obtenida para hacerles la vida difícil a quienes confían más en la Reserva Federal estadounidense que en nuestro Banco Central. Se trata, pues, de una concesión simbólica a una minoría muy reducida de personas que, en muchos casos, ya se las habrán arreglado para ahorrar algo, a pesar de los esfuerzos denodados del gobierno kirchnerista por impedirlo, y de otro golpe brutal asestado a los pobres por quienes se aseveran sus amigos. Lo sepan o no académicos como Kicillof y políticos profesionales como el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, en nuestro país se cuentan por millones las amas de casa, trabajadores, jubilados y hasta dependientes de planes clientelistas que quisieran conseguir una cantidad mínima de dólares o euros, aunque sólo fueran diez o veinte, porque saben muy bien que se les viene encima un huracán inflacionario. Según Kicillof, la apertura discriminatoria que acaba de anunciarse es para beneficiar a “los que menos tienen”, pero a lo sumo podría interesar a unos pocos de ingresos que, de acuerdo con las deprimidas pautas locales, son lo bastante altos como para ubicarlos en la elite. El que haya una brecha enorme entre las intenciones declaradas de un funcionario como Kicillof y las consecuencias previsibles de lo que hace no debería motivar sorpresa. En países de cultura política populista, contradicciones de este tipo son normales. Cuando un gobierno toma medidas que benefician principalmente a la minoría adinerada, siempre dará a entender que ayudan a todos por igual. Es lo que ha ocurrido con la energía; como es notorio, desde hace años los más pobres han tenido que pagar el precio del mercado por garrafas de gas, mientras que para la clase media porteña el consumo ha sido subsidiado hasta tal punto que le cuesta una pequeña fracción de lo que abonaría en los países vecinos. Asimismo, nunca ha sido un secreto que los pobres financien las universidades públicas gratuitas a través de impuestos, por lo común indirectos, sin poder aprovechar personalmente lo que según generaciones de progresistas debería considerarse una gran conquista popular. Del mismo modo, un gobierno que se afirma igualitario acaba de tomar una medida que, en teoría, podría contribuir a apagar la sed de dólares –o de cualquier otra moneda fuerte– de un segmento mínimo de la clase media y alta pero que excluye a la mayoría abrumadora de los habitantes del país, presentándola como si fuera destinada a beneficiar a “los que menos tienen”. ¿Se trata de un alarde de hipocresía? Puede que no, ya que son tantos los militantes políticos que viven en su propio universo ideológico, el del “relato” kirchnerista, que es perfectamente posible que Kicillof y los camporistas que lo acompañan crean que la hipotética relajación del cepo cambiario servirá para que todos y todas se sientan aliviados.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 22 de enero de 2014
Lo mismo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Axel Kicillof dice creer que tanto los pobres como los ricos quieren dólares por razones que tienen más que ver con lo que llama “la mentalidad argentina” que con la escasa confiabilidad del peso nacional. Así y todo, aunque el funcionario estrella del gobierno de Cristina ha llegado a la conclusión de que no le será dado curar a los acomodados de la extraña enfermedad mental que les atribuye, parece resuelto a proteger a los demás para que no se contagien. Será por eso que, a fin de mantener a la mayoría alejada de las casas de cambio o sus equivalentes, el gobierno las ha rodeado de obstáculos difícilmente superables. Según se informa, los deseosos de conseguir dólares para defenderse contra la inflación tendrán que contar con un ingreso mensual, en blanco, de por lo menos 7.200 pesos, lo que excluye automáticamente al grueso de los asalariados. Hacia fines del año pasado el ingreso promedio, conforme a las estadísticas oficiales, se aproximaba a 7.500 pesos, pero sólo el 20% se encontraba por encima del nivel así supuesto. Para más señas, la mitad de los trabajadores en relación de dependencia ganaba menos de 4.000 pesos mensuales. Y, para complicar todavía más el asunto, los aspirantes a obtener legalmente un puñado de dólares tendrían que cumplir una serie de trámites burocráticos antes de recibir el visto bueno de la AFIP que, como es su costumbre, podría aprovechar la información obtenida para hacerles la vida difícil a quienes confían más en la Reserva Federal estadounidense que en nuestro Banco Central. Se trata, pues, de una concesión simbólica a una minoría muy reducida de personas que, en muchos casos, ya se las habrán arreglado para ahorrar algo, a pesar de los esfuerzos denodados del gobierno kirchnerista por impedirlo, y de otro golpe brutal asestado a los pobres por quienes se aseveran sus amigos. Lo sepan o no académicos como Kicillof y políticos profesionales como el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, en nuestro país se cuentan por millones las amas de casa, trabajadores, jubilados y hasta dependientes de planes clientelistas que quisieran conseguir una cantidad mínima de dólares o euros, aunque sólo fueran diez o veinte, porque saben muy bien que se les viene encima un huracán inflacionario. Según Kicillof, la apertura discriminatoria que acaba de anunciarse es para beneficiar a “los que menos tienen”, pero a lo sumo podría interesar a unos pocos de ingresos que, de acuerdo con las deprimidas pautas locales, son lo bastante altos como para ubicarlos en la elite. El que haya una brecha enorme entre las intenciones declaradas de un funcionario como Kicillof y las consecuencias previsibles de lo que hace no debería motivar sorpresa. En países de cultura política populista, contradicciones de este tipo son normales. Cuando un gobierno toma medidas que benefician principalmente a la minoría adinerada, siempre dará a entender que ayudan a todos por igual. Es lo que ha ocurrido con la energía; como es notorio, desde hace años los más pobres han tenido que pagar el precio del mercado por garrafas de gas, mientras que para la clase media porteña el consumo ha sido subsidiado hasta tal punto que le cuesta una pequeña fracción de lo que abonaría en los países vecinos. Asimismo, nunca ha sido un secreto que los pobres financien las universidades públicas gratuitas a través de impuestos, por lo común indirectos, sin poder aprovechar personalmente lo que según generaciones de progresistas debería considerarse una gran conquista popular. Del mismo modo, un gobierno que se afirma igualitario acaba de tomar una medida que, en teoría, podría contribuir a apagar la sed de dólares –o de cualquier otra moneda fuerte– de un segmento mínimo de la clase media y alta pero que excluye a la mayoría abrumadora de los habitantes del país, presentándola como si fuera destinada a beneficiar a “los que menos tienen”. ¿Se trata de un alarde de hipocresía? Puede que no, ya que son tantos los militantes políticos que viven en su propio universo ideológico, el del “relato” kirchnerista, que es perfectamente posible que Kicillof y los camporistas que lo acompañan crean que la hipotética relajación del cepo cambiario servirá para que todos y todas se sientan aliviados.
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