Bariloche: procesan a exfuncionarias por no denunciar abuso infantil

REGIONALES

El juez de Instrucción Ricardo Calcagno procesó por el delito de incumplimiento y omisión de los los deberes de funcionario público a las dos responsables del hogar Caina para niños -durante la gestión de Ernesto Paillalef- donde se cometieron abusos sexuales de menores internados hacia otros chicos.

El magistrado procesó a Guillermina Petit de Meurville, entonces directora del Caina e Irene Juana Lamuniere, exdelegada de Desarrollo Social provincial al considerar que su conducta y omisión en tomar medidas ante graves hechos en el hogar de niños incurre en un delito.

Según informó el Poder Judicial, se les imputa “haber omitido deliberadamente llevar adelante medidas correspondientes para evitar graves irregularidades en la institución a su cargo tales como distintos tipo de abusos sexuales cometidos por niños internados en el lugar hacia otros niños de menor edad allí alojados”.

Los hechos señalan haber “omitido la realización de denuncia penal de los hechos acontecidos y no comunicar los mismos a los defensores de Menores en tiempo y forma”. Además del “incumplimiento del horario de trabajo y presencias en el hogar preestablecidas” y “hacer caso omiso a los reiterados pedidos de los docentes de la escuela a la que concurren los niños afectados, quienes anoticiaban de falta de higiene, pediculosis, frio y hambre de los nenes”.

La causa se inicia por una denuncia de una docente de un establecimiento escolar al que concurren niños internados en el hogar Caina a raíz del relato de una nena que concurre a tercer grado. Según la denuncia “la niña habría sufrido abusos sexuales por parte de niños mayores internados en la misma institución al tiempo que detallaba distintos maltratos sufridos en la institución”.

La docente agregó que los niños iban a la escuela en malas condiciones de higiene, con pediculosis, desabrigados y con hambre.

Previo al informe de situación fue elevado a la Supervisión de Escuelas, siguiendo el protocolo pero al no obtener respuesta se efectuó la denuncia penal.

Según la causa judicial, los operadores del Caina al declarar ante el juez “coincidieron y ratificaron los detalles de las situaciones denunciadas por la docente, consignando que cada uno de ellos lleva un registro, -cuaderno-, donde se anotan las novedades y debe ser leído por las autoridades” y agregaron que siempre les pidieron “confidencialidad en estos casos”.

Señala el expediente que la niña que efectuó el relato de la situación ante su docente, luego de la investigación se comprobó que varios de los niños internados en el hogar “han sido víctimas de abuso sexual por parte de niños mayores”.

En el marco de la investigación se secuestró documentación y los chicos declararon ante Cámara Gesell con la intervención del psicólogo infantil quien concluyó que “no se detectó fabulación por parte de los niños”.

Ambas imputadas al momento de prestar declaración indagatoria fueron asistidas por la abogada Natalia Araya quien apeló la resolución del juez.

El juez Calcagno consideró “acreditada no solo la materialidad del hecho enrostrados sino la autoría responsable de ambas” imputadas. Señaló que las funcionarias prescindieron de la ley como si no existiera.

Agregó que la directora del hogar “fue puesta en conocimiento por los menores víctimas y por los propios operadores de lo ocurrido” y que “sabía que otro niño ejercía actos de connotación sexual, sin perjuicio de la edad del mismo, y aun así no solo omitió denunciar los hechos como funcionaria obligado legalmente a ejercer este acto sino que hasta minimizó los hechos narrados por una de las nenas e intentó que los operadores, docentes y empleados no denunciaran el hecho”.

Por las declaraciones de las operadoras del propio hogar que dijeron haber sido testigos de “los comentarios” que le hicieron los menores a la directora, indicaron que la respuesta era “en algunos casos que se trataba de juegos de niños”.

De los informes recibidos por parte de los defensores de menores, el juez tomó en cuenta que no fueron comunicados de los hechos de abuso ocurridos en el hogar a pesar de que estos funcionarios son quienes “velan por las víctimas en expedientes judiciales en que se encuentran involucrados”.

Respecto a Lamuniere se considera también responsable por ser superior jerárquica de Petit, como delegada de Desarrollo Social y que tiene la “obligación de denuncia cualquier conducta delictiva, entendiendo que comprendido la gravedad del hecho y sus efectos en menores judicializados y en semejante estado de victimización, nada hizo”.

rionegro.com.ar con información de DeBariloche