“Serias deficiencias” en el Fondo para Viviendas

Fondo APEL

El Tribunal de Cuentas ratificó las “serias deficiencias” en el manejo del Fondo para Viviendas, que administraba el gremio legislativo, precisando que esos recursos fueron destinados a “fines no autorizados”, como la compra de dólares, y no se pudo constatar que las ventas “se hayan sido suscriptos” con legislativos.

El órgano de control evalúa las rendiciones del Fondo que derivó la Legislatura cuando detectó irregularidades mientras el juez penal Fabio Igoldi instruye una causa penal.

Concluye que las “serias deficiencias en el manejo administrativo del Fondo” no ha permitido “distinguir y diferenciar los bienes integrantes del mismo con los bienes propios del gremio administrador”.

Recientemente, el Tribunal -que preside Erika Acosta- concluyó un segundo informe del uso que APEL realizó del Fondo de Viviendas en tres años. En este caso, el período auditado comprende de agosto del 2010 a marzo de 2013, consignándose que el gremio legislativo -que conduce Alejandro Gatica- recepcionó casi 4 millones pesos, considerando 1.409.133 pesos por transferencias del Poder Legislativo (2% de contribuciones por haberes) y 2.535.500 pesos por “concepto de anticipo y pago de cuotas” de la venta de lotes.

La organización sindical compró para el loteo un predio de 12 Ha por 9.012.000 pesos, pagaderos en 30 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 300.400 pesos”.

Además, el Tribunal consigna la existencia de registros de la “inversión de 700 mil pesos para la compra de 170.731 dólares”.

El Fondo fue creado en el 2010 para la compra o construcción de viviendas, y el otorgamiento de créditos para los empleados de la Legislatura, administrado por APEL. Se conforma con el 2 % de los sueldos del personal legislativo, sin retención de los haberes, constituyendo un aporte directo del Estado, por lo cual, se entiende que su administración se encuadra en los controles públicos.

La auditoría reiteró que las rendiciones de APEL llegaron con “20 meses de atraso” y confirman la “escasez de documentación inherente”, que “permita examinar de manera suficiente la relación de ingresos y egresos”. Insiste en la “insuficiente rendición” de parte de APEL, como había ocurrido en la primer auditoría.

Afirmó que “ciertamente se pudo verificar” que APEL “utilizó recursos del Fondo para fines no autorizados, como la operación de compra de dólares” mientras “cuestiona la compra directa”, expresando que “no obran constancias que permitan tener por acreditada la razonabilidad de los precios pagados, ni remitos que certitifiquen la recepción de las mercaderías”.

También se detectó que faltan “contratos de obra, que den sustento factico y jurídico a la salida de fondos informadas. Esta situación -expresan- se observa claramente en las erogaciones imputadas en concepto de “Refacción y Reparación y SUM”.

Tampoco pudo constatarse que las ventas “se hayan suscriptos” con legislativos y se afirma que algunos lotes “habrían sido objeto de más de una cesión de derechos de adjudicación”.

Así, la auditoría insiste que “fue imposible determinar de manera fehaciente el origen de los ingresos” que APEL “informa como depositados y registrados” como “compra terrenos” ya que el Tribunal no “tuvo acceso a listados” de los beneficiarios.

DeViedma