Mediadores ganarían menos y resisten una nueva ley

LEGISLATIVAS

La reforma de la ley de mediación judicial lleva un año y medio en la Legislatura, con el debate centrado y trabado en la modificación del esquema de honorarios de los mediadores.

La discusión está en la Comisión de Constitucionales, pero su presidenta, Tania Lastra, aclaró que el proyecto tendrá dictamen en agosto y que se tratará en el recinto. Admitió que aparecieron observaciones de los colegios de abogados y, por eso, se les otorgó un plazo hasta principios del mes próximo para evaluar esos aportes. «Con o sin ellos, en agosto habrá tratamiento», enfatizó la legisladora.

El proyecto fue elevado a la Legislatura en febrero del año pasado por el Superior Tribunal de Justicia, incorporando modificaciones a la ley de mediación judicial. Por ejemplo, esta norma establecía la obligatoriedad en su aplicación con un vencimiento, que se cumplió y se viene renovando con nuevas leyes específicas. Ahora, vence en setiembre, siempre considerando la obligación en los litigios que se aplica actualmente, como temas patrimoniales y de familia.

En la última reunión de Constitucionales, la discusión comprendió la participación del vocal del STJ, Enrique Mansilla y la directora de Mediación, Norah Aguirre, como también, miembros de los colegios de Abogados de Roca, muy críticos con la reforma. Después, Lastra afirmó que la comisión había requerido opinión a esas organizaciones pero se otorgaría un nuevo plazo para «incorporar nuevas sugerencias o propuestas».

El centro de la discusión de la iniciativa de 62 artículos se concentra en aquellos puntos relacionados con el pago a los mediadores, particularmente porque se modifica el mecanismo de la fijación de los honorarios. Además, otro aspecto importante es que los mismos serán abonados por el Estado provincial, lo cual se presenta -según los fundamentos del STJ- como un «acceso gratuito a la mediación pública» en los centros judiciales.

El sistema de retribución del mediador se modifica sobre el actual, que determina el honorario en base «al monto implicado en la controversia» y se «lo reemplaza por otra modalidad, basada en el pago por hora de trabajo y con incentivo por la obtención del acuerdo. El valor de la hora se fija en un porcentaje del JUS» (unidad judicial). Se establece en un 80% de un JUS por hora si hay acuerdo y del 60% si no hay acuerdo, con un máximo de 6 ó 4 horas a pagar, respectivamente. Esos parámetros equivalen actualmente a topes de algo más de $ 3.000 y $ 1.500, con o sin acuerdo, según un JUS actual de $ 640.

Por el contrario, actualmente existe una tabla según el monto del acuerdo, relacionado con una escala en MED (medida valor del mediador) que comienza en un honorario de $ 1.456 (8 MED de $182). Se puede llegar a 60 MED de retribución, que equivale a casi $ 11.000.

En el proyecto, el STJ considera que el nuevo «parámetro permite un adecuado contralor estatal del monto de la retribución y propicia el mejor ejercicio del arte de mediar». Obviamente, los abogados -mucho de ellos, también mediadores- no comparten ese criterio.

Simultáneamente, la nueva legislación determinación que el pago de esos honorarios «no estará a cargo de la población usuaria del servicio de mediación -en tanto instancia obligatoria-» sino que será «el Fondo de Financiamiento del sistema quien tome a su cargo esa retribución de esos profesionales». (AV)