Subsidios con efecto búmeran
Todo indica que el recorte del gasto público previsto por el gobierno de Mauricio Macri en este flamante 2016 provendrá mayormente de la quita o reducción gradual de los subsidios al consumo de electricidad y gas natural que durante el verano arrancará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En esa región las tarifas de distribución eléctrica están casi congeladas desde hace 12 años (son siete veces más bajas que en Río Negro, por ejemplo) y la factura bimestral promedio (unos 60 pesos) equivale al precio de un café con leche con medialunas. La idea oficial es triplicarlas o cuadruplicarlas para los sectores medios y altos en condiciones de pagarlas y establecer una tarifa social (de hasta 150 kWh mensuales gratuitos) para las familias de menores ingresos. Aún así, ese “tarifazo” no alcanzará a compensar el retraso de la última década. Con el mismo criterio también serán simplificadas y reajustadas las tarifas de gas natural, donde en el AMBA coexisten 24 precios diferentes por metro cúbico, según la categoría y consumo domiciliario. Pero se mantendrán los subsidios al transporte de pasajeros, que ubican el boleto mínimo de colectivo a $ 3 en la Capital Federal y el de trenes suburbanos a $ 2 en trayectos de hasta 30 kilómetros. Todavía falta bastante para determinar qué porcentaje del déficit fiscal (7% del PBI en 2015) podrá reducirse mediante este ahorro de subsidios a la energía. Para eso debería compensar con creces el sacrificio de ingresos por las bajas de impuestos ya dispuestas o previstas para reactivar la economía. De hecho, a menos de un mes de haber asumido, Macri eliminó casi todas las retenciones a la exportación, eximió al medio aguinaldo del pago de Ganancias y prometió para marzo una ley para actualizar el mínimo y las escalas del impuesto, retroactiva al 1º de enero. También acaba de reducir en 20 puntos los impuestos internos a los autos de mayor precio, al igual que para motos, embarcaciones y aeronaves. Y prorrogó además hasta fin de abril el reintegro de 5% vigente sobre las compras con tarjeta de débito de hasta $ 1.000, que ahora incluirá a los combustibles. El gasto público nacional, en cambio, sube porque las jubilaciones y salarios estatales están virtualmente indexados por la inflación anual que busca reducir. Antes de que arranque este debate, la política populista de subsidios masivos e indiscriminados que el gobierno kirchnerista aplicó durante años en la región con más votantes fue noticia por otros motivos. Por un lado, el histórico fallo por la tragedia ferroviaria de Once (que condenó a más de seis años de prisión a los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como a la cúpula de la empresa TBA, exconcesionaria del Ferrocarril Sarmiento) dejó al descubierto la trama de corrupción que implicó el manejo discrecional de fondos sin control, utilizados como “caja” política antes que para reacondicionar trenes obsoletos y mejorar el servicio a los pasajeros. Ahora también será citado a declarar el exministro y actual diputado Julio de Vido, para determinar su responsabilidad política. Por otro, los numerosos cortes de luz que en los últimos días de 2015 volvieron a afectar súbitamente (al igual que en los últimos veranos) a miles de usuarios en la Capital Federal y el GBA corroboraron que de poco sirve una tarifa regalada si el servicio eléctrico falta cuando más se lo necesita. Un año después de las 51 muertes de febrero de 2012 en la terminal de Once, donde nunca se hizo presente para acompañar a los familiares de las víctimas, Cristina Kirchner aceptó que el exministro Florencio Randazzo cortara por lo sano y renovara íntegramente casi todas las líneas ferroviarias suburbanas. La compra de apuro –y pago cash– de nuevos trenes chinos demandó un costo de casi 2.000 millones de dólares. Pero esa cifra resulta varias veces inferior a la dilapidada previamente en subsidios para que la gente viajara casi gratis pero hacinada y sin seguridad. Esos fondos se destinaron al pago de sueldos y contrataciones sospechosas en los talleres de los concesionarios. Sólo en los meses previos a las elecciones el servicio mejoró en confort pese a mantener una tarifa vergonzante. Hoy todos los subsidios al transporte (colectivos, trenes, ómnibus de larga distancia y Aerolíneas) implican un gasto equivalente a 11 millones de dólares diarios. En cambio, mejorar la red eléctrica del AMBA llevará años por más que vayan recomponiéndose las tarifas. A lo largo de la última década, el consumo de electricidad se multiplicó por cinco (sin que la oferta lo acompañara), debido al auge de la construcción, que transformó casas particulares en edificios de varios pisos y de ventas de electrodomésticos, con los acondicionadores de aire en los primeros puestos. La infraestructura mejoró poco y nada, ya que los ingresos por tarifas sólo alcanzaban para inversiones básicas en mantenimiento y luego ni para pagar salarios. Esta política de subsidios masivos en el AMBA no permitió mejorar el ingreso (como proclamaba el kirchnerismo) porque, con una inflación de dos dígitos anuales, fueron contrarrestados por subas de precios en otros bienes y servicios. Y desvirtuó un poco más el federalismo, no sólo porque en el resto del país los usuarios pagan tarifas eléctricas más altas y mucho menos subsidiadas. También porque igual sufren la mayor inflación y presión impositiva provocados por el déficit fiscal y la emisión de pesos para cubrirlo, que no es coparticipable. En este sentido, un estudio elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE) muestra datos sorprendentes. Durante la última década, los subsidios a la energía pasaron del equivalente a 0,2% del PBI en 2005 al 2,9% en 2014. Y, como proporción del gasto primario nacional, del 1,5% a nada menos que el 12,3% del total. Esta política es socialmente inequitativa, ya que beneficia mayormente a usuarios de ingresos medios-altos y sólo al 8% de los más pobres. En la comparación regional, un usuario residencial del AMBA paga una tarifa eléctrica 17 veces menor que en Chile y una industria radicada en Argentina 16 veces menos que una industria en Brasil. La contrapartida fue el deterioro del servicio: el número de reclamos anuales por cortes pasó de 53.300 en 2008 a 196.700 en 2012, último dato oficial disponible. El sociólogo, economista y exministro Juan José Llach fue más allá en un reportaje con el diario “La Nación”, al incluir en la lista de subsidios algunos que ya quedaron eliminados de hecho, como las ventas de dólares ahorro, turista y futuro, que estimó en más de 75.000 millones de pesos en beneficio de los sectores más pudientes de la población. Y concluye que, si a ello se agrega una reducción de 84.000 millones de pesos anuales en los subsidios energéticos a esos mismos segmentos, la suma equivaldrá a seis años de pagos de la Asignación Universal por Hijo.
Opiniones
Néstor O. Scibona – nestorscibona@gmail.com (Especial para “Río Negro”)
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