Esperan una definición política por la tarifa social eléctrica
La CEB cuestiona la ineficiencia del Estado para resolver el problema que hay en las tomas. El municipio recibe las facturas de luz.
Esperan una definición política por la tarifa social eléctrica
El costo de la electricidad que consumen las familias asentadas en las tomas todavía es facturado por la CEB a precio estándar, ya que -a pesar de las gestiones y las promesas- nunca llegó la autorización de la secretaría de Energía de la Nación para aplicarles la “tarifa social”.
Esos consumos son medidos con el empleo de “tableros comunitarios” y trasladados al municipio. Si se pudiera aplicar la rebaja prevista para las familias de bajos ingresos, la factura se reduciría en alrededor de dos tercios.
El presidente de la CEB, Rodolfo Rodrigo, admitió que el planteo ya fue formulado en marzo pasado, cuando empezaron a trabajar con el nuevo cuadro tarifario, que incluyó subas promedios del 100%. Dijo que la decisión corresponde a la Nación pero debe intermediar la provincia y en definitiva se trata de “una decisión política”.
Rodrigo informó que el lunes próximo tiene programada una reunión de amplio temario con autoridades del EPRE y aprovechará para reiterar el pedido.
Dijo que la siempre conflictiva provisión eléctrica en las tomas representa una “situación fronteriza”, pero estimó que califican para acceder al beneficio. “Cada vez comprendo menos la tremenda ineficacia que tiene el Estado para resolver algunas urgencias”, dijo el titular de la CEB.
El ordenamiento del tema depende también de un relevamiento que fue encargado al municipio y que no se realizó hasta ahora por la escasez de personal.
La presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Laura Zannoni, dijo que la CEB les encomendó la tarea de documentar casa por casa cuántos artefactos eléctricos tienen y cuánta energía consumen las cientos de familias asentadas en las tomas.
“Es un tema de abordaje territorial, pero sinceramente nos supera. Tenemos sólo cinco personas para todos los programas del Instituto, y no se puede -dijo Zannoni-. Necesitaría 15 ó 20 trabajadores sociales y un mes de plazo para cumplir con el informe que nos piden”.
El objetivo de relevar los consumos eléctricos es chequear que no haya derroches, ya que ese dato es indispensable para lograr la tarifa social. Pero ocurre que muchas viviendas tienen calefacción, horno y calefón eléctricos, justamente porque no corren con el costo sino que lo absorbe el municipio.
Zannoni dijo que sólo por las tomas 29 de Septiembre y Mocciola el Instituto de Tierras y Viviendas recibe facturas mensuales que rondan los 200 mil pesos. Pero dijo saber que el municipio paga otros consumos que recibe por vía distinta.
El proyecto de la funcionaria es firmar convenios con los habitantes de las tomas para “regularizar” las conexiones eléctricas, eliminar situaciones de riesgo y que ellos mismos asuman el costo del servicio. Dijo que ya comenzaron a “hablarlo”, pero les cuesta avanzar porque “lógicamente hay resistencias”.
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