A casi cuatro años, los saqueos en Changomas sin responsables
El 20 de diciembre de 2012 el país entero se asombró de las incursiones que después se multiplicaron en el país y obligaron a la intervención de Gendarmería.
Las imágenes de decenas de personas con televisores led bajo el brazo saliendo del supermercado Changomas la mañana del 20 de diciembre de 2012 dieron la vuelta al país en pocos minutos. Bariloche se transformó en la postal de los saqueos, que generaron una crisis política e institucional, que derivó en la debacle del entonces intendente del FpV Omar Goye. Los saqueos se replicaron en otras ciudades del país y obligaron al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a enviar tropas de Gendarmería a esta ciudad para recuperar el control y restaurar la seguridad.
Funcionarios del gobierno provincial salieron a reclamar a los cuatro vientos que se identifique y castigue a los culpables.
La investigación avanzó los primeros días a un ritmo vertiginoso. Se multiplicaron los allanamientos en decenas de viviendas de la ciudad aunque en la mayoría sólo recuperaron alimentos, artículos de limpieza y algunos electrodomésticos. Hallaron muy pocos televisores. Casi 40 automotores que fueron usados para cargar elementos robados durante los saqueos, fueron secuestrados.
La causa principal estuvo a cargo del entonces agente fiscal Eduardo Fernández durante la etapa de instrucción. También intervino algunas semanas el fiscal Guillermo Lista. Desde el poder político reclamaron la cabeza de los autores intelectuales de los saqueos. Pero la investigación nunca avanzó hacia algún dirigente político de peso.
Decenas de personas participaron de los saqueos y destrozos en el Changomas. Pero los cañones apuntaron hacia cinco personas: Miguel “El Mohicano” Mansilla y José Paredes, que eran los líderes de la Cooperativa 1 de Mayo, la pareja de Mansilla, Catalina Lineros, Giselle Poblete y Haydeé Grande. Después, la fiscalía avanzó con otras imputaciones contra personas que fueron filmadas en los saqueos de otros comercios y que terminaron en causas colaterales.
El juez Ricardo Calcagno ordenó que Mansilla sea detenido a primera hora del domingo 13 de enero en su vivienda, junto con Lineros. Hubo un imponente despliegue policial para arrestarlos. También se detuvo esa mañana a Paredes, Poblete y Grande.
Crisis política
A finales de enero de 2013, el entonces juez penal de feria Martín Lozada hizo lugar a su pedido de prisión domiciliaria de las mujeres que reclamaban estar cerca de sus hijos pequeños.
Mientras, la situación política en la ciudad era insostenible y los pases de factura estaban a la orden del día. Goye había sido suspendido el 18 de enero en su cargo de intendente por el Consejo Municipal. El exintendente había caído en desgracia y Cristina había reclamado su cabeza. El municipio quedó en manos de la entonces presidenta del Concejo, María Eugenia Martini, que había llegado al poder de la mano de Goye.
Los defensores de los imputados presentaron recursos y lograron que Lozada autorice el regreso a Bariloche de Mansilla y Paredes que habían sido trasladados a Viedma. En Tribunales había pánico ante una posible protesta de los seguidores de Mansilla.
Liberados
El 14 de septiembre de 2013, el juez Marcos Burgos, que había tomado la causa de los saqueos luego de que apartaran a Calcagno, ordenó excarcelar a los imputados tras 8 meses de detención. Algunas versiones indicaron que hubo presiones desde el gobierno provincial para que fueran liberados porque el caso había cosechado adhesiones de numerosos organismos de derechos humanos a nivel nacional.
La causa estuvo casi paralizada hasta los primeros días de junio de 2014 cuando el agente fiscal Sergio Pichetto pidió a Burgos la elevación a juicio de la causa. El juez meditó la decisión hasta el 12 de noviembre de 2014, cuando cerró la instrucción y elevó la causa a juicio.
Pichetto, que no fue el fiscal de la instrucción, elaboró la requisitoria de elevación a juicio, pero los fiscales de Cámara Carlos López, primero, y Martín Lozada, después, plantearon su desacuerdo con la requisitoria. Sin respaldo, Pichetto pidió insólitamente en septiembre de 2015 la nulidad de su propio requerimiento de elevación a juicio.
En octubre de 2015, los jueces de la Cámara Criminal Segunda, Gregor Joos, Héctor Leguizamón Pondal y César Lanfranchi, declararon la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio por los errores que advirtieron en el hecho atribuido a los acusados de los saqueos en el Changomas. Y rechazaron el pedido de sobreseimiento de los imputados.
La causa volvió al juez Burgos, que recibió el expediente a principios de octubre, informaron en Tribunales. El magistrado le envió el expediente a la fiscal Alejandra Bartolomé para que elabore una nueva requisitoria de elevación a juicio contra los cinco imputados que esperan desde hace casi cuatro años una definición de su situación.
La abogada Marina Schifrin que defiende a los cinco acusados presentó un recurso el 13 de septiembre de 2013 que permitió la liberación de los imputados. Son los únicos procesados en causas por saqueos en Bariloche que estuvieron ocho meses presos. “Esta causa se tiene que cerrar con un sobreseimiento para todos”, opinó Schifrin. Dijo que el Estado “tuvo todas las oportunidades para perseguir a los imputados y la acusación se cayó”.
Sostuvo que “el proceso penal no puede ser infinito”. “Es una causa donde no saben qué hacer”, afirmó. Y opinó que ningún juez ni funcionario se animó a sobreseer a los imputados “porque es una causa política y no quieren ceder”. Schifrin reclamó el sobreseimiento de los cinco imputados hasta en el STJ, que rechazó los planteos.
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