Entrevista: las medidas urgentes

P-Juez Maximiliano Camarda, ¿cuáles son las primeras medidas que se ponen en marcha tras una denuncia de abuso infantil, desde la Justicia?

R- Los jueces ya no están facultados para actuar de oficio, por lo que las primeras medidas de resguardo y producción de la víctima y de la prueba corresponden a la fiscalía. De todos modos, cuando un caso de abuso sexual se denuncia en una comisaría, la Policía aún dispone la inmediata comunicación al juez de turno. En esos casos, además de remitir la información a la fiscalía, desde el juzgado se dispone la revisión médica inmediata de la víctima. Si se trata de un menor de edad, se solicita la intervención de un médico pediatra.

P-¿Cuáles son las acciones de protección si la víctima convive con el abusador?

R- Si bien las medidas dependen de lo que solicite y fundamente la fiscalía, en los casos de flagrancia o de gravedad evidente se ordena la detención de la persona, con lo cual el resguardo de la víctima queda garantizado Luego, si la persona imputada no se encuentra detenida, lo más habitual es ordenar una exclusión del hogar y/o una prohibición de acercamiento. Si la víctima, la defensoría de menores o la fiscalía lo requieren, también puede ordenarse una custodia policial.

P- ¿La Cámara Gesell se realiza de manera inmediata?

R- Es una medida que debe cumplirse cuanto antes teniendo en cuenta los tiempos procesales necesarios para salvaguardar los derechos de ambas partes. Para fijarla también se tiene en cuenta la gravedad del hecho y cuándo ocurrió. Además, se debe evaluar si la víctima está en condiciones de declarar. Durante la realización de la Cámara Gesell es la psicóloga encargada de hacer la entrevista quien determina si la víctima está en condiciones mentales y emocionales de prestar su testimonio. En principio, la declaración en Cámara Gesell no se puede repetir, para evitar la revictimización. Sin embargo, pueden aparecer “hechos nuevos” con el avance de la investigación y en esos casos se hace necesario volver a escuchar a la víctima. Ante esas situaciones, se solicita un informe psicológico previo que verifique si una nueva declaración podría o no ser perjudicial para el niño/a o adolescente.