Adjudicatarios de las 270 Viviendas piden los títulos de sus casas

Adjudicatarios de las 270 Viviendas piden los títulos de sus casas

Los antiguos propietarios de viviendas de la barda del Ñireco, que hace cinco años fueron forzados a mudarse a un barrio del IPPV, todavía no lograron la titularidad de los nuevos inmuebles.

Se quejaron por diversas vías ante el Instituto y el Municipio y recién el último mes consiguieron que la empresa que construyó las casas complete los trámites para inscribir las viviendas en el catastro y avanzar con la escrituración.

En total son 28 familias las que vivían en una barranca donde se produjeron derrumbes en 2004 y que varios años después fue declarada de “daño temido”. Aun así, no eran ocupantes irregulares sino que tenían título legítimo de esos terrenos.

Por eso el municipio acordó con la provincia una operatoria sin antecedentes en el IPPV, por el cual fueron trasladados al barrio 270 Viviendas -inaugurado en 2012-, con el compromiso de que les sería reconocido un “canje” por su casa original, sin obligación alguna de pago.

Cindi Carrasco, una de las referentes del barrio, dijo que un mes atrás varios vecinos se alarmaron al recibir reclamos de deuda por parte del IPPV. En aquel momento lograron comunicarse con una funcionaria del organismo, quien les aseguró que “había existido un error”.

Días después aparecieron papeles aportados por la empresa Oriente Construcciones (que había entregado la obra hace ya cinco años) con los cuales se podrán definir las nomenclaturas catastrales y avanzar con los títulos de cada parcela.

Carrasco vive en las 270 Viviendas pero es adjudicataria con plan de cuotas. Sus padres, en cambio, eran propietarios en la barda del Ñireco y son de los que esperan una pronta solución.

Según Carrasco, a los vecinos que tenían título original de sus terrenos en la barda no les alcanza con el “certificado de cancelación” otorgado por el IPPV, según el cual no tienen deuda alguna.

Quieren también su nueva escritura cuanto antes, para lo cual se les anticipó que tendrán que afrontar un gasto administrativo de 5.000 pesos. “Necesitan la tranquilidad -explicó-, y también quieren disponer de la vivienda para herencia, transferencia o venta”.

El dato