Acusaron a López de liderar una asociación ilícita

La fiscalía y la querella acusaron a Rubén López y a otras seis personas, vinculadas la Obra Social y al Sindicato de la Fruta, como miembros de una asociación ilícita que desviaba fondos de ambas instituciones en perjuicio de sus afiliados y en beneficio de sus intereses personales. Luego de tres años de la denuncia, la parte acusatoria formuló los cargos contra el sindicalista que junto a otros tres imputados serían los líderes de la banda. Además se les concursó con el delito de administración fraudulenta. Con esta figura la pena para todos los casos es superior a tres años, por lo tanto no son excarcelables.

Además del expudiputado están acusados; su hermano Juan López, Juan Lescano y Marcelo Portiño como los líderes de la asociación ilícita, mientras que Marcos Bielma, Daniel Aliaga y Jaime Manquiepi como miembros y beneficiarios de las supuestas maniobras fraudulentas. Quedó pendiente la acusación para Silvia Weisser, expareja de Rubén López, quien no se presentó a la audiencia. La oficina judicial deberá fijar una nueva fecha para que se le den a conocer los cargos.

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La primera hora de la audiencia estuvo marcada por la presentación de cuestiones preliminares en las que la defensa intentó suspender la misma alegando que se habían vencidos los plazos y que la prórroga que se le otorgó a la Fiscalía meses atrás estaba vencida.

La jueza Florencia Caruso no hizo lugar a ninguno de los planteos de la defensa y le dio curso a la investigación. Ahora la parte acusadora tendrá cuatro meses para afinar su teoría del caso y sus pruebas para solicitar la audiencia de control de acusación donde se definirá si los imputados van a juicio o no.

El fiscal Guillermo Merlo se encargó de comunicarles a los acusados del delito por el cual serán investigados; asociación ilícita en concurso con administración fraudulenta. Además enumeró algunos de los hechos que habrían beneficiado económicamente a los acusados con fondos de los afiliados a la Obra Social y al Sindicato de la Fruta.

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Los cargos incluyen no haber presentado los balances contables ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y “maniobras defraudatorias” tales como la emisión de préstamos y cheques, el pago de salarios y horas extras a personas que no eran empleados de las entidades e irregularidades en la adquisición de un sanatorio en Allen “sin respaldo documental”.

Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron los fiscales Santiago Márquez Gauna y Guillermo Merlo. En representación de la querella el abogado Oscar Pandolfi. Los defensores son Pablo Agabios, Carlos Fernández y Hernán Pinolini.