Un proyecto radical propone estatizar los Registros del Automotor

La asignación a privados de los Registros de Automotor constituye una cuestionada decisión, por lo cual, un proyecto presentado en Diputados anticipa un fuerte debate ya que propone que los mismos vuelvan a la administración pública nacional.

La diputada radical Lorena Matzen es una de las autoras de la iniciativa, y en Río Negro figuran un total de 16 registros.

Se resalta que la “función que actualmente desempeñan los encargados titulares de registros” pasará a un “funcionario público que formará parte de la Administración Pública Nacional”. Ese cargo se cubrirá por “medio de concursos de oposición y antecedentes” y, además, se prevé que la “administración Pública Nacional evaluará absorber prioritariamente al personal que actualmente se desempeña en los registros seccionales”.

También, se aclara que los “recursos con los que actualmente se financia la actividad que perciben los actuales Encargados de Registro serán percibidos por el Estado Nacional a partir de la fecha de transferencia efectiva del servicio”.

Además, se establece que “los trámites” en los Registros “deberán abonar el arancel que fije” el gobierno nacional”, según los “aranceles deberán ser establecidos mediante montos fijos en moneda nacional, pudiendo únicamente diferenciarse los valores entre automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial o industrial”.

Otro artículo de la iniciativa plantea que “la tasa del impuesto será del 1% sobre el valor que arroje la operación” y la “Administración Federal de Ingresos Públicos queda facultada para establecer agentes de retención o percepción que estime necesarios a efectos de asegurar la recaudación del gravamen”.

En los fundamentos, los diputados advierten que “la registración de automotores es uno de los servicios públicos que desde más larga data ha sido tercerizado por el Estado”, lo cual, difiere “curiosamente del vasto universo de registros de que dispone el Estado Nacional”. Resaltan que la “actividad de registración es eminentemente pública y debe siempre ser llevada a cabo en dependencias administrativas estatales por empleados públicos y bajo la conducción de autoridades de carrera y/o políticas”.

Luego, agrega que la “actividad tercerizada genera un margen de rentabilidad importante”, que “opera como la principal fuente de motivación en la decisión de los particulares para asumir esta función”. Aclaran que actualmente “su intervención no excede la mera intermediación”. También explican -en lo jurídico- “el encargado de registro ha traído como consecuencia controversias en sede administrativa y judicial”, planteándose si “son funcionarios públicos o, por el contrario, realizan un ejercicio liberal de la profesión”, como también, “si tienen o no relación de empleo con el Estado”.