Absolvieron a ocho uniformados acusados de estafa en Bariloche
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los jueces de la Cámara Primera del Crimen atendieron los planteos de nulidad y prescripción que habían hecho el fiscal Carlos López y los defensores y absolvieron a los ocho policías que estaban procesados por “estafa genérica”. Las irregularidades en la instrucción y la prescripción de la causa fueron presentadas en la apertura del debate como “cuestiones preliminares” que obligaron a los jueces a suspender la audiencia para analizarlas. Los magistrados Marcelo Barrutia, Alfonso Pavone y Alejandro Ramos Mejía valoraron como “excluyente” y capaz de convertir en abstracta cualquier otra consideración la prescripción de la causa, pero no dejaron de mencionar la objeción de que fuera el mismo juez que en principio “archivó la causa por inexistencia del delito, quien luego la siguió instruyendo y dictó el procesamiento de los encartados”. El Tribunal entendió que el máximo de la pena para la estafa genérica es de 6 años, que el hecho investigado ocurrió el 13 de agosto de 2003 y que la elevación a juicio se realizó recién el 26 de agosto de 2009, “con lo cual habrían transcurrido los 6 años de la pena máxima”. Consideraron que en la actualidad el llamado a indagatoria interrumpe el curso de la prescripción, pero argumentaron que a la fecha del hecho no regía el actual articulado del Código Penal y que debían respetar la aplicación de la ley más benigna para los imputados. Los policías absueltos son los comisarios generales Mario Daniel Capra y Jorge Galera; los comisarios mayores César Aciar y Julio César Hernández; los comisarios Daniel Navarro y José Chávez, y los suboficiales Luis Jiménez y María Angélica Boi, todos de la Policía rionegrina y en situación de retiro. La acusación refería que en marzo de 2002, en un acuerdo entre los policías y los abogados del condominio para 100 viviendas que éstos integraban, los imputados cedieron un lote de 37.000 m2 a la Comisión de Fomento de Dina Huapi para saldar una deuda por tasas impagas, y conservaron casi 10.000 metros que dividieron en nueve lotes, uno de los cuales le entregaron al abogado Miguel Reto por honorarios. Luego, en una reunión ante la escribana María Daniela Chaves, designaron nuevas autoridades y aprobaron el acuerdo celebrado por su letrado. Para el juez de instrucción y el fiscal, en ese momento, “los prevenidos llevaron a cabo una maniobra defraudatoria en perjuicio de los socios y originales adquirentes en condominio”, y les imputaron no haber citado al resto de los consorcistas.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los jueces de la Cámara Primera del Crimen atendieron los planteos de nulidad y prescripción que habían hecho el fiscal Carlos López y los defensores y absolvieron a los ocho policías que estaban procesados por “estafa genérica”. Las irregularidades en la instrucción y la prescripción de la causa fueron presentadas en la apertura del debate como “cuestiones preliminares” que obligaron a los jueces a suspender la audiencia para analizarlas. Los magistrados Marcelo Barrutia, Alfonso Pavone y Alejandro Ramos Mejía valoraron como “excluyente” y capaz de convertir en abstracta cualquier otra consideración la prescripción de la causa, pero no dejaron de mencionar la objeción de que fuera el mismo juez que en principio “archivó la causa por inexistencia del delito, quien luego la siguió instruyendo y dictó el procesamiento de los encartados”. El Tribunal entendió que el máximo de la pena para la estafa genérica es de 6 años, que el hecho investigado ocurrió el 13 de agosto de 2003 y que la elevación a juicio se realizó recién el 26 de agosto de 2009, “con lo cual habrían transcurrido los 6 años de la pena máxima”. Consideraron que en la actualidad el llamado a indagatoria interrumpe el curso de la prescripción, pero argumentaron que a la fecha del hecho no regía el actual articulado del Código Penal y que debían respetar la aplicación de la ley más benigna para los imputados. Los policías absueltos son los comisarios generales Mario Daniel Capra y Jorge Galera; los comisarios mayores César Aciar y Julio César Hernández; los comisarios Daniel Navarro y José Chávez, y los suboficiales Luis Jiménez y María Angélica Boi, todos de la Policía rionegrina y en situación de retiro. La acusación refería que en marzo de 2002, en un acuerdo entre los policías y los abogados del condominio para 100 viviendas que éstos integraban, los imputados cedieron un lote de 37.000 m2 a la Comisión de Fomento de Dina Huapi para saldar una deuda por tasas impagas, y conservaron casi 10.000 metros que dividieron en nueve lotes, uno de los cuales le entregaron al abogado Miguel Reto por honorarios. Luego, en una reunión ante la escribana María Daniela Chaves, designaron nuevas autoridades y aprobaron el acuerdo celebrado por su letrado. Para el juez de instrucción y el fiscal, en ese momento, “los prevenidos llevaron a cabo una maniobra defraudatoria en perjuicio de los socios y originales adquirentes en condominio”, y les imputaron no haber citado al resto de los consorcistas.
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