Abuso de autoridad

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HéCTOR MAURIÑO vasco@rionegro.com.ar

El mismo Poder Judicial que desde hace cinco años no acierta en encontrar un responsable político ni ideológico del asesinato del maestro Carlos Fuentealba; el que después de seis años ha dejado llegar al borde de la prescripción la causa por la ‘zona liberada’ –el episodio en el que el exgobernador Sobisch le ordenó a la policía que se cruzara de brazos mientras una patota aporreaba a un grupo de maestras–; el mismo que, en fin, acaba de sobreseer a todos los imputados en el escándalo de los subsidios de Centenario, condenó diligentemente esta semana al exintendente de Chos Malal Carlos Lator por haber contratado, por única vez y en razón de una emergencia climática, los servicios de una motoniveladora. El de Fuentealba es un daño irreparable y, de existir responsabilidad por parte de las autoridades políticas o policiales, no debería quedar impune. La troupe formada por “Zapallito” Molina, el intendente Luis Castillo y los funcionarios provinciales que alimentaban el circuito clientelista de Centenario causó un perjuicio económico al Estado, pero por sobre todo cargó en las espaldas de “la política” un estigma difícil de superar. Más aún ahora, que sus autores han salido indemnes. A Lator, en cambio, no se lo acusa de haberse llevado nada que no sea suyo sino de “abuso de autoridad” por haber gastado más de 4.000 pesos sin compulsa de precios para contratar, para un servicio puntual, una máquina que, además, era la única disponible en el pueblo y que de haber sido contratada y fletada, por ejemplo desde Neuquén, hubiera costado mucho más. Se lo condenó contra lo que indicaban dos dictámenes del Tribunal de Cuentas de la provincia –un organismo que no puede ser sospechado de opositor al gobierno provincial– que concluían que no había delito. El antecesor de Lator en el cargo, el emepenista Oscar Koenig, debió renunciar en el 2006 acusado por el propio contador de la municipalidad a raíz del faltante de 150.000 pesos, pero tuvo mejor suerte: todavía ningún juez lo ha llamado a declarar. Lator es profesor de historia, vive en la misma casa donde vivía antes de ser intendente y tiene el mismo coche. Desde el día siguiente a dejar la función pública da clases en la misma escuela secundaria de siempre. Cuando era intendente no usaba vehículos oficiales para sus funciones y cuando viajaba a Buenos Aires para hacer gestiones iba en ómnibus para no gastar en avión. La pena irrisoria de tres meses de prisión condicional e inhabilitación por seis para ejercer cargos públicos es una afrenta para un hombre honesto y sugiere que el propósito oculto puede haber sido sacar a Lator de la cancha pero el pretexto resultó tan banal que se quedó corto. De no ser todo tan injusto se lo podría calificar de ridículo. Lator no es el único neuquino que no vive de la política y por eso mismo parece que a algunos les molesta. El intendente de Plottier, Andrés Peressini, otro recién llegado a la actividad, estuvo a punto de salir por la ventana antes de cumplir seis meses de gestión víctima de la acción combinada del MPN y el PJ –los dos partidos que se pasan la pelota históricamente–, sumada a la de un gremialismo funcional a esa trenza. A Peressini, el ser novato le costó que un fiscal presuroso le pidiera el procesamiento por comprar en forma urgente camiones para una municipalidad que sus antecesores dejaron devastada. Lator encabezó una coalición –Encuentro por Chos Malal– que en el 2003 le arrebató el gobierno al MPN y en el 2007 hubiera hecho lo mismo si no fuera porque el partido provincial logró escindir a un sector de esa alianza y se sirvió de las sinuosas colectoras. Como en Plottier, donde el intendente es visto como un cuerpo extraño y resistido, parece que el ejemplo de Lator y el frente que lo llevó al gobierno eran un mal antecedente que había que cortar de cuajo. En Neuquén, la corrupción es un río ancho y caudaloso que hace rato se salió de madre. La historia es vieja y viene unida al Movimiento Popular Neuquino, que gobierna por los siglos de los siglos. Para no ir muy atrás en el tiempo, baste decir que los escándalos que salpicaron la gestión de Jorge Sobisch son incontables, desde el misterioso financiamiento de su increíble campaña presidencial hasta la estafa al Banco Provincia –que recién ahora, ocho años después, está llegando a juicio–, pasando por los créditos del Iadep. Pero en todos esos casos y muchos más el Poder Judicial neuquino no ha encontrado hasta ahora motivos para condenar a nadie. En esta provincia, como en el resto del país, el Poder Judicial es el único que no ha aportado una autocrítica por la complicidad de muchos de sus miembros con la sangrienta dictadura del 76. Durante el mandato de Sobisch ese poder del Estado sufrió una colonización desembozada –que comenzó cuando el exgobernador instaló en el Tribunal Superior de Justicia a personajes sospechados de parcialidad– y a pesar de la mínima purificación encarada por Sapag todavía deja ver sus consecuencias en la actualidad. Así como salta a la vista que en otros lugares del país los jueces se cuidan de enfrentar abiertamente al poder económico concentrado o de confrontar con las mafias enquistadas –como se acaba de ver con claridad con el caso Marita Verón–, en otras latitudes, como es el caso de Neuquén, el poder político permanente deja ver sus huellas en muchas de sus acciones. ¿Dónde está el abuso?