Acreedores al ataque

Cuando se vayan los inquilinos actuales de la Casa Rosada, dejarán a quienes tomen su lugar un montón de facturas impagas de las que, mal que les pese, tendrán que encargarse. Además de los holdouts o “buitres”, cuyos reclamos, respaldados por la Justicia norteamericana, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner trata con desprecio, están redoblando sus esfuerzos por conseguir una indemnización pingüe varias empresas multinacionales que se vieron perjudicadas por las decisiones, a su juicio arbitrarias, de los responsables de la política económica del país. Una, conformada por la empresa francesa Suez y la española Aguas de Barcelona acaba de conseguir un fallo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial que, luego de un litigio prolongado, condenó a la Argentina a pagarle 405 millones de dólares. A Suez no le será fácil cobrar mientras Cristina esté en el poder. Como tantos otros acreedores impacientes, hará fila en una cola ya larga con la esperanza de que un futuro gobierno se digne darles lo que, según tribunales extranjeros, les corresponde por ley. A los kirchneristas les gustaría que las empresas que han abierto causas en el Ciadi confiaran en la Justicia argentina, pero, por entender que las pautas que rigen aquí son muy distintas de las habituales en otras latitudes, prefieren no arriesgarse. A juzgar por sus declaraciones públicas, los tres presidenciables que lideran las encuestas, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el jefe del gobierno porteño Mauricio Macri y el diputado Sergio Massa, coinciden en que para recibir las inversiones que tanto necesita el país tendrá que respetar las normas internacionales. Aunque mofarse de ellas en nombre de lo nacional y popular puede servir para entusiasmar a estudiantes contestatarios y militantes oficialistas, también suele acarrear costos sumamente altos. De no haber sido por la estrategia rupturista elegida por el gobierno kirchnerista al suponer que su propia popularidad dependía de su voluntad de pelear con el resto del mundo, los ingresos de los trabajadores y las ganancias de los empresarios serían con toda seguridad superiores a los actuales, mientras que las perspectivas económicas serían decididamente menos alarmantes de lo que son. Una cosa es criticar con vehemencia el estado de la economía mundial, como hacen tantos intelectuales y activistas políticos, y otra muy distinta basar la política económica de un país en la idea de que, por ser tan defectuoso el sistema existente, le convendría al gobierno violar todas las reglas, acaso con la esperanza de que, andando el tiempo, las autoridades de los países más poderosos y más adinerados llegaran a la conclusión de que sería de su interés ceder ante las demandas de quienes se oponen al statu quo. Lo único que han logrado los kirchneristas al intentar obligar a los demás países a respetar tales pretensiones es hacer de la Argentina un paria financiero, hazaña que no la ha beneficiado en absoluto. Por el contrario, la imposibilidad de acceder a créditos a tasas de interés razonables significa que el país depende por completo de sus propios recursos, que tienden a disminuir al huir los capitales y reducirse las exportaciones, con el resultado de que, en opinión de algunos, en diciembre no habrá más reservas en las arcas del Banco Central. Mientras tanto, seguirán llegando nuevas facturas al difundirse la impresión de que el gobierno próximo estará más dispuesto que el kirchnerista a saldar las deudas; según se informa, YPF está en la mira de un “buitre”, Burford Capital Limited, que está acostumbrado a ganar pleitos. Los sucesores en potencia de Cristina nos aseguran que, no bien terminada la transición, cuantiosas inversiones vendrán al país porque todos los financistas interesados en las oportunidades brindadas por el país saben que están resueltos a acatar las reglas internacionales, incluyendo las ratificadas repetidamente por la Justicia de Nueva York, pero la convicción así supuesta entraña la desventaja de que muchas empresas, que presuntamente se habían resignado a perder su dinero debido a la intransigencia beligerante del gobierno kirchnerista, podrían optar por probar suerte reabriendo causas ante tribunales norteamericanos o europeos.

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