Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio: ¿institucionalidad en jaque?

Cuando el miedo lo siente toda una sociedad deja de buscar la libertad y prefiere la seguridad y la tranquilidad, nace el estado paternalista

Según los especialistas, el miedo es una reacción adaptativa que nos prepara para actuar ante un posible peligro. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona produciendo una secuencia de efectos, tanto físicos como psicológicos. En una primera instancia, algunas personas se quedan paralizadas y bloqueadas.

Una reciente encuesta realizada en nuestra zona por PDG Consultores afirma que el 94% de los encuestados considera a la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando como muy grave, y el 50% manifestó algún grado de temor al contagio; entonces ¿qué sucede cuando tenemos miedo y estamos paralizados? No pensamos, y dejamos que otros lo hagan por nosotros. Cuando el miedo lo siente toda una sociedad deja de buscar la libertad y prefiere la seguridad y la tranquilidad, así nace el estado paternalista, depositamos plena confianza en nuestros dirigentes. Ello también se ve reflejado en dicha encuesta, el 82% de los patagónicos encuestados aprueba las medidas tomadas por el presidente y, en nuestro caso, por el gobernador de Neuquén.

El problema comienza cuando los ciudadanos vemos vulnerados nuestros derechos.

En lo que va de mandato, Alberto Fernández emitió 32 DNU, 27 de ellos durante el aislamiento, todo un récord. Sin embargo, el Congreso de la Nación, poder integrante e independiente del Estado, permanece cerrado; y el Poder Judicial, luchando contrarreloj para modernizar un sistema arcaico de otro siglo.

En la Provincia del Neuquén desde el inicio de la cuarentena se emitieron más de 100 decretos; la Legislatura sancionó tan solo una ley -a pedido del Ejecutivo, que le permitió endeudarse- y en el caso del Municipio capitalino se emitieron varios decretos que, si bien eran comunicados a la prensa, los ciudadanos nos vimos privados de “conocerlos”, ya que estuvimos 21 días sin publicación del Boletín Oficial municipal, justo en las semanas más ajetreadas en cuanto a nuevas normas, restricciones y sanciones.

En esta situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la actividad sancionatoria del Estado se ha multiplicado; contrariamente, los tribunales de faltas están cerrados con guardias mínimas. ¿Los descargos? Según informa la Muni, quedarán pendientes hasta que cesen las medidas de prevención por la pandemia.

Las clausuras efectuadas por los inspectores municipales se perpetuaron ad infinitum, ya que nadie sabe a ciencia cierta cuándo cesarán las medidas de aislamiento, lo cual es manifiestamente ilegal.

Cuando como ciudadanos no podemos ejercer el derecho de defensa ante las sanciones impuestas por el Estado, sin dudas el debido proceso se ve vulnerado. Al respecto, el prestigioso administrativista Marienhoff indica que “el procedimiento administrativo disciplinario ha de desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal”. Asimismo, señala que “En todos los casos, haya o no sumario, el imputado debe ser previamente oído… Esta garantía esencial, emergente del Art. 18 de la Constitución nacional, no solo debe observarse en el proceso penal judicial, sino también en la aplicación de sanciones disciplinarias administrativas”.

Con las últimas disposiciones de “cuarentena administrada”, se estableció la reapertura de las oficinas recaudadoras de impuestos, pero nada se dijo de aquellas oficinas que deben velar por los derechos de los ciudadanos.

Definitivamente, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha puesto a la institucionalidad en jaque, con una sociedad paralizada por el miedo, combinación letal para la democracia republicana.

*Abogada