Alderete en su fría celda, mientras se caldea el clima político

Alderete pasó su primera noche detenido después de que en la tarde del viernes el juez federal Adolfo Bagnasco ordenara su arresto bajo la acusación de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer maniobras delictivas que importaron un perjuicio económico de más de 200 millones para el PAMI.

El detenido pasó su primer noche de celda, abatido y bajo estricto control médico. La pequeña habitación que ocupa tiene una cama como único mobiliario y carece de ventanas. El ex funcionario comparte el pabellón con otros nueve detenidos, entre quienes se encuentra el el juez Francisco Trovato y el ex titular de Fabricaciones Militares, Sarlenga.

Alderete permanecerá en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional por lo menos hasta el martes, cuando deberá comparecer a una nueva declaración indagatoria ante el juez Adolfo Bagnasco.

En tanto, los principales referentes del menemismo insistieron en la defensa de Alderete y ratificaron su opinión acerca de que el controvertido ex funcionario es un «perseguido político».

El ex directivo del obra social de jubilados, que podría convertirse en el primer funcionario del menemismo preso por actos de corrupción y sobre el que pesarían entre 5 y 10 años de cárcel, fue apresado por la Policía cuando intentaba salir, en la parte trasera de un auto con vidrios polarizados, del garage de Esmeralda 1066 de esta capital.

La detención del ex funcionario menemista provocó una reacción de alegría y satisfacción entre las principales espadas de la Alianza y el Gobierno.

La actual interventora del PAMI, Cecilia Felgueras, consideró que Alderete «está donde tiene que estar» y se manifestó «satisfecha» con que la Justicia esté «trabajando y actuando».

El presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, opinó que el ex titular del PAMI constituye el «paradigma de la corrupción» en Argentina y descartó que se trate de un perseguido político.

A su turno, la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, afirmó que el Gobierno «no festeja» la detención de Alderete porque «difícilmente pueda reparar todo el mal que se hizo» a los jubilados. Nunca se repara todo, porque nunca sabremos cuánto sufrió la gente que dejó de recibir lo que tenía que haber recibido» del PAMI, expresó.

En cambio, desde el menemismo, Alberto Kohan mencionó que Alderete es víctima de «una persecución mediática», y dijo que lo considera «una persona honesta» hasta que la Justicia determine si tuvo alguna responsabilidad sobre las denuncias que pesan en su contra.

Por otra parte, representantes de los jubilados reclamaron que las investigaciones sobre el PAMI, que llevaron a la detención de Alderete, apunten también al ex presidente Menem.

En tanto, el defensor del ex funcionario, León Arslanián, explicó a la prensa que su cliente expresó a Bagnasco que era «víctima de una situación política determinada», tras lo cual detalló su experiencia en «gerenciamiento médico», la situación en que encontró el PAMI y las medidas que tomó.

Arslanián afirmó que Alderete «satisface necesidades políticas, las necesidades de contar con un preso», en alusión a la embestida del Gobierno contra los ex funcionarios menemistas acusados de corrupción.

Desde la llegada de la Alianza al poder, el Gobierno lanzó una dura ofensiva contra Alderete y la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, considerados símbolos emblemáticos de la corrupción de la larga década menemista. (DyN, Infosic, Télam)

Unos 500 millones

El director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, estimó ayer que el perjuicio causado por el ex titular del PAMI, Víctor Alderete, con las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión asciende a cerca de «500 millones de dólares».

Según el funcionario, el daño causado al Estado por el ex titular de la obra social de los jubilados por presuntos «sobreprecios en las contrataciones» o «contrataciones inútiles» fue de «alrededor de 500 millones de dólares».

Garrido afirmó que «no está agotada» la investigación que realiza la Oficina Anticorrupción sobre la gestión de Alderete al frente del Pami sino que, por el contrario, este organismo está investigando «hechos vinculados» con ese período de la obra social.

Por otro lado, Garrido puntualizó que el delito de «asociación ilícita» que se le imputa a Alderete «se puede sintetizar en la existencia de un grupo de más de tres personas que comete delitos, pero no un solo delito sino varios delitos».

Sin embargo, aclaró que si bien la Oficina Anticorrupción puede «sugerir» esta calificación del delito al juez, la decisión, en definitiva, es del magistrado.

La Oficina Anticorrupción pidió ser parte querellante en la causa pero esta solicitud depende de una decisión de Cámara». (Télam)