Algo más sobre los jurados populares

OSCAR RAÚL PANDOLFI (*)

Le contesto al estimado amigo Silva Zambrano, respecto de su opinión vertida en este importante medio de opinión, el 30 de septiembre pasado, relacionada con el juicio por jurados, al que califica de “costosa alhaja”. Y estoy de acuerdo, ya que –creo efectivamente– comparado con el juicio criminal, de jueces profesionales, el de jurados populares merece el calificativo joyeril encomiástico… aunque no creo, en cambio, “costoso” comparado con el juicio con jueces profesionales. Si de productividad se trata, un juicio con jurados es más barato que si lo llevan a cabo los magistrados profesionales (al fin y al cabo, “empleados del gobierno”, como recordaba Carrara,), en las escalas más altas de la retribución salarial de la administración pública, sea nacional o provincial… Por otra parte, me parece que erra cuando sostiene que “El juicio por jurados alcanzó su cúspide de progreso en su mismo momento inicial, cuando en algunos países significó la limitación del poder de juzgamiento del monarca absoluto”. Esto no es así, sino todo lo contrario. Hoy en día han adoptado los juicios por jurados muchísimos más países, en los cuales los jurados populares fueron desconocidos durante siglos (los países de Europa continental no los tuvieron hasta avanzado el siglo XX). Hoy, toda Europa, menos Holanda y la República de San Marino, tiene jurados populares. En Asia lo poseen Japón, Corea, Taiwán, China y Singapur, entre otros. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda a la cabeza, todos. En América, además obviamente de EE. UU. y Canadá, Belice, Bolivia, Venezuela, Panamá, Nicaragua y Brasil (no así Uruguay, que sigue con el procedimiento escrito y Chile que no ha adoptado el sistema de jurados aún) y otros países anglófonos y francófonos del Caribe, como Jamaica, Saint-Martin y Puerto Rico. Luego de una síntesis que comienza ignorando el actual desarrollo casi ecuménico del jurado –aunque no previsto para “todos los juicios criminales” sino a los casos más graves– el Dr. Silva sostiene que “los jurados serían más propensos a los “prejuicios” que los jueces profesionales”, a lo cual le contesto que a los jurados populares es bastante fácil recusarlos. Hay una audiencia previa, de “voir dire” dedicada siempre a ello… En cambio para poder apartar a un juez profesional, de quien se desconfía sobre su imparcialidad, muchas veces es necesario llegar hasta la Corte Suprema para apartarlo de su vocación jurisdiccional… Por otra parte, las “calidades” exigidas para juzgar los “hechos”, que es lo que deben hacer los jurados, nada tienen que ver con el conocimiento del Derecho. Tienen que ver con el sentido común y la perspicacia, para apreciar las situaciones conflictivas… Un almacenero barrial que todos los días tiene que hacer un escrutinio sobre a qué clientes les puede fiar y a cuáles no, porque en ello se juega la suerte de su negocio, puede y suele tener más agudeza perceptiva respecto de quién miente y quién no que un juez profesional. Sería bueno recordar que los jurados juzgan por “íntimas convicciones”. Y por eso hacen veredictos sobre los hechos. Y los jueces –en cambio– tienen que “fundamentar” sus sentencias sobre los mismos hechos. Es decir, aplicar la sana crítica racional. Lo cual, en realidad, jamás hacen. Sino que practican, consciente o inconscientemente, el mismo veredicto sobre los hechos que los jurados y luego escriben un alegato –no una verdadera sentencia– como una “apología a tesis obligada”, para defender el veredicto al que arribó en su fuero íntimo. Como ya lo escribieron Alcalá Zamora en 1945 y Calamandrei en 1956. Pero lo esencial, lo que los hace preferibles para un juicio que produzca conmoción social o periodística, es que los jurados lo son –por lo general– una sola vez en su vida (dependiendo, claro está, en qué clase de comunidad habiten). Por ello, no se acostumbran al desempeño de su ocasional tarea “jurisdiccional”. Es decir, el dictado de su veredicto no lo corrompe. Dicho esto último en un sentido absolutamente ajeno a la corrupción económica. En cambio, los jueces penales –inevitablemente– se corrompen por el ejercicio de su poder jurisdiccional. Y ello porque como seres humanos que son, el poder –como cualquier otro– de decidir el destino de otros hombres (que eso es el terrible poder jurisdiccional en materia penal) siempre corrompe a cualquier ser humano. En mayor o menor medida, y en mayor o menor tiempo, según la índole, educación, historia vital, etc. de cada persona que llegue a ese cargo. En cambio, los jurados no se corrompen por la sencilla razón de que ejercen la jurisdicción usualmente una sola vez en su vida. También es cierto que la labor de juez penal, para una persona normalmente sensible, produce efectos psicológicos dañinos. Y por ello el juez profesional tiene necesariamente que ir generando una epidermis más gruesa para mantener su equilibrio emocional. Pero muchas veces ello implica un acostumbramiento que le hace valorar, más que las implicancias de sus decisiones, las conveniencias propias y las repercusiones que sus decisiones producen en la opinión pública. Con las posibles consecuencias negativas para su prestigio profesional, su carrera judicial y –en casos extremos– hasta para su propia seguridad personal. Además, los jurados al no integrar el órgano jurisdiccional en forma estable, no son sensibles a las inevitables influencias políticas y mediáticas que los jueces –particularmente los del fuero penal– sufren. En cuanto a los “errores” de los jueces penales, comparados con los de los jurados, las reflexiones del amigo Silva Zambrano –quien lleva como el suscripto más de cincuenta años de ejercicio profesional– producen una desganada sonrisa. Los jueces se equivocan demasiado seguido, y basta con recordar las frecuentes críticas y las encuestas negativas de opinión que el sistema vigente origina; en nuestra zona, en nuestro país y en la gran mayoría de los países del mundo, incluso en España, como lo dijo en una conferencia dada en Bariloche en agosto del 2001 el profesor argentino Enrique Bacigalupo, expresidente del Tribunal Supremo de España. Y ello es natural, porque –bien pensado– la facultad de meter a otros seres humanos en una jaula, como escribió Alberto Binder, sería más bien propia de un semi-Dios, que de un simple ser humano. Y en cambio es cierto, y lo había anticipado Carrara hace más de un siglo y medio, que lo que no se puede pretender es el cumplimiento a rajatablas de que “todos los juicios criminales se terminen en juicios por jurados”, como lo exige el texto constitucional del art. 118 CN; por meras razones operativas. Adviértase que cuando se ha introducido modernamente el juicio por jurados, la introducción de la institución se hará para conocer precisamente de los juicios que más conmoción social producen en la actualidad, medidos por el monto de las penas que solicite el fiscal. Motivo por el cual, muchos jueces inteligentes, aun a despecho de ser conscientes de la “pérdida de parte de su poder jurisdiccional”, están contestes con el instituto, que es obvio que les quita buena parte del peso de la presión política, social y mediática que reciben cotidianamente en su labor jurisdiccional. Y para cualquiera que le interese el tema, que lea a Carrara. Este profesor de Derecho Penal, cofundador con Becaría del Derecho Penal moderno, escribió en el Tomo II de su “Programa de Derecho Criminal”, editado por Temis-De Palma, Bogotá-Buenos Aires 1977, pág. 238: “¿Acaso no se sabía desde hace mucho que el cuadrilátero de las libertades constitucionales se levanta sobre la guardia nacional, los jurados, la prensa libre y el parlamento?… y así como otras veces se ha dicho soñando que los ciudadanos guerreros no tenían habilidad para las empresas bélicas, como hoy se dice que los ciudadanos honrados no tienen habilidad para decidir si hay que prestarles fe a los testigos honrados o negársela a los testigos bribones…”. Y remata: “El observar en la historia de todos los pueblos que ciertos Tiberios se han valido de jueces mercenarios para deshacerse de sus enemigos, so pretexto de supuestos delitos y que en los jueces de profesión se encarna a veces la costumbre de condenar (como lo prueba Carpzovic, que se jactaba complacido de haber condenado a muerte a veinte mil individuos), ha sugerido la idea de que, en la administración de la Justicia Penal conviene, para proteger la inocencia, equilibrar los jueces gubernativos por medio de jueces ciudadanos”. Por último diré que aunque comparto las críticas de Mario Juliano en relación con ciertas posturas de política judicial o técnicas, suscribo íntegramente las palabras de Silva Zambrano respecto de la absoluta rectitud, honestidad intelectual e integridad profesional de la Dra. Carmen Argibay. (*) Abogado


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