Andorra Gate: Coimas del petróleo de los Kirchner

“Todos tienen un bolso con dólares en su armario”, ironizó esta semana un alto dirigente de Cambiemos a nivel nacional en una charla informal al argumentar porqué el oficialismo, y en especial los grandes mentores de la nueva ética en la política (Elisa Carrió, María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña, entre otros), no salen con fuerza a criticar y marcar la cancha tras el escandaloso caso de los Cuadernos de la Corrupción.

Pocos dudan de que esta caja de Pandora que se abrió, tras el impecable informe del periodista Diego Cabot del diario “La Nación”, golpeará en forma directa o indirecta al oficialismo. El presidente Macri marcó su posición en este sentido: “No voy a amparar a nadie que esté involucrado en actos de corrupción”. Sin embargo, es poco probable que el barro de la política kirchnerista no salpique y manche a muchos empresarios de aquel entonces, hoy devenidos en funcionarios del gobierno de Cambiemos.

En medio de este histórico Lava Jato argentino, aparece nuevamente el nombre del exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag. Una de las diferencias respecto de lo que observamos atónitos todos estos últimos días con los Cuadernos de la Corrupción es que los bolsos con dólares de Sapag y su ministro, Guillermo Coco, alrededor de 5 millones en el caso denunciado por el diario “El País” de España, nunca aparecieron. Pero todo indica que dejaron sus huellas. La Banca Privada d’Andorra (BPA), pequeño principado europeo donde hasta el pasado año regía el secreto bancario, se negó a abrir al entonces gobernador de la provincia dos cuentas en agosto de 2008 al sospechar que su dinero era procedente de coimas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sapag tenía la intención de ingresar ese dinero para luego distribuirlo en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice, según un acta confidencial de la BPA. “Los fondos corresponden a comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región”, consignó el banco en un informe interno con fecha del 6 de agosto de 2008. La institución financiera cerró el expediente de Sapag y Coco con la conclusión: “Coimas del petróleo de los Kirchner. Rechazada”. Definición categórica y lejos de ser definida como una operación de prensa.

Rápido de reflejos, el exgobernador Sapag se mantuvo alejado de los medios en todos esos acalorados días buscando así que se calme el escándalo. Paso siguiente se presentó ante la Justicia provincial para que lo “investiguen”. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén armó un expediente. “Hemos decidido abrir una investigación preliminar cuyo objetivo es determinar la existencia o no de un delito, y también determinar si ese delito, en caso de existir, lo debe investigar la Justicia provincial o la Justicia Federal”, informó a mediados de febrero el fiscal en jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli. Un acto que pareciera “de manual” en la Justicia neuquina cuando intenta ponerse al frente de una investigación que involucra a la política del MPN con fondos públicos. El fiscal anticipó que en pocos días iba a mantener reuniones con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para “coordinar con estos ámbitos el intercambio y el análisis de información vinculada a la denuncia efectuada”.

Pasaron algo más de seis meses y vuelven a aparecer las noticias. Otra vez desde el exterior. La Secretaría de Estado de Asuntos Financieros Internacionales del Ministerio de Finanzas de Andorra solicita que Jorge Sapag se presente en ese país para intercambiar información fiscal tras abrir un expediente con las denuncias presentadas luego de la revelación de la documentación entregada por la BPA y su intervención en el ingreso de 5 millones de dólares no declarados.

Es difícil no terminar relacionando los bolsos de la corrupción de la era Kirchner con los acuerdos millonarios que se hicieron entre las empresas de hidrocarburos, el gobierno provincial y el matrimonio presidencial entre el 2008 y 2015. Era una lógica del sistema. Fueron muchos los miles de millones de dólares que se pusieron en juego en las prórrogas de las áreas hidrocarburíferas. Y la falta de transparencia, moneda común de la política de ese momento. El ejemplo lo daba el gobierno nacional y esto habilitaba a las provincias para jugar de la misma manera.

Desde estas mismas páginas se observó en decenas de oportunidades el manejo discrecional que tenía el entonces gobierno provincial al cerrar acuerdos con las empresas. En las negociaciones que involucraban desembolsos millonarios por parte del sector privado sólo estaban directivos de las petroleras, el exmandatario y su alter ego, Guillermo Coco. Nadie sabía qué era lo que se terminaba acordando en esas cerradas conversaciones. Tal es así que hasta el mismo gobierno nacional intentó en algún momento intervenir este tipo de acuerdos buscando quitar la potestad a las provincias en las negociaciones con las empresas petroleras.

Varios ejecutivos de distintas firmas del sector fueron los que, desde el anonimato, contaban cómo era el negocio para la política. En los relatos volvían a ser mencionados los bolsos que se entregaban en las cocheras de ciertas torres de Puerto Madero. Y esto se observó con mucha más fuerza a partir de la estatización de YPF, en mayo de 2012.

Todo fue muy vertiginoso en esos años. Nacían y morían empresas en sólo meses. Se armaban negocios privados ligados a YPF de una forma totalmente impune. La lluvia de dólares de las prórrogas de las áreas hidrocarburíferas y el relato con el sueño de la nueva empresa de gas y petróleo en manos de los argentinos prometían bienestar eterno a los neuquinos.

Pero poco de eso se reflejó en los hechos. Sólo queda en la retina de los neuquinos los bolsos con las cifras millonarias de los Cuadernos de la Corrupción y las denuncias de los millones de dólares de la BPA que, por la falta de acuerdos en el Congreso, no podrán ser recuperados por el Estado para volcarlos en aquellos sectores que más los necesitan. Lamentable.