“Anita” tenía razón

La reforma al funcionamiento del mercado de capitales convirtió a la City porteña en un caldero en el cual se hierve todo tipo de versiones y se ponen en juego millonarios daños a la propiedad. El proyecto de ley que anunció el gobierno termina con la tradicional autorregulación del mercado de capitales y da paso a una intervención absoluta por parte del Estado. La iniciativa termina con el número limitado de los actores del mercado de valores y abre las puertas a la presencia de nuevos jugadores sin saber si cuentan con la idoneidad para el desempeño de esa función. Como ocurrió en otras oportunidades, el gobierno abre las puertas de los negocios “a los amigos”. No es la primera vez que gente vinculada con el kirchnerismo presiona al gobierno para entrar en negocios que se presumen de buen apetito económico. En muchos casos lo logran sin conflictos, como con el juego de azar, obras y empresas públicas y alguna petrolera. En otros casos, van al choque y se ven obligados a embanderarse detrás de consignas populistas o patrióticas como con los medios de comunicación, YPF o Aerolíneas. Como quiera que fuere, el objetivo es siempre el mismo y consiste en hacerse por la razón o por la fuerza de negocios que al sector privado le llevó años construir y madurar. No hay ideología detrás de esto, sólo la voracidad del negocio. La mayor intervención en el mercado de capitales implica alinear a aquellos actores que no cedan al apetito económico de los amigos del poder. De otra forma, cabría preguntarse qué sentido tiene intervenir un mercado bursátil que no negocia más de cinco millones de dólares diarios, un monto mucho menor que el que mueven diariamente los bingos, las máquinas tragamonedas y las apuestas de loterías. Algo similar ocurre con la disposición para afectar la cartera de inversiones de las compañías de seguros. El objetivo es financiar obras públicas y empresas cuya elegibilidad dependerá de la discrecionalidad de Axel Kicillof y Guillermo Moreno. ¿Cuáles serán las empresas y las obras elegidas? ¿Cuáles los parámetros de la elección? “Vamos por todo” fue la consigna… y se olvidaron de la deuda. El grotesco episodio vinculado con la situación de la fragata Libertad pone al descubierto no sólo la falta de inteligencia oficial sino también la necesidad de contar con un mecanismo que termine con el default del 2001. Justo es reconocer que la iniciativa que planteó entonces la exsubdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, de establecer un mecanismo de concurso de acreedores para países hubiese terminado con situaciones tan riesgosas como lesivas. Si se hubiese adoptado aquel sistema la resolución de los diferendos se hubiera remitido a la verificación de créditos, a un concordato con los acreedores y a la reprogramación de los nuevos vencimientos y el país hubiera quedado liberado y con acceso al crédito, hoy vedado. Ese mecanismo hubiera incorporado no sólo la deuda comercial sino aquella que tenía el país con los organismos financieros internacionales, con lo cual la Argentina se hubiera ahorrado los 10.000 millones de dólares que se le pagaron al FMI y hubiera puesto fin a la deuda con el Club de París y a los juicios ante el Ciadi. En ese único arreglo se hubiesen solucionado todos los problemas financieros y el país hubiese recuperado el crédito sin necesidad de andar temiendo embargos por todo el planeta. La administración Kirchner fue la primera en desechar el sistema planteado por Krueger, sin imaginar –¿o tal vez sí?– que el de la fragata Libertad sería un caso testigo. Anne Krueger no logró cristalizar el mecanismo que hubiera tenido a la Argentina también como caso testigo pero que hubiera evitado el papelón mundial. El tiempo le dio la razón. (*) Analista económico. DyN

MIGUEL áNGEL ROUCO (*)