Apareció Galiano y cesó su pedido de captura

El Tribunal levantó la rebeldía del abogado viedmense que dispuso recientemente porque no se presentó en una audiencia.

El abogado viedmense Ignacio Galiano está imputado por estafa por el cobro de la engañosa gestión y la cesión de códigos de descuentos de salarios públicos provinciales y, recientemente, se dispuso su pedido de captura cuando no asistió a un debate judicial. Esa situación se modificó y se levantó esa medida cuando el viernes participó de otra audiencia virtual, pedida por su abogado Cirilo Bustamante.

En principio, el tribunal, conformado por Marcelo Alvarez, Roberto Gaviña y Gastón Pierroni, formalizó la designación de Bustamante y Daniel Mayor como defensores de Galiano. El propósito central fue lograr el levantamiento del pedido de captura y, para eso, se argumentó que el imputado no compareció a la pasada audiencia por problemas de salud y no se logró el envío a tiempo de los correspondientes certificados médicos desde La Plata.

El fiscal Guillermo Ortíz no compartió esa justificación pero, finalmente, el tribunal dispuso el cese de la rebeldía. Ahora, queda retomar el proceso y avanzar en el enjuiciamiento aunque esa instancia dependerá de la recuperación del querellante y víctima del engaño.

La audiencia se realizó el viernes, vía Zoom.

El delito imputado por la Fiscalía a Galiano se remonta al período de agosto de 2013 a julio de 2014 cuando el acusado se hizo pasar por funcionario de Río Negro y “tener contacto e influencia con la política rionegrina” para engañar al representante de mutuales y cobrarle por la gestión para la obtención de códigos de descuentos. La maniobra incluyó envíos de resoluciones, notas y decretos que tenían firma, membrete y sellos oficiales.

En respuestas, el mutualista abonó al estudio jurídico unos 130 mil pesos, según el trámite judicial. El próximo debate prevé una decena de testigos, entre ellos, la ex secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping, que fue la denunciante.

Otro hombre estuvo implicado en el hecho y, en ese caso, el imputado aceptó un juicio abreviado, que concluyó con una pena de un año y seis meses de prisión condicional.


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