Aprendices de brujo

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Para impedir que “el modelo” se caiga en pedazos antes de diciembre del 2015, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha propuesto congelar los precios de bienes básicos mediante acuerdos supuestamente voluntarios y asegurar que los salarios no aumenten más del 20%, aunque los empresarios preferirían un techo más bajo, del 18%, pero ya es evidente que se trata de pretensiones poco realistas. El acuerdo de precios que acaban de firmar representantes de las cadenas de supermercados, proveedores y el gobierno nacional sólo tendrá vigencia, hasta marzo, en la Capital Federal y el conurbano bonaerense y, para más señas, cohonesta muchas subas recientes. Según el ministro de Economía, Axel Kicillof, el pacto servirá para garantizar “acceso a las capas populares a los productos y rentabilidad razonable a los productores”, además de “impedir abusos en la cadena de comercialización”, pero, a juzgar por la larga experiencia del país en materia de acuerdos de dicho tipo, la posibilidad de que tenga efectos tan benéficos como prevé el funcionario es virtualmente nula. Mientras tanto, los sindicalistas, entre ellos los líderes de los siempre combativos docentes, han comenzado a reclamar aumentos del 30% o más. Asimismo, todos dan por descontado que será necesario reabrir las paritarias luego de un par de meses porque la inflación no tardará en devorar los aumentos inicialmente otorgados. Mal que les pese a los kirchneristas, no les será dado frenar la inflación con medidas indoloras. Aun cuando todos los agentes económicos –empresarios, financistas, sindicalistas y consumidores– se comprometieran a colaborar con el gobierno en el marco de un gran pacto social, el consenso resultante no sería suficiente como para atenuar los problemas provocados por la emisión descontrolada y un gasto público excesivo. A esta altura, los encargados de manejar la economía nacional deberían entenderlo, ya que nuestro país ha sufrido más décadas de inflación crónica que cualquier otro pero, cegados por fantasías ideológicas, han sido incapaces de aprender algo útil de los fracasos de gobiernos anteriores. Antes bien, como el aprendiz de brujo del poema de Goethe, se creyeron facultados para dominar lo que ellos mismos, con un grado de irresponsabilidad apenas concebible, provocaron al negarse, con soberbia fatua, a prestar atención a las advertencias de quienes les aconsejaban no repetir los errores del pasado. Parecería, pues, que estamos condenados a caer una y otra vez en el mismo pozo, uno del cual salir es tan difícil que siempre quedarán algunas personas, en ocasiones millones, que nunca lograrán recuperar el estándar de vida que habían conocido antes de la debacle de turno. Hace algunos años, Cristina afirmó que “si quieren ajustar, que vuelvan ellos, pero yo no” lo hará, como si a su juicio les correspondía sólo a los malos tratar de restaurar cierta estabilidad. Aunque los voceros oficiales siguen aferrándose al principio reivindicado por la presidenta, insistiendo en que jamás se les ocurriría ajustar “a los argentinos”, sólo quieren decir que procurarán remediar las consecuencias de su propia torpeza sin que nadie se dé cuenta, lo que no sólo es un disparate, sino que también significa que se conformarán con paños tibios hasta que ya sea demasiado tarde. En aquella oportunidad, la presidenta dejó sentado que su gobierno se negaría a manejar la economía con un mínimo de sensatez, pero presuntamente imaginaba que, gracias a la soja, podría demorar tanto el encontronazo con la realidad que les fuera dado entregarles a “ellos” la bomba de tiempo que estaba armando. De ser así, cometió un error. Si bien el país podía convivir durante años con una tasa de inflación de aproximadamente el 20% anual, el índice ya ha subido al 30% y amenaza con subir mucho más en los meses próximos impulsado por el sinceramiento de los precios y una puja salarial que se intensificará al tratar el gobierno de desmantelar poco a poco un régimen de subsidios que es claramente insostenible. En circunstancias como éstas, el gobierno tendría que actuar con coherencia, pero no podrá hacerlo si la presidenta prohíbe a sus integrantes pronunciar palabras como “inflación” y “ajuste” o aplicar medidas que serían calificadas de “ortodoxas”, cuando no “neoliberales”, por los voceros opositores.