Apriete salarial

La inflación ya está de vuelta y, con ella, las presiones de los sindicalistas en favor de un aumento salarial generalizado destinado, dicen, a permitir a los obreros recuperar el terreno que han perdido en los meses últimos. Tal pretensión sería razonable si la economía disfrutara de buena salud y por lo tanto estuviera en condiciones de soportar tales medidas, pero no existe ningún motivo para creer que su estado haya mejorado a partir del colapso de la convertibilidad. Por el contrario, se ha agravado. Es por eso que el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, está procurando frenar a los sindicalistas afirmando que el gobierno del presidente Eduardo Duhalde «no puede ni siquiera pensar» en aumentar los salarios en el sector público, mientras que la evolución de aquellos del sector privado dependerá de las vicisitudes de las distintas empresas, no de un ucase ministerial impulsado por un pacto con la CGT. Por supuesto que la negativa tajante así expresada resulta incómoda para un gobierno encabezado por un político de mentalidad voluntarista que llegó a su eminencia actual en buena medida gracias a su presunto compromiso con la idea de que por ser el gran problema argentino la caída calamitosa del nivel de vida de sus habitantes, un mandatario popular tendría que «solucionarlo» ordenando los aumentos correspondientes, pero dadas las circunstancias no le queda otra opción que aferrarse a principios que meses antes hubiera denunciado por «neoliberales».

Como es sabido, siempre es fácil formular argumentos que según parece sirven para probar que un aumento salarial generalizado no sólo puede justificarse por motivos éticos y humanitarios, sino que también tendría consecuencias económicas muy positivas al estimular el consumo. Antes de la puesta en marcha del «plan de convertibilidad», todos los gobiernos, sin excluir a los militares, terminaban cediendo a la lógica de dichos planteos, de resultas que la Argentina experimentó un período más prolongado de inflación galopante que cualquier otro país del planeta. Huelga decir que la voluntad de los gobiernos de «defender» de este modo a los asalariados fue contraproducente: puede que en ninguna otra parte del mundo capitalista se hayan esforzado tanto los gobiernos por asegurar que los salarios se mantuvieran a la par de la inflación, pero sucede que casi lo único que lograron fue ayudar a reducirlos a niveles cada vez más inferiores a los habituales en países de gobiernos supuestamente menos solidarios.

¿Está por reanudarse este proceso infernal? Pese a la intransigencia de Remes, no puede descartarse esta posibilidad alarmante. De comenzar el gobierno a «corregir» por razones políticas o «humanas» las distorsiones provocadas por los avatares económicos, algunos trabajadores tendrían motivos para felicitarse, pero desde el punto de vista del conjunto tales mejoras se verían canceladas por el aumento incontrolable del desempleo debido a la caída en bancarrota de una multitud de empresas grandes, medianas y pequeñas. En cuanto a la sugerencia de que ha llegado la hora de incrementar los salarios de los estatales, hacerlo continuará siendo inconcebible a menos que el gobierno nacional y los provinciales se las arreglen para reducir drásticamente el gasto público global.

Por desgracia, en última instancia el nivel de los salarios no depende de los deseos de los gobernantes o, salvo en ciertos sectores determinados, de la militancia sindical, sino del estado de la economía. Mientras el país siga cuesta abajo, propenderán a achicarse. Cuando por fin empiece la recuperación, crecerán, siempre y cuando el gobierno no intente adelantarse a los hechos ordenando aumentos prematuros. Que sea así es sin duda cruel e injusto, pero denunciarlo o «luchar» contra ello es inútil. Para que una eventual recuperación sea algo más que un episodio pasajero, será necesario que la economía inicie un proceso de expansión auténtica, es decir, «sustentable» sobre bases más firmes que las ya tradicionales. De otro modo, se reeditarán los mismos ciclos que en el pasado hicieron de un país considerado muy promisorio uno de los más pobres en comparación no sólo con España e Italia, sino también -conforme las estadísticas más recientes, por lo menos- con vecinos como Chile, Uruguay, Brasil e incluso Perú.