Aprueban hoy la prórroga del cerro Catedral

La campaña para promover un referéndum sobre el futuro del cerro Catedral cerró ayer su primera etapa con la presentación en el Concejo de las planillas con 3.354 firmas, que superan en principio el mínimo exigido para activar el mecanismo de iniciativa popular.

El presidente del Concejo, Diego Benítez, dijo que desde hoy correrá el plazo de 30 días que fija la Carta Orgánica para admitir o rechazar la iniciativa. Explicó que en ese lapso deben examinar la legitimidad de las firmas, “una tarea que le corresponde a la Junta Electoral”.

Según Benítez el chequeo se realizará “por muestreo” y buscará comprobar que las firmas estén certificadas, que no haya repeticiones y que correspondan a electores incluidos en el padrón.

Además, los propios concejales verificarán “si el contenido” del reclamo encuadra en los temas habilitados para la iniciativa popular, que excluye cuestiones vinculadas con tasas, aranceles y gastos previstos en el presupuesto.

Los impulsores de la campaña, entre los que hay varios partidos políticos, organizaciones sociales y “vecinos autoconvocados” presentaron ayer a la mañana las adhesiones, que acompañan un proyecto de ordenanza con cuatro artículos. El primero prohíbe expresamente cualquier contratación directa sobre las tierras de dominio público en el cerro Catedral, el segundo impone la confección de pliegos para llamar a licitación y el cuarto “abroga” toda norma que se oponga a esos postulados, lo cual incluiría a la ordenanza que el Concejo aprobará hoy y que extiende el contrato de Catedral Alta Patagonia hasta 2056.

La norma es la legalización de un acuerdo alcanzado por la empresa de la familia Trappa con el intendente Gennuso. Supone la extensión hasta 2056 de la concesión y el desarrollo inmobiliario de una parte de la montaña, a cambio de un plan de inversiones de 22 millones de dólares y de aportes para la construcción de dos gimnasios en la ciudad.

Avasallamiento

Benítez dijo que el legislador provincial Alejandro Ramos Mejía (FpV) presentó un escrito en el Concejo en el que exhorta a sus miembros a “abstenerse” de votar la aprobación del proyecto impulsado por el intendente Gustavo Gennuso, por el cual ya presentó además una denuncia a la Justicia.

El presidente del Deliberante consideró que esa acción de Ramos Mejía “es un antecedente gravísimo, porque avasalla la competencia municipal”.

En relación con las firmas, Benítez se abstuvo de hacer cualquier evaluación política y dijo que cumplirán “con todos los pasos jurídicos que corresponde”.

Explicó que si las firmas validadas alcanzan el 3% del padrón (deben ser no menos de 2.730) y el tema cumple con los requisitos, el Concejo debe definir si acepta el reclamo de los vecinos o lo rechaza.

“Si lo aceptamos con cambios también significa rechazo”, aclaró.

En este último caso, el trámite pasará a manos del Ejecutivo municipal, que debe habilitar libros de firmas para permitir que los ciudadanos insistan con la iniciativa.

Tendrán 30 días corridos para alcanzar el 10% del padrón (en total unas 9.700 firmas, incluidas las anteriores) y obligar así a la convocatoria de un referéndum popular, de voto obligatorio y vinculante.

El referéndum debe realizarse “dentro de los 60 días” contados a partir del cierre del libro de firmas.

El propio Gennuso y otros voceros del oficialismo han dicho ya en varias oportunidades que se oponen al referéndum y que la participación popular ya se cumplió con la audiencia pública, realizada en marzo.

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Proporción

El Concejo Municipal se reunirá desde las 9 para tratar en segunda vuelta el proyecto impulsado por Gennuso. Todo indica que será sancionado.