Análisis: anuncios sin autocrítica, con escasas precisiones y efectos polémicos

Hacienda reconoció que la inflación llegará al 42 por ciento y que habrá una caída en el PBI. Muy lejos del anuncio hecho en diciembre de 2017.

03 sep 2018 - 15:46

“Lo peor ya pasó”, arengó el presidente Macri en la apertura de las sesiones legislativas, allá lejos, en el mes de marzo. El contraste entre aquel optimismo y el escenario de estos días, es inevitable.

Una vez más, la enorme expectativa generada durante el fin de semana en torno a los anuncios de esta mañana, se vio en gran parte defraudada tras los discursos del Presidente Mauricio Macri y del Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

El mandatario optó esta vez por un discurso más extenso, aunque no renunció al lenguaje de campaña electoral. En este sentido, prefirió trasladar la responsabilidad de la situación actual a factores externos, y prácticamente no reconoció ningún error en la gestión de la crisis ni en el origen de la misma. Los blancos elegidos fueron la sequía, la suba de tasas en EEUU, la oposición, y la corrupción durante el gobierno anterior.

El ministro en cambio mostró mayor solidez en la oratoria, aunque se dedicó a explicar las nuevas medidas en lo económico, sin dar precisiones respecto a los alcances y las implicancias de las mismas.

Precisamente allí radica la polémica.

En primer lugar porque el documento que el propio Ministerio de Hacienda dio a conocer mientras exponía Dujovne da por hecho en la letra chica (literalmente en letra chica y mediante una nota al pie) que la inflación en 2018 será del 42%, y que la caída del Producto Bruto Interno (PBI) este año será del 2,4%. En otras palabras, el documento dado a conocer hoy, no hace más que poner en blanco sobre negro lo que se conoce como ‘estanflación’. Es decir, fuerte aumento en el nivel de precios combinado con una enorme caída en el nivel de actividad.

Solo ello, debería significar un mea culpa en cuanto a los enormes errores de planificación macroeconómica de la actual gestión: la meta de inflación para 2018 era del 10%, fue corregida hasta el 15% en diciembre del año pasado, se extendió hasta el 32% en el documento del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio, y hoy ya llega al 42%.

En segundo lugar, se anuncia la ampliación de la meta fiscal en 2019, la cual pasa de un déficit de 1,3% del PBI, al déficit cero. El anuncio omite sin embargo hablar del déficit financiero, es decir del pago de los intereses de la deuda pública. El mismo implica la necesidad de U$S 15.000 millones extra en 2019, de los cuales no se habla, pero que inevitablemente requerirán más recorte del gasto, mayor asistencia financiera del FMI, o una renegociación escabrosa con los acreedores externos.

En cuanto a las medidas puntuales, las mismas se enfocan en el gasto y en los ingresos.

Respecto a las erogaciones, se anuncia por un lado el traspaso de la tarifa social en energía y transporte, al ámbito de las jurisdicciones provinciales. Una medida que no cuenta con el aval explícito de los gobernadores, y de la cual se desconoce el impacto. ¿Sostendrán las provincias el mismo esquema de tarifas? ¿Se aplicará algún tipo de aumento a la luz o el gas? ¿Están las cuentas provinciales en condiciones de asumir el gasto? Las preguntas siguen sin respuesta.

El segundo anuncio en relación al gasto, es la reducción de ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. La polémica más importante en relación a ello, es la degradación a Secretaría de las carteras de Salud y de Trabajo. Sin dudas, la intención de la reforma es reducir la incidencia presupuestaria en 2019. Sin embargo se desconoce aún cuál podría ser el monto del ajuste, y el verdadero beneficio de la medida, tratándose de áreas tan sensibles en materia social.

Respecto a los ingresos, tuvo lugar quizá la polémica mayor: la medida anunciada es el retorno de las retenciones a la exportación. Para los productos primarios se establece una aceleración de la reducción en las retenciones a la exportación hasta una alícuota del 18% (eran del 25%), más un derecho de exportación extraordinario de $4 por dólar. Para el resto de los productos, se establece un derecho de exportación extraordinario de $3 por dólar.

Lo más llamativo en este sentido es la referencia que durante su discurso hizo el Presidente, al catalogar las retenciones como ‘un impuesto malísimo’. Por lo delicado del momento y dada la intención de generar confianza, cuesta comprender que el propio mandatario catalogue de esa forma la medida que él mismo está anunciando. Si esa fuera verdaderamente su valoración de las retenciones, no se entiende entonces que se apele a las mismas.

Si se analiza puntualmente el anuncio, hay que señalar que el gobierno avanza todavía más allá que el kirchnerismo en la utilización de las retenciones como herramienta, al gravar no solo la exportación de productos primarios (en especial granos y carne), sino a todas las exportaciones nacionales.

Pero vale además, analizar minuciosamente la implicancia del anuncio en términos económicos. En primer lugar, el derecho de exportación extraordinario es un impuesto de monto fijo y en pesos, para gravar una renta variable y en dólares. Es decir que a medida que sube el precio del dólar, se licúa la incidencia relativa del gravamen. Por ejemplo, si un exportador vende en el exterior por U$S 200, paga $800 de retenciones. Con un dólar a $40, eso implica una retención del 10%. Pero si el dólar sube hasta $60, ese mismo exportador que exporta U$S200, sigue pagando $800 de retenciones, pero las mismas ahora representan solo el 6,6%. En pocas palabras, lo que se anunció esta mañana, no es un incremento de la carga impositiva al campo, sino más bien todo lo contrario.

En segundo lugar, conociendo lo antedicho acerca del efecto del gravamen a lo largo del tiempo (dando por sentado que el dólar tiende a subir y no a bajar) y dado que las exportadoras son actores importantes en el mercado cambiario, la medida anunciada esta mañana no es otra cosa que un incentivo a la devaluación para los grandes operadores del mercado cambiario.

Es difícil imaginar que los técnicos del gobierno encargados de idear la parte técnica de los anuncios, desconozcan estos efectos, o que los mismos les hayan pasado desapercibidos. Más bien, a la luz de una rigurosa mirada técnica, lo anunciado hoy luce nuevamente como un combo que recae sobre la espalda de la clase media, y que a la larga termina beneficiando a los grandes grupos económicos.

Cipolletti

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