Poder e impunidad
Para muchos militantes kirchneristas, el expresidente Carlos Menem, el gran protagonista de los satanizados años 90 del siglo pasado, encarna el mal por haber optado por una estrategia económica calificada de “neoliberal” y asumir una postura diplomática favorable a Estados Unidos, pero así y todo no puede sino preocuparles el que el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 lo haya condenado a siete años de prisión efectiva por su papel en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Si bien no les importará demasiado el destino personal del riojano, entenderán que el eventual encarcelamiento del hombre que por diez años dominó el escenario político nacional establecería un precedente sumamente ingrato para sus sucesores, en especial para la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ya que ella también se ha visto acusada de graves hechos de corrupción que en los próximos años podrían dar pie a procesos judiciales parecidos, de ahí los esfuerzos oficiales por “democratizar” la Justicia cuanto antes. Aunque negarse a permitir el desafuero del senador Menem tendría ciertos costos políticos para el oficialismo, a la larga la alternativa de soltarle la mano podría resultarle peor ya que, entre otras cosas, sería una forma de advertir a Cristina de que en la Argentina no hay piedad para los mandatarios caídos en desgracia y que sin poder político no hay impunidad. En principio, es muy positivo que la Justicia haya ratificado que nadie, ni siquiera un expresidente que durante años disfrutó del apoyo decidido de la mitad de la población del país, está por encima de la ley, pero no lo serán las consecuencias políticas del fallo que, por supuesto, no está firme, ya que Menem lo apelará ante la Corte Suprema. Desde hace algunos meses la convicción de que Cristina y sus “soldados” irían a virtualmente cualquier extremo a fin de aferrarse al poder so pretexto de que están llevando a cabo una “revolución” está envenenando la vida política del país. Al darse cuenta los kirchneristas de que la corrupción no es un tema meramente “abstracto”, como dicen ciertos intelectuales que simpatizan con el gobierno, sino algo que, andando el tiempo, podría significar el encarcelamiento de los encontrados culpables de delitos como aquellos que últimamente han figurado en el programa dominical del periodista Jorge Lanata, algunos parecen haber llegado a la conclusión de que no les quedaría más opción que la de intentar alejarse de la “democracia burguesa” para que Cristina permanezca en el poder por muchos años más, de tal modo ahorrándose un sinfín de problemas. La Justicia demoró 18 años en sentenciar a Menem y es posible que el proceso en su contra se prolongue, aunque sea poco probable que en esta oportunidad la Corte Suprema elija archivar el caso hasta nuevo aviso para que comparta el destino de tantos otros. Sea como fuere, es una gran lástima que no actuara con mayor rapidez. De haberlo condenado diez años antes los jueces del tribunal, los kirchneristas hubieran entendido desde el primer momento que la impunidad no es eterna y que por lo tanto les convendría hacer un esfuerzo auténtico por impedir que el flamante presidente Néstor Kirchner, su esposa y otros integrantes del gobierno violaran la ley, ya que tarde o temprano perderían la popularidad, y por lo tanto el poder, que les servía de escudo. En un país tan corrupto como el nuestro, donde es normal que algunos “emblemáticos” que no cuentan con el respaldo de agrupaciones políticas poderosas terminen entre rejas mientras que los “peces gordos” conservan su libertad, suele ser sumamente fuerte la tentación de aprovechar las oportunidades para enriquecerse brindadas por el poder. Poner fin a esta realidad desafortunada requeriría mucho más que la humillación tardía de un ex “carismático” ya anciano, con problemas de salud, que hace mucho dejó de desempeñar un papel significante en la política nacional. Para que se produjera un cambio genuino sería preciso que un dirigente aún popular descubriera que ni siquiera la capacidad para cosechar muchos millones de votos resultaría suficiente para asegurar su libertad, pero sucede que la cultura política del país tendría que evolucionar mucho más para que el poder dejara de ser sinónimo de impunidad.
