“Funcionarios públicos con carisma propio”

Lamento como afiliado tener que hacer pública esta carta, pero es evidente que en esta inesperada reestructuración quedará sellado el éxito o fracaso de nuestra gestión de gobierno. Al igual que a muchos otros, quienes me formaron me enseñaron que decir lo mismo que se piensa se llama “verdad” y hacer lo mismo que se dice, “honestidad” y que con su práctica iría creando mi propio carisma para transformarme –a través del tiempo– en una persona “creíble y confiable”. Dejando de lado si en forma personal alcancé o no este objetivo –y evitando así confusiones o polémicas que no conducen a nada– sólo recuerdo esto para que otros muchos –que están a la espera de premios políticos– entiendan de una vez por todas los motivos por los cuales la sociedad en su conjunto reclama dirigentes y –a la postre– funcionarios públicos con “carisma propio”. ¿De qué otra forma podemos restablecer la confianza en un gobierno si no es a través de sus instituciones, administradas por personas creíbles, confiables, idóneas y transparentes y con políticas abiertas, claras y de conjunto? Que nos digan la verdad, pero para luego actuar todos acorde con las circunstancias imperantes. Si estamos esperando un cambio no podemos seguir recibiendo dobles mensajes. Si hay un alto déficit fiscal que afrontar, ¿cómo van a aumentar los sueldos del Poder Ejecutivo sin antes intentar sanear esta difícil situación? Y si encima los equiparan con los del Poder Judicial –como también son fondos públicos–, lo primero que nos viene a la mente es preguntarnos cuál ha sido el rédito obtenido por la sociedad en relación con la excelente remuneración percibida cuando en todos estos años de democracia hemos visto lo ineficiente que ha sido. ¿Cómo se entiende si no que hayan dejado quebrada una provincia sin que esa enorme deuda se vea reflejada en infraestructura y servicios públicos y nadie aparezca como responsable? Hasta hemos perdido el banco provincial, que era el verdadero “motor” del desarrollo económico, y tampoco hubo castigos. ¿Qué hicieron los partidos de oposición representados en la Legislatura? ¿Existe una comisión de ética gubernamental? ¿Cuál es el rol del defensor del Pueblo sin un Poder Judicial acorde con sus investigaciones y denuncias? Si tampoco contamos con fiscales que actúen de oficio, ¿quién entonces cumple la función de contralor? Cuántos interrogantes por resolver… Otro tema que también ha generado desconfianza e incertidumbre es cómo es posible que hoy, con la tecnología con que contamos, se tenga que prescindir de 20.000 empleados estatales para poder detectar a 4.000 ó 5.000 “ñoquis”. ¿Qué sentido tiene perjudicar a 15.000 personas que están trabajando? Parece que algo no está demasiado claro. Saneado esto, para que no se repita nunca más deberíamos exigir una ya inevitable reforma del Estado donde se establezca que –como en otros países– ninguna repartición, incluyendo municipios, pueda gastar en la administración de sus recursos más del 15% del total de sus ingresos. Sólo así podrá llegar a la gente el 85% restante en servicios esenciales como salud, educación, seguridad y Justicia. A quienes me cuestionen afirmando que el Estado no es una empresa, les digo que ningún privado gastaría ese porcentaje de sus ingresos sólo para administrarlo. Si esto ya está reglamentado, es evidente que no se cumple, dado que hoy tenemos un Estado sobredimensionado, deficitario, burocrático, incompetente, incapaz y corrupto donde muchos –haciendo alarde de su ineficiencia– ponen tantas trabas a todo con su clásico “no se puede” que ya lo han transformado en una verdadera “máquina de impedir”. José de Giorgio, DNI 7.629.220 Afiliado al Partido Justicialista Villa Regina