Universos distintos
Por un lado, la Corte Suprema quiere que el Estado nacional asuma sus obligaciones legales para que, en palabras de su presidente, Ricardo Lorenzetti, “los jubilados no tengan juicios y acabar con su padecimiento”. Por el otro, el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, dice que hacerlo en todos los casos, como corresponde, “implicaría un riesgo institucional”: se estima que actualizar las jubilaciones al 82% móvil, como sucedería de extenderse a todas los fallos de la Corte, costaría anualmente más de 14.000 millones de pesos, además de los 28.000 millones que se necesitarían, por única vez, para actualizar los haberes. Ambos tienen razón, claro está, pero sucede que hace muchos años el país real, el habitado por los gobernantes y por personas de carne y hueso, entre ellas los jubilados, se independizó del formal, del previsto por la Constitución y por la Justicia que todos afirman respetar. En el primero, el gobierno de turno siempre hace lo que le parece más conveniente; en el segundo, los jueces fallan en base a la jurisprudencia, aunque a esta altura no pueden sino entender que se trata de una empresa quijotesca porque es virtualmente nula la posibilidad de que sus sentencias incidan en la realidad. Si bien el hundimiento de un sistema previsional que en teoría debería resultar adecuado es la consecuencia más dramática de la decisión implícita de los “realistas” de tratar la ley como a lo sumo una aspiración idealista, muy digna por cierto pero contraria al sentido común, dista de ser la única. Es a causa de la costumbre de gobernantes de diversa procedencia partidaria o ideológica de pasar por alto los fallos de los jueces de la Corte Suprema que la Argentina se ha visto convertida en un ejemplo mundial de inseguridad jurídica. Parecería que, según las pautas de los integrantes de la clase política nacional, la función de los jueces consiste en formular comentarios sobre lo que sucede, comparándolo con lo que en su opinión debería suceder, a sabiendas de que sus argumentos no servirán para cambiar nada. De vez en cuando, una intervención de la Corte Suprema, como las relacionadas con aquel desastre medioambiental vergonzoso que es el Riachuelo y, últimamente, con la apropiación por parte del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del dinero de los jubilados, se ve aprovechada por opositores para fustigar al oficialismo de turno, pero pocos suponen que gobernantes de otro signo actuarían de manera distinta. Con todo, aunque nuestros políticos se han habituado a distinguir entre lo que conforme a la ley debería suceder y lo que dadas las circunstancias podría suceder, en el exterior los hay que se resisten a comprender que la legalidad es una cosa y la realidad, otra radicalmente diferente. Para extrañeza de nuestros dirigentes, los inversores del resto del mundo siguen siendo reacios a arriesgarse aquí, actitud que ya es motivo de preocupación para los encargados de YPF que tendrían que, para defender con éxito la “soberanía hidrocarburífera”, contar con la colaboración de empresas petroleras foráneas gigantescas que están pidiendo garantías un tanto más confiables que las supuestas por las promesas oficiales. Asimismo, los perjudicados por la negativa de nuestro gobierno a acatar los fallos en su contra de tribunales internacionales, además de quienes se sienten molestos por las arbitrariedades comerciales que ya son rutinarias, están preparándose para tomar represalias económicas y diplomáticas. Desgraciadamente para los jubilados, no están en condiciones de hacer lo mismo. Como tantos otros, no tienen más alternativa que la de resignarse a que aquí la legalidad y todo lo vinculado con ella son conceptos utópicos. Si bien ganar un juicio contra los realistas podría suponerles cierta satisfacción emotiva, no les supondría ninguna mejora concreta. En cuanto a la noción reivindicada por Lorenzetti, según la que “tenemos que tratar de que todos los poderes del Estado tengamos una visión enfocada en mejorar y facilitar la vida de los ciudadanos y no complicársela”, se trata de una manifestación de buena voluntad que, como tantas que han sido incorporadas en la Constitución nacional, no es más que una expresión de deseos, ya que, con escasas excepciones, los responsables de manejar “los poderes del Estado” tienen otras prioridades.
