Sigue la pelea
Al dar a entender que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y otros funcionarios no hablaban en serio cuando dijeron que el país no entregaría un solo centavo a los “fondos buitre”, el gobierno logró que la Corte de Apelaciones de Nueva York le diera más tiempo para llegar a un acuerdo con los acreedores así calificados, pero para que no se repita en febrero el drama que fue desatado por el fallo del juez Thomas Griesa, le será necesario producir un plan de pago convincente. Aunque es bien escasa la posibilidad de que el gobierno consiga apaciguar a los “buitres” que, desde luego, van por todo, no debería resultarle demasiado difícil hacer una oferta que merezca la aprobación de la Justicia neoyorquina que se aferra al principio de “pari passu”, según el cual hay que tratar de la misma manera a todos los acreedores. Si bien a la presidenta, acostumbrada como está a ver todo en blanco y negro, no le gustaría para nada sentirse obligada a adoptar una estrategia menos conflictiva que la que la llevó a enfrentarse con Griesa, el que últimamente haya asumido una postura más conciliatoria, subrayando su voluntad de honrar los compromisos legales, hace pensar que procurará aprovechar el alivio que acaba de serle concedido. Asimismo, para minimizar los costos políticos que a su juicio le supondría un cambio radical de actitud, Cristina ha tratado la decisión de la Corte de Apelaciones como un gran triunfo nacional en la lucha contra los “buitres” que, asegura, “no nos han vencido”. La propensión maniquea del gobierno kirchnerista a dividir el mundo entre amigos y enemigos con los que no se puede negociar le supuso muchas ventajas en el corto plazo, pero ya le está resultando contraproducente no sólo en el país, donde son cada vez más numerosos los contrarios a la gestión de Cristina, sino también en el exterior. La forma desafiante y despectiva en la que el gobierno intentó presionar a la Justicia norteamericana nos puso al borde de un default técnico. Aunque parecería que dicho peligro ha quedado atrás, el episodio ha servido para recordarle al resto del mundo que la Argentina no ha salido por completo del default que se declaró en diciembre del 2001 y, para más señas, que se ha habituado a desconocer los fallos adversos. Puede que no prospere el proyecto de ley que está tramitando la Cámara de Representantes estadounidenses para sancionar a países como la Argentina por sus incumplimientos financieros rutinarios, privándolos de acceso a los mercados de capitales, pero el mero hecho de que esté debatiéndose una iniciativa de esta clase en el Congreso norteamericano es preocupante. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, el Japón y China, los gobernantes están resueltos a impedir que se difunda la idea de que el default es una opción fácil, razón por la que los europeos han gastado una cantidad astronómica de dinero en un esfuerzo por rescatar a Grecia, país cuyas deudas han alcanzado dimensiones claramente insostenibles. Aunque les es evidente que en circunstancias determinadas “reestructurar” deudas impagables e incobrables resulta la única alternativa realista, no quieren que el proceso así supuesto sea indoloro para los políticos responsables por temor a lo que sucedería si los países del sur de Europa, impresionados por el crecimiento macroeconómico pos-default de la Argentina, se negaran a intentar cumplir sus obligaciones financieras. Asimismo, si bien es comprensible que nuestros gobernantes se hayan jactado del buen desempeño de la economía nacional en los años que siguieron al default, al informar a los demás que gracias al “modelo” el país disfrutaba de un boom de consumo sin precedentes, invitaron a los “holdouts”, tanto a los representados por los fondos especulativos “buitre” como otros, entre ellos grupos de jubilados, de imagen menos antipática, que la Argentina se ha recuperado del desastre del 2001 y 2002 y que por lo tanto está en condiciones de pagarles por lo menos una parte de lo que están reclamando. Es natural, pues, que la negativa de Cristina a reconocer que la situación actual es muy distinta de aquella de once años antes, puesto que la Argentina ha dejado de ser un país víctima de una coyuntura financiera y económica internacional insoportable, haya tenido repercusiones tan fuertes en el exterior.
Al dar a entender que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y otros funcionarios no hablaban en serio cuando dijeron que el país no entregaría un solo centavo a los “fondos buitre”, el gobierno logró que la Corte de Apelaciones de Nueva York le diera más tiempo para llegar a un acuerdo con los acreedores así calificados, pero para que no se repita en febrero el drama que fue desatado por el fallo del juez Thomas Griesa, le será necesario producir un plan de pago convincente. Aunque es bien escasa la posibilidad de que el gobierno consiga apaciguar a los “buitres” que, desde luego, van por todo, no debería resultarle demasiado difícil hacer una oferta que merezca la aprobación de la Justicia neoyorquina que se aferra al principio de “pari passu”, según el cual hay que tratar de la misma manera a todos los acreedores. Si bien a la presidenta, acostumbrada como está a ver todo en blanco y negro, no le gustaría para nada sentirse obligada a adoptar una estrategia menos conflictiva que la que la llevó a enfrentarse con Griesa, el que últimamente haya asumido una postura más conciliatoria, subrayando su voluntad de honrar los compromisos legales, hace pensar que procurará aprovechar el alivio que acaba de serle concedido. Asimismo, para minimizar los costos políticos que a su juicio le supondría un cambio radical de actitud, Cristina ha tratado la decisión de la Corte de Apelaciones como un gran triunfo nacional en la lucha contra los “buitres” que, asegura, “no nos han vencido”. La propensión maniquea del gobierno kirchnerista a dividir el mundo entre amigos y enemigos con los que no se puede negociar le supuso muchas ventajas en el corto plazo, pero ya le está resultando contraproducente no sólo en el país, donde son cada vez más numerosos los contrarios a la gestión de Cristina, sino también en el exterior. La forma desafiante y despectiva en la que el gobierno intentó presionar a la Justicia norteamericana nos puso al borde de un default técnico. Aunque parecería que dicho peligro ha quedado atrás, el episodio ha servido para recordarle al resto del mundo que la Argentina no ha salido por completo del default que se declaró en diciembre del 2001 y, para más señas, que se ha habituado a desconocer los fallos adversos. Puede que no prospere el proyecto de ley que está tramitando la Cámara de Representantes estadounidenses para sancionar a países como la Argentina por sus incumplimientos financieros rutinarios, privándolos de acceso a los mercados de capitales, pero el mero hecho de que esté debatiéndose una iniciativa de esta clase en el Congreso norteamericano es preocupante. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, el Japón y China, los gobernantes están resueltos a impedir que se difunda la idea de que el default es una opción fácil, razón por la que los europeos han gastado una cantidad astronómica de dinero en un esfuerzo por rescatar a Grecia, país cuyas deudas han alcanzado dimensiones claramente insostenibles. Aunque les es evidente que en circunstancias determinadas “reestructurar” deudas impagables e incobrables resulta la única alternativa realista, no quieren que el proceso así supuesto sea indoloro para los políticos responsables por temor a lo que sucedería si los países del sur de Europa, impresionados por el crecimiento macroeconómico pos-default de la Argentina, se negaran a intentar cumplir sus obligaciones financieras. Asimismo, si bien es comprensible que nuestros gobernantes se hayan jactado del buen desempeño de la economía nacional en los años que siguieron al default, al informar a los demás que gracias al “modelo” el país disfrutaba de un boom de consumo sin precedentes, invitaron a los “holdouts”, tanto a los representados por los fondos especulativos “buitre” como otros, entre ellos grupos de jubilados, de imagen menos antipática, que la Argentina se ha recuperado del desastre del 2001 y 2002 y que por lo tanto está en condiciones de pagarles por lo menos una parte de lo que están reclamando. Es natural, pues, que la negativa de Cristina a reconocer que la situación actual es muy distinta de aquella de once años antes, puesto que la Argentina ha dejado de ser un país víctima de una coyuntura financiera y económica internacional insoportable, haya tenido repercusiones tan fuertes en el exterior.
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