Cada vez más casos de consumo problemático en el trabajo: un tema que preocupa en Río Negro

El aumento sostenido de la demanda en organismos públicos por parte de trabajadores impulsó la creación de un protocolo de actuación. Si bien hay un “subregistro”, los datos de 2025 activaron alarmas. Los detalles de la guía.

Por Florencia Bark

“Esto deviene de la demanda de muchas áreas del Estado que empiezan a observar indicadores emocionales, físicos, económicos y laborales que determinan esta situación de consumo”, señaló Norma Mora, directora ejecutiva de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos a Diario RÍO NEGRO.

Una señal de alerta se encendió en la Provincia de Río Negro y derivó en la elaboración de una guía específica de actuación ante el crecimiento sostenido de situaciones de consumo problemático entre trabajadores estatales en el ámbito provincial.

El diagnóstico revela que durante 2025 registraron un incremento mensual de aproximadamente 10 casos por repartición. No obstante, Mora advirtió que se trata de un “subregistro” porque solo se trata de la demanda que llega de manera espontánea.

Presentación de la Guía de Actuación con autoridades del Ministerio de Salud e IPAP. Foto: gentileza.

Según explicó la funcionaria, la iniciativa fue lanzada oficialmente el 28 de abril y surgió a partir de la demanda concreta y cada vez más frecuente dentro de las distintas reparticiones públicas por pedidos de asistencia.

Alcohol y drogas: el consumo deteriora la vida cotidiana


Mora describió escenas que se reiteran y que son indicadores concretos: trabajadores que dejan de asistir a sus puestos de trabajo, que llegan en condiciones inadecuadas o que atraviesan situaciones económicas críticas asociadas al consumo o a conductas como el juego compulsivo.

Se trata de situaciones en las que el consumo ya atenta y deteriora la vida cotidiana de esas personas afectadas. «Puede ser alcohol, cocaína, crack, pastillas, clonazepam, morfina, tramadol», detalló a este medio.

La problemática atraviesa a organismos de todo tipo como escuelas, hospitales, fuerzas de seguridad o áreas de servicios; y está fuertemente atravesada por el estigma, la discriminación y el miedo, lo que dificulta su visibilización.

«Mucha población está atravesada por los mismos problemas, de ahí surge la necesidad de empezar a ordenar, de marcar los pasos a seguir cuando observo que tengo un compañero en situación de consumo problemático».

Norma Mora, directora ejecutiva de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos.

En ese contexto, la funcionaria planteó la necesidad de construir una política pública que ponga el tema en agenda. “No se puede pasar por alto”, sostuvo.

A su vez, recordó que las adicciones y la salud mental ocupan hoy el quinto lugar a nivel epidemiológico global, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Consumos problemáticos en el trabajo: una guía para intervenir


Con ese diagnóstico como punto de partida, desde el Estado Provincial lanzaron la guía de actuación, que en 16 páginas busca unificar criterios y ofrecer herramientas claras a las áreas de Recursos Humanos frente a estas situaciones.

El documento, impulsado por el Ministerio de Salud, a través del Programa Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, el Consejo de la Función Pública y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

El abordaje propuesto se sustenta en principios de derechos humanos, salud mental comunitaria y reducción de riesgos y daños. Y como enfoque, se propone priorizar el acompañamiento y la atención en salud a la persona afectada, por sobre las sanciones disciplinarias.

El protocolo puede activarse en varios casos: cuando el propio trabajador pide ayuda, cuando hay preocupación de su entorno laboral, ante la detección de indicadores por parte de Recursos Humanos o si la persona se presenta a trabajar en estado de intoxicación.

En todos los casos, la primera respuesta institucional apunta a generar instancias de diálogo confidencial y facilitar el acceso a dispositivos de salud mental y espacios especializados. El procedimiento incluye la gestión de turnos, el seguimiento del tratamiento y la articulación con redes familiares o afectivas.

Solo cuando no hay adherencia al acompañamiento se habilitan medidas administrativas, siempre como último recurso.

La guía también prevé cómo actuar cuando la persona no reconoce el problema. En esos casos, se habilitan mecanismos de notificación confidencial por parte de compañeros o superiores, instancias de diálogo institucional, contacto con redes socioafectivas y acciones de sensibilización en el ámbito laboral. 

En situaciones críticas, como la presencia de un trabajador en estado de intoxicación, el protocolo indica la intervención inmediata de servicios de emergencia y la activación de los dispositivos de salud correspondientes, además del registro formal del hecho y la continuidad del acompañamiento.

Otro de los ejes centrales es la prevención. La iniciativa incluye capacitaciones, talleres y espacios de sensibilización (presenciales y virtuales) destinados a todo el personal estatal, con el propósito de construir entornos laborales más informados y empáticos.

Claves de la guía de actuación: punto por punto


El nuevo instrumento fija una serie de lineamientos centrales para abordar los consumos problemáticos en el ámbito laboral:

  • Activación del protocolo: puede iniciarse por pedido del trabajador, por alerta del entorno, por detección institucional o ante intoxicación en el trabajo.
  • Acompañamiento como eje: se prioriza la escucha, la orientación y el acceso a tratamiento por sobre cualquier sanción.
  • Rol de Recursos Humanos: debe convocar al trabajador, garantizar la confidencialidad, gestionar la atención y realizar un seguimiento periódico. El seguimiento incluye constancias periódicas de asistencia, sin diagnóstico. El proceso puede incluir a redes familiares o afectivas. Cada 30 días se evalúa la adherencia al tratamiento. Si el tratamiento continúa, se certifica su pertinencia.
  • Falta de reconocimiento del problema: se habilitan mecanismos de notificación confidencial, espacios de diálogo y acciones de sensibilización. Se ofrecen recursos de ayuda y acompañamiento.
    Se puede contactar a su entorno cercano. Las sanciones son el último recurso.
  • Situaciones críticas: ante intoxicación, se indica intervención inmediata de servicios de emergencia para la evaluación médica y posterior acompañamiento.
  • Capacitación y prevención: incluye capacitaciones, talleres y acciones para todo el personal estatal. Acciones de sensibilización para todo el personal.


“Esto deviene de la demanda de muchas áreas del Estado que empiezan a observar indicadores emocionales, físicos, económicos y laborales que determinan esta situación de consumo”, señaló Norma Mora, directora ejecutiva de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos a Diario RÍO NEGRO.

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