Aseguran que la causa sigue en pleno trámite

NEUQUEN (AN)- La investigación del escándalo de los subsidios de Centenario «se está tramitando en forma normal, no hay riesgo de que prescriba, y antes de fin de año estará concluida». Así lo informó ayer la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia.

«Río Negro» realizó varias consultas entre abogados y funcionarios allegados al expediente para conocer el estado de la causa, a partir de las declaraciones que realizó a una radio de Centenario uno de los imputados, el piquetero-puntero-desocupado Héctor «Zapallito» Molina. Según su versión, «los plazos están vencidos» y su abogado presentó nulidades «para que todo esto termine».

Las fuentes especularon que Molina formuló esas declaraciones porque se enteró, quién sabe por qué vía, que un testigo hizo en estos días un aporte incendiario a la causa: lo acusó de cambiar subsidios por favores sexuales, y prometió demostrarlo.

Ese testigo es Roberto «Garrincha» Figueroa, quien tiene un viejo enfrentamiento con Molina por el manejo de los planes sociales y otros favores del gobierno municipal (ver aparte).

«Molina está advirtiendo: ojo que si me llevan a juicio, prendo el ventilador», indicó una de las fuentes consultadas ayer por este diario.

El escándalo de los subsidios estalló en setiembre de 2002, cuando la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, por entonces al mando de Pedro Telleriarte, realizó una veintena de allanamientos en Centenario, incluida la municipalidad.

Según se determinó entonces, en la localidad en la que mandaba Luis Castillo se había organizado «un virtual saqueo de los fondos públicos». El intendente, el piquetero más famoso del pueblo y hasta un funcionario provincial que respondía en forma directa al ministro Jorge Lara (en aquella época, a cargo de Desarrollo Social) llamado Alejandro Romeo manejaban discrecionalmente los subsidios en beneficio propio y como mecanismo de extorsión, según se desprende de la investigación de Telleriarte, que en sus tramos sustanciales fue ratificada por una Cámara Penal.

Pero después de un comienzo huracanado que hizo saltar del sillón a Castillo, el expediente fue perdiendo fuerza hasta convertirse en una suave brisa y todo pareció quedar olvidado.

Desde hace unos meses, la investigación está en manos del juez Daniel Varessio. En las cercanías de su despacho se comenta que la causa no será cerrada, tal cual lo ratificó ayer la oficina de prensa del TSJ, y que en cambio está en plena ebullición, como en sus primeros tiempos.

Varessio le tomó declaración a Figueroa, quien hizo sus temerarias afirmaciones sobre la conducta de Molina. También citó al dueño de una estación de servicios para que declare como imputado, pero el empresario no se presentó.

Ayer este diario intentó hablar con «Garrincha», pero él no quiso referirse ni a los dichos de Molina ni a la declaración judicial que prestó.

Por otro lado, Varessio rechazó un planteo de nulidad que le había presentado hace un año el abogado Gustavo Olivera, quien defiende a ex funcionarios de Castillo.

Olivera había basado su pedido de nulidad justamente en las declaraciones de «Garrincha» Figueroa, quien se atribuye el mérito de haber sido el que le aportó más cantidad de información a Telleriarte. Para Varessio eso no está probado.

Otras fuentes indicaron que Figueroa no figura haciendo ningún aporte en el expediente mientras éste estuvo en poder de Telleriarte.

Notas asociadas: Política, poder y negocios  

Notas asociadas: Política, poder y negocios