Astiz negó acusación por monjas francesas y culpó a agentes galos

El ex represor de la dictadura Alfredo Astiz negó ayer ante la Justicia las imputaciones sobre el secuestro y homicidio de dos monjas francesas, de lo que responsabilizó a «agentes encubiertos» de Francia.

Astiz está acusado de haber actuado en los casos de Leonie Duquet y Alice Domon, que en 1977 pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y al menos una de ellas fue arrojada al mar en un «vuelo de la muerte».

Por eso, el destituido capitán de la Armada, de 56 años, pidió a la Justicia que ordene la captura internacional, con fines de extradición, del ciudadano francés René y/o Bertrand de Perseval o Parseval, «quien es sindicado por (la periodista) María Monique Robin y (la familiar de desaparecidos) María del Rosario Cerruti como asistente al momento en que fueron detenidas las monjas francesas».

«No me extraña que Francia me persiga pretendiendo responsabilizarme, echándome la culpa de todo lo acontecido y actuado por sus agentes encubiertos», dijo el ex marino al declarar ayer por primera vez las veces anteriores se había negado desde que está imputado en causas por violaciones a los derechos humanos.

En 1990, un tribunal de París juzgó en ausencia a Astiz, también conocido por sus víctimas como «El Cuervo» y «Gustavo Niño, y lo condenó a reclusión perpetua por los secuestros de Duquet y su colega Domon.

Astiz entregó al juzgado una desgrabación del documental «Los escuadrones de la muerte, la escuela francesa», de la periodista María Monique Robin, que menciona la participación de generales de Francia con experiencia en la guerra de contrainsurgencia en Argelia en el entrenamiento de militares argentinas para reprimir a los grupos guerrilleros.

En su declaración indagatoria, proclamó su «inocencia total y absoluta» al tiempo que solicitó el «sobreseimiento definitivo en esta causa», pero aclaró que mientras se sustancien las medidas de prueba ofrecidas al juzgado, disponga «la libertad» porque, a su entender, «no hay peligro de fuga».

Para reclamar esas posibles disposiciones de parte del juzgado en su beneficio se basó en que «estos presupuestos son los que expone el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de 2005 sobre los derechos humanos en la Argentina».

A su vez, Astiz pidió al jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Jorge Godoy, que lo relevara de la obligación de guardar secreto «respecto a las tareas de inteligencia efectuadas» en relación a los secuestros ocurridos en la Iglesia de Santa Cruz, donde fuera secuestrada la religiosa francesa Leonie Duquet, y las familiares de desaparecidos María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Balestrino de Careaga y Angela Aguad.

El ex capitán de fragata expresó que, entre todos los declarantes en la causa, «no hay un sólo testigo presencial de los hechos que me haya imputado los delitos de desaparición forzada de personas y homicidios» y remarcó que «todos se refieren a tareas de inteligencia». (DyN)