Aumentaron las denuncias por los créditos fáciles de sacar pero caros

La Defensoría del Consumidor de Neuquén registró el incremento en los últimos cuatro meses. Por los pocos requisitos que se requieren para acceder a dinero en efectivo muchas personas no tienen en cuenta los altos intereses que se cobran.

El rubro financiero se encuentra en el primer puesto de denuncias radicadas en la Defensoría del Consumidor, con alrededor de 30 expedientes. El aumento se registró en los últimos cuatro meses. Adultos mayores y personas de bajos recursos suelen ser el blanco de créditos, muchas veces abusivos, con tasas de interés del más del 100% anual.

En un contexto de crisis económica, con una gran pérdida del poder adquisitivo, la gente se encuentra, además, “sobreendeudada”. Así lo declaró la directora del organismo, Laura Vargas.

El centro comercial de Neuquén está inundado de entidades financieras y casas que otorgan préstamos. En casi todas, los requisitos para contraer un crédito son mínimos. Sólo se necesita el DNI, un servicio que acredite el domicilio de residencia, el último recibo de sueldo (con una antigüedad mayor de cuatro meses) y un par de números telefónicos de referencia.

Una vez reunidas las condiciones, el consumidor se puede retirar de la sucursal con un monto máximo de entre $40.000 y $50.000 en efectivo, según los ingresos de quien lo solicite y si se lo adquiere por primera vez.

La pregunta que deberían hacerse los usuarios es: ¿a qué costo? En caso de contraer un préstamo inicial, dependiendo del salario, se pueden retirar hasta $19.000, a pagarse en 12 cuotas de $3.496. Esto quiere decir que a la entidad se le devuelven $41.952, más del doble de lo prestado. La tasa anual resulta, entonces, mayor al 100%.

Si el beneficio lo vale, será una decisión del consumidor. El problema es que la mayoría no cuenta con la información necesaria al momento de tomarla. “El costo final total del crédito es importantísimo y no suelen darlo porque es una información que ahuyenta”, enfatizó Vargas.

La información debe ser correcta, clara, precisa y oportuna. La oportunidad para el consumidor tiene que estar antes de los problemas»

Laura Vargas, directora de la Defensoría del Consumidor.

“El gran dilema es que en la mayoría de los casos los contratos de adhesión están firmados por los usuarios. Suelen reconocer que sí firmaron, pero que nadie les explicó nada”, indicó. La abogada informó que las entidades tienen la obligación de entregar un contrato para que el usuario pueda leerlo tranquilo. Agregó, además, que en la oficina de la defensoría pueden recibir asesoramiento gratuito.

“La urgencia hace que resuelvan rápido la contratación para tener ese dinero enseguida”, resaltó la directora y señaló que por ello, al ya haber prestado su consentimiento, lo mejor solución que puede brindar el organismo es conciliar un refinanciamiento, “al menos que se logre demostrar que existen cláusulas abusivas”. Sin embargo, las firmas no están obligadas a prestarlo, por lo que pueden proceder a la ejecución de un embargo.

Otro problema es cuando se adquieren deudas a través de los débitos automáticos.

Es fundamental ser un «consumidor responsable»

Además del derecho a la información, que muchas veces es transgredido por las firmas, Vargas sostuvo que es fundamental ser “un consumidor responsable”. Explicó que es “aquel que toma recaudos, sobre todo cuando va a adquirir un compromiso económico”. Indicó que esto es muy relevante, ya que es muy difícil probar que los usuarios no recibieron la información pertinente si las empresas cuentan con los contratos firmados.

Algunas cosas a tener en cuenta, están establecidas en la ley de Defensa del Consumidor. Indica que “todos los documentos que se firman al momento de tomar un préstamo o adquirir una tarjeta de crédito deben contener información adecuada y veraz. Es un derecho de las y los consumidores tener una copia de todos los documentos firmados”.

Asienta, también, que “en muchas ocasiones se exige la firma de un pagaré en blanco”, pero desde la Justicia señalan: “su uso en el marco de los créditos para el consumo es cuestionado porque se lo considera una cláusula abusiva. Es así dado que, en caso de llegar a un futuro proceso judicial, limita la capacidad de defensa del consumidor”.


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