Aymaras amenazan con extender rebelión en Bolivia

LA PAZ (AP).- El pueblo aymara que asesinó a su alcalde hace once días en Bolivia se niega a negociar con el gobierno y amenaza con extender su rebelión a toda la provincia si no son liberados los tres sospechosos del crimen, dijo el sábado a la AP el dirigente Gabriel Pinto.

Alegan que se trató de «justicia comunitaria» por los cuatro años que les «robó el alcalde Benjamín Altamirano», señaló.

Los campesinos esperan respuestas, pero tampoco han ejecutado hasta el sábado su amenaza de cortar una carretera y hacer volar un ducto que pasa cerca del lugar.

A Altamirano lo secuestró un grupo de vecinos en una calle de La Paz. Luego fue llevado a Ayo Ayo donde lo torturaron hasta la muerte, incendiaron su vivienda y su cadáver fue quemado en la plaza.

Sus cenizas aún permanecen como manchas en las piedras al pie del monumento al caudillo aimara, Tupaj Catari en la plaza del poblado a 87 kilómetros al norte de La Paz.

La viceministra de Participación Popular, Doris Alandia, dijo que el gobierno no «negociará el cumplimiento de la ley». Pinto alega que durante tres años «buscaron justicia en los estrados judiciales y nadie los escuchó».

Desde que ocurrió la tragedia, el pueblo de unos 7.000 habitantes mantiene el «código del silencio». Nadie delata a nadie por temor a represalias. A la vez, todos asumen la autoría del crimen.

En 1995 el gobierno aprobó la Ley Participación Popular que reconoce la descentralización de recursos financieros en favor de los pueblos. Llegó el dinero a los municipios, pero también se «democratizó la corrupción», reconocen los expertos.

Los mecanismos de fiscalización de las comunidades indígenas con frecuencia han tropezado con el lento aparato judicial para castigar la mala administración.Cerca de medio centenar de alcaldías de las 314 que hay el todo el país enfrentan problemas de administración y fiscalización.

En Ayo Ayo el estado ha perdido control. La policía abandonó el pueblo por falta de garantías y el resguardo ha quedado a cargo de una «policía sindical» elegida por los pobladores. Tampoco hay autoridades municipales.

Pero el conflicto parece tener otros móviles. Desde las protestas de octubre del año pasado que derivaron en la muerte de 56 personas y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los indígenas viven una suerte de rebelión contra del estado y las autoridades. Se quejan de haber sido «echados al olvido y condenados a la pobreza», según Pinto y parecen no estar dispuestos a esperar más.