Banco Central y poder político
La siempre compleja relación entre el Banco Central y el poder político ha entrado, una vez más, en la discusión pública a raíz de la creación del Fondo del Bicentenario, su conflictiva derogación y la creación a su vez del Fondo de Desendeudamiento Argentino (Fodear). El Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se creó el primero de los nombrados (Nº 2.010, del 14/12/2009 ) es similar al que dispuso el pago total de la deuda al FMI en el 2005. En esa ocasión se sancionó el DNU 1.599 (del 15/12/2005) que modificó la ley 23.938, de convertibilidad del austral. Ese DNU, a diferencia del que se dictó en diciembre último, fue ratificado por una ley del Congreso (Nº 26.076, del 21/12/2005). Esta última norma introduce el concepto de “reservas de libre disponibilidad”, como lo reitera ahora el DNU del Fodear, que serían aquellas que exceden el 100% de las necesarias para respaldar la base monetaria (circulación monetaria + encajes en pesos de los bancos en el Banco Central). Aquellas reservas podrían ser aplicadas al pago de deudas con organismos multilaterales de crédito. Ahora, además, se podrían emplear también para el pago de los servicios de la deuda pública tal cual lo establece la novedad que introdujo en su momento el DNU que creó el Fondo del Bicentenario. ¿Reservas de libre disponibilidad? Ahora bien, ¿es correcto hablar de reservas de libre disponibilidad? No, no lo es. Porque las reservas tienen que respaldar no sólo la base monetaria, sino también los pasivos financieros del Banco Central (lebac + nobac + pases pasivos). Sin perjuicio de ello, el gobierno nacional ya se apoderó de 9.539 millones de dólares (pago al FMI) y ahora, con el último fondo creado, hizo lo mismo con 4.382 millones de dólares adicionales, además de los 2.182 millones de dólares que se transfirieron el mismo día por otro decreto del Poder Ejecutivo. En todos los casos son fondos que tenían dueño. El gobierno podría haber obtenido estos recursos entregando al Banco Central los pesos necesarios a tal fin. De haber obrado así no se hubiera suscitado ninguna disputa. Pero como no tiene esos pesos (o si los tiene, es posible que los quiera usar para fines proselitistas), inventa lo de las “reservas de libre disponibilidad”, lo que constituye un grave error técnico. Los conflictos entre el Banco Central y el poder político se centran, por lo común, en el intento de los gobiernos de usar las reservas para fines alejados de su destino legítimo, cual es el de servir para mantener la estabilidad cambiaria, frente a contingencias que la afectan transitoriamente. Otra fuente frecuente de conflictos, como lo hemos visto en estos días, es la pretensión de los gobiernos de que el Banco Central financie, vía emisión, los déficits fiscales. Más allá de que el Banco Central no puede ser absolutamente independiente del poder político, a los avances espurios del gobierno central sobre las facultades propias de la autoridad monetaria, hay que decirles siempre que no. La situación que se ha planteado ahora con un Banco Central demasiado complaciente con el Poder Ejecutivo no es bueno para las instituciones, por la autonomía que debe preservar la autoridad monetaria y tampoco es bueno para el país. (*) Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
LUIS GARCÍA MARTÍNEZ (*)
La siempre compleja relación entre el Banco Central y el poder político ha entrado, una vez más, en la discusión pública a raíz de la creación del Fondo del Bicentenario, su conflictiva derogación y la creación a su vez del Fondo de Desendeudamiento Argentino (Fodear). El Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se creó el primero de los nombrados (Nº 2.010, del 14/12/2009 ) es similar al que dispuso el pago total de la deuda al FMI en el 2005. En esa ocasión se sancionó el DNU 1.599 (del 15/12/2005) que modificó la ley 23.938, de convertibilidad del austral. Ese DNU, a diferencia del que se dictó en diciembre último, fue ratificado por una ley del Congreso (Nº 26.076, del 21/12/2005). Esta última norma introduce el concepto de “reservas de libre disponibilidad”, como lo reitera ahora el DNU del Fodear, que serían aquellas que exceden el 100% de las necesarias para respaldar la base monetaria (circulación monetaria + encajes en pesos de los bancos en el Banco Central). Aquellas reservas podrían ser aplicadas al pago de deudas con organismos multilaterales de crédito. Ahora, además, se podrían emplear también para el pago de los servicios de la deuda pública tal cual lo establece la novedad que introdujo en su momento el DNU que creó el Fondo del Bicentenario. ¿Reservas de libre disponibilidad? Ahora bien, ¿es correcto hablar de reservas de libre disponibilidad? No, no lo es. Porque las reservas tienen que respaldar no sólo la base monetaria, sino también los pasivos financieros del Banco Central (lebac + nobac + pases pasivos). Sin perjuicio de ello, el gobierno nacional ya se apoderó de 9.539 millones de dólares (pago al FMI) y ahora, con el último fondo creado, hizo lo mismo con 4.382 millones de dólares adicionales, además de los 2.182 millones de dólares que se transfirieron el mismo día por otro decreto del Poder Ejecutivo. En todos los casos son fondos que tenían dueño. El gobierno podría haber obtenido estos recursos entregando al Banco Central los pesos necesarios a tal fin. De haber obrado así no se hubiera suscitado ninguna disputa. Pero como no tiene esos pesos (o si los tiene, es posible que los quiera usar para fines proselitistas), inventa lo de las “reservas de libre disponibilidad”, lo que constituye un grave error técnico. Los conflictos entre el Banco Central y el poder político se centran, por lo común, en el intento de los gobiernos de usar las reservas para fines alejados de su destino legítimo, cual es el de servir para mantener la estabilidad cambiaria, frente a contingencias que la afectan transitoriamente. Otra fuente frecuente de conflictos, como lo hemos visto en estos días, es la pretensión de los gobiernos de que el Banco Central financie, vía emisión, los déficits fiscales. Más allá de que el Banco Central no puede ser absolutamente independiente del poder político, a los avances espurios del gobierno central sobre las facultades propias de la autoridad monetaria, hay que decirles siempre que no. La situación que se ha planteado ahora con un Banco Central demasiado complaciente con el Poder Ejecutivo no es bueno para las instituciones, por la autonomía que debe preservar la autoridad monetaria y tampoco es bueno para el país. (*) Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
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