Bariloche tiene su emergencia, pero a medias

SAN CARLOS DE BARILO-CHE (AB)- El Concejo Deliberante declaró ayer la emergencia económica, financiera y administrativa mediante una ordenanza que contiene además un abultado paquete de medidas dirigidas a recortar el gasto público.

El resultado del texto, cuya elaboración llevó casi dos meses, no dejó del todo conforme al intendente Atilio Feudal, quien pretendía imponer una reducción de una hora en la jornada laboral del personal de planta con la correspondiente poda salarial.

Esa medida fue extirpada del proyecto, que sólo estableció un régimen optativo de retiros voluntarios con compensaciones a pagarse en bonos. Habrá sí un achique severo sobre el personal contratado, que en conjunto no podrá significar una erogación mensual superior a los 110 mil pesos.

El objetivo es neutralizar el déficit presupuestario que, según el oficialismo, supera los 400 mil pesos mensuales.

El Soyem se mostró satisfecho con el resultado alcanzado. La secretaria adjunta del gremio, Graciela Bedini, aseguró que los salarios de bolsillo de los trabajadores no se modificarán. Sólo perderán las horas extras (que quedaron suspendidas) y eventualmente los adicionales no remunerativos, cuya eliminación será evaluada por la comisión de asuntos gremiales.

El debate fue seguido por buena parte del gabinete de Feu-dal y otras 70 personas entre los que eran mayoría los trabajadores municipales. También ha-bía un ruidoso grupo de seguidores del concejal peperreísta Claudio Lueiro.

A la hora de votar, todos los ediles aprobaron la ordenanza con excepción de Lueiro, quien dijo que el Ejecutivo no había aportado los balances ni la deuda exacta, entre otros elementos necesarios para acreditar la emergencia.

Otros concejales, como Jorge Temporetti (MPP) y Ricardo Ledo (PJ) fustigaron a Feudal por su «soberbia y falta de lideraz-go», pero terminaron votando por la afirmativa. Ambos destacaron que en el texto fueron incorporadas muchas de las propuestas elaboradas por el Soyem.

El ajuste incluye una reducción en gastos de viáticos, teléfonos y protocolo. Elimina las cajas chicas y centraliza los recursos municipales en una cuenta corriente única.

También pone en revisión el Estatuto del Empleado Municipal y plantea la renegociación de todos los contratos con terceros que tiene el municipio.

En materia de ingresos, establece una nueva moratoria (la segunda en menos de un año) para el pago de tasas y un plan de descuentos de hasta el 50 % a quie-nes paguen multas o sanciones.

Otro artículo señala que el municipio no dará curso «a nin-gún tipo de trámites, reclamos, licencias o habilitaciones» a quienes mantengan deudas vencidas e impagas. Aunque no dice cómo ni cuándo entrará a regir esta cláusula.

Uno de los agregados más significativos al proyecto original es la creación de una «comisión de seguimiento» de la Emergencia, en la que participarán el Ejecutivo, el Soyem y concejales de todos los bloques. Sobre la mesa de debate los ediles agregaron ayer que sus dictámenes serán «vinculantes», lo cual en la práctica recorta el margen de acción del intendente.

El secretario de Gobierno, Rodolfo López Alfonsín, reconoció que el Ejecutivo no percibe que esta ordenanza alcance para lograr el equilibrio fiscal porque hará falta «una reducción de gastos más sustancial». Dijo sin embargo que Feudal no la vetará, si bien podría proponer normas complementarias.

Clima adverso a Feudal

El ardoroso debate previo a la sanción de la Emergencia dejó evidencias claras de que algunas cosas ya no serán como antes. El bloque del PPR que integran Claudio Lueiro y Andrea Casal, por ejemplo, quedó partido de hecho.

Lueiro votó en contra y Casal lo hizo a favor, aunque reconoció que con el proyecto en tratamiento no alcanzaba «ni para amortizar la deuda de la verdulería» dijo que daría su voto positivo. «De lo contrario -argumentó-, debería presentar una alternativa y no la tengo».

Sobre la concejala pesa el cuestionamiento de un supuesto canje político desde que su hijo Martín fue contratado por el municipio en el área de fiscalización.

Terminado el debate, Lueiro dijo que hubo una reunión partidaria que fijó postura contraria al proyecto y Casal «no acató el mandato».

Otro dato saliente fue la ausencia de defensores de Feudal. Tanto Lueiro y Ricardo Ledo (PJ) como Jorge Temporetti (MPP) lo criticaron con dureza, ante el silencio del oficialismo.

Sólo Marcelo Cascón sentó posición en nombre de la UCR y habló una vez más de la herencia recibida, aunque reconoció que «así el municipio es inviable» y que «hubo demoras» para atacar el déficit. Los otros cuatro ediles aliancistas que votaron no abrieron la boca durante el debate. (AB)