Sesión violenta: La querella impugnó el acuerdo que benefició a los sindicalistas
La abogada de la concejal Painefil cuestionó la probation que se otorgó por el pedido de disculpas de los municipales acusados.
Sesión violenta: La querella impugnó el acuerdo que benefició a los sindicalistas
El acuerdo sellado entre la fiscalía y la defensa de los empleados municipales y dirigentes gremiales de Soyem por la sesión violenta de diciembre de 2015, fue impugnado por la querella.
La abogada Mercedes Lasmartres, en representación de la concejal Cristina Painefil (Juntos) impugnó la probation por considerar que “se ha priorizado la paz social por sobre el derecho a la víctima”.
Lasmartres dijo que “el criterio de razonabilidad no es tal” y remarcó que “se excluyó a la víctima y sus intereses”, se quejó.
Minutos antes, en la audiencia judicial que presidió el juez Martín Arroyo, cada uno de los imputados pidió disculpas por los incidentes que protagonizaron en la primera sesión de los concejales que asumieron sus bancas en diciembre de 2015, cuando se trató la emergencia financiera.
Cristina Painefil, quien recibió cortes y otras heridas leves durante los disturbios y fue la única que intervino como querellante, manifestó su disconformidad con la suspensión de juicio a prueba -impulsada por los fiscales Martín Lozada y Guillermo Lista- y se retiró antes de escuchar el veredicto.
El juez Arroyo señaló que “la expectativa de pena” en caso de llevar la causa a juicio era de dos años de prisión en suspenso como máximo y por lo tanto la suspensión del juicio con pautas de conducta, disculpas públicas y trabajo comunitario era “una solución superadora”.
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El acuerdo incluye para cada uno de los acusados la realización de 48 horas de trabajo comunitario, el compromiso de evitar a futuro conductas similares y el pago de un resarcimiento conjunto de 198 mil pesos.
En febrero pasado ya hubo un intento de “probation” que fue rechazado por la fiscalía y en el cual los imputados ofrecían pagar 1.000 pesos cada uno. El juez subrayó que la fiscalía aceptó la “razonabilidad” de la nueva propuesta y que estaba “obligado” a hacer lugar al pedido.
Los acusados son Juan Fuentes, Fernando González, Adrián Arroyo, José Pincheira, Sandra Villanueva, Víctor Oyarzo, Juan Hermosilla, Lucas Richars, Cristian Catriman. Cada uno se disculpó en la audiencia judicial.
El secretario general deslizó una frase que no pasó desapercibida al decir que “hoy es momento de no tanto grito ni bombo. Es de pensamiento, de diálogo y de llegar a acuerdos”.
Desde que ocurrieron los hechos, en diciembre de 2015, el Soyem bajó en forma notoria el nivel de confrontación con el gobierno municipal, evitó la realización de paros y protestas y por primera vez aceptó acuerdos salariales sin discutirlos en asambleas.
El presidente del Concejo, Diego Benítez, tomó nota de las disculpas pero también consideró “insuficientes” las condiciones del acuerdo. Recordó que la ordenanza que había despertado la ira de los municipales fue la de emergencia económica, que tuvo vigencia por seis meses y “no produjo los despidos ni recortes” presagiados por el gremio. “Se demostró que no tuvo consecuencias”, dijo Benítez.
También negó que en aquel momento hubiera correspondido tomar otros recaudos o pedir el desalojo de la sala, porque “la violencia es algo que no se puede prever”.
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