Barras sin límites

El caótico final del velatorio de Diego Maradona dejó un reguero de acusaciones políticas cruzadas entre quienes advierten la mala organización del gobierno nacional y los que atribuyen el desborde a la Policía Metropolitana. Cualquiera sea la responsabilidad que se establezca, algo quedó claro: los barrabravas están más activos que nunca, no conocen límites de poder y tienen absoluta impunidad.

Cuando comenzó en marzo el aislamiento sanitario en el país, la actividad deportiva con público masivo fue lo primero que se restringió y probablemente sea lo último que regrese. Esta situación inédita dio a quienes buscan eliminar la violencia en el fútbol la esperanza de que desde el Estado se planificaran medidas para terminar con el accionar de los barrabravas, organizaciones delictivas que operan en clubes y estadios extorsionando a directivos y jugadores para tener pingües ganancias con la reventa de entradas, ropas, cercanía con los jugadores y el menudeo de droga, entre otros.

En mayo, el titular de la ONG Salvemos el Fútbol, Diego Murzi, estimaba que el cierre de los estadios, la ausencia de público, la merma en el comercio informal y la baja de ingresos en los clubes serían una ventana de oportunidad para poder, si no terminar, al menos asestarle un golpe a este sistema corrupto y violento.

Nada más lejos de la realidad. Un reciente informe en TyC Sports del periodista y experto en el tema Gustavo Grabia reveló que durante la cuarentena la mayoría de los grupos siguieron recibiendo su “mensualidad” de los clubes (¿de los aportes que daba el Gobierno a través de AFA?) y se “reinventaron” cual emprendedores para concretar negocios ilegales: narcotráfico, usurpaciones, vínculos con la mafia china, extorsiones a comercios a cambio de seguridad y apoyo territorial a las campañas políticas con vistas al 2021.

La actividad de los barras puede comprobarse apenas googleando esa palabra: inmediatamente aparecen noticias sobre golpizas, tiroteos entre facciones y agresiones a clubes o comercios en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, entre otras.

Para ellos no existió la restricción de movilidad.

La vitalidad y poder de estas organizaciones quedó al descubierto cuando, en medio del duelo popular por la muerte de Maradona, irrumpieron para protagonizar y sacar tajada del evento, nada menos que en el interior de la Casa Rosada. Desde la noche anterior, apenas conocida la noticia del velatorio, La Doce copó un sector privilegiado de la Plaza de Mayo y logró que su líder Rafael Di Zeo, que tiene prohibido ingresar a los estadios y causas pendientes, y algunos de sus seguidores ingresaran a la ceremonia íntima que realizaba la familia del 10.

Con el correr de las horas se fueron sumando violentos de distintos clubes de primera y del ascenso, con el riesgo de que facciones enfrentadas se cruzaran en la calle y se produjeran enfrentamientos. Para colmo, un grupo de la barra de Gimnasia logró ingresar por un acceso lateral de la Rosada cuando al resto del público ya se le había cortado el ingreso al edificio. En medio de escenas de violencia en las calles, otro grupo de barras copaba el Patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno haciendo oídos sordos al pedido del presidente Alberto Fernández para desarrollar el acto con tranquilidad.

El bochorno terminó con un final de apuro y el rápido traslado del cuerpo de Maradona al cementerio privado, donde sí pudo realizarse una ceremonia de entierro en paz.

Más allá de las responsabilidades, quedaron dos cosas claras. Una es que el gobierno nacional y el de CABA fueron incapaces de coordinar un operativo de seguridad efectivo y apartarse de la “grieta” política, incluso en un momento de dolor nacional como este. La otra es que, más allá de las ideologías, el poder de los barras y sus lazos con la política les permiten accionar a su antojo hasta en la sede máxima del poder, con toda impunidad.

Evidentemente, el final de estos grupos mafiosos está muy lejano, vuelva o no el público a los estadios, porque hay nula voluntad desde la dirigencia para combatirlos.


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