Buscan habilitar el aporte de empresas para la elección 2019

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En Argentina, a veces, los avances se producen al ritmo de los escándalos. Un nuevo debate –o más bien el resurgimiento de uno– se perfila para después del tratamiento del Presupuesto, en la antesala de las elecciones del 2019. Tras el megaescándalo de los cuadernos, el de los aportantes truchos en la campaña bonaerense, y, más atrás, la impugnación de la Justicia a los balances de campaña presentados por casi todos los partidos para la elección 2015, volvió al centro de la escena el oscuro financiamiento de la política.

Semanas atrás, Cambiemos –que ya había ingresado dos iniciativas en Diputados– y el PJ federal presentaron en el Senado sus propios proyectos para establecer la bancarización de los aportes y permitir que las empresas –personas jurídicas en rigor– puedan realizar legalmente aportes durante el período de campaña. Los tiempos apremian: si la norma no sale antes de fin de año, no llegaría a la elección, y en los partidos algunos temen resistencia de los privados a realizar aportes, considerando los peligros de quedar sospechados de corrupción. Varios empresarios lo expresaron en el último Coloquio de IDEA. Políticos y empresarios comprenden que la campaña estará bajo la lupa de la opinión pública.

Breve historia. A mediados de julio estalló el escándalo de los aportantes “truchos” en la campaña del oficialismo bonaerense para las legislativas de 2017. Apenas días después, cuando Mauricio Macri ya había pedido modificar ley de financiamiento de los partidos, el oficialismo presentó un proyecto en Diputados: lo venía trabajando desde hacía meses, pero debió acelerar la presentación. El kirchnerismo, por su parte, con Máximo Kirchner, presentó un proyecto para prohibir directamente los aportes de empresas y aumentar el financiamiento público. Aún no había estallado el escándalo de los cuadernos ni se había hecho pública la declaración del arrepentido secretario de Abal Medina, que tenía pendrives con listas detalladas de la distribución, para la campaña, de parte de las coimas de los empresarios.

En 2009, la reforma electoral del kirchnerismo estableció la prohibición de los aportes de campaña para personas jurídicas –mientras en paralelo crecían los aportes ilegales o en negro. En 2008 había sido el triple crimen de General Rodríguez y la campaña de CFK en 2007 estaba sospechada de haber recibido dinero del tráfico de efedrina.

Hoy hay un sistema mixto de financiamiento, el aporte es público y privado. Y hay dos instancias de financiamiento: una es la vida institucional del partido y otra la campaña. Para el desenvolvimiento de un partido, se permiten aportes de particulares y de empresas Ahora, cuando empieza la campaña, ahí solo pueden aportar las personas físicas, no las jurídicas. Con la legislación actual está permitido el aporte en efectivo, en cualquiera de las dos instancias. No está prohibido el aporte bancarizado, pero la gran parte sigue siendo en efectivo poco rastreable.

La discusión plantea sus desafíos, no sólo en cuanto a la posibilidad de que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo, sino también dentro del propio oficialismo. Cuando el gobierno presentó el proyecto en Diputados, parte del radicalismo y la Coalición Cívica cuestionaron que las empresas puedan aportar. El Frente Renovador también tuvo expresiones de rechazo. La iniciativa no se movió, pero en el oficialismo hay confianza en que con una media sanción en el Senado, las cosas irían más fácil en Diputados. El 9 de octubre, con la firma de Miguel Pichetto y otros senadores de su bloque, el PJ federal presentó un proyecto con varias similitudes al de Cambiemos en Diputados. Una semana después, la UCR presentó el suyo, casi idéntico al que había presentado el Ejecutivo meses antes.

Ambos textos plantean la habilitación a las personas jurídicas para aportar dinero a las campañas, y también establecen que todos los aportes deben ser bancarizados (transferencia, cheque, crédito, débito, elementos que permiten la trazabilidad del dinero). Se diferencian fundamentalmente en los topes de los aportes (2% de la recaudación de un candidato, según el de Cambiemos, y 15% según el del PJ). También, en que el proyecto peronista permite el aporte, por ejemplo, de sindicatos. El PJ también quiere que los partidos puedan hacer publicidad por fuera de lo otorgado legalmente por el Estado. Según dicen en gobierno son diferencias salvables.

Los proyectos ya tuvieron en la semana su primer debate en comisión: jueces de la Cámara Nacional Electoral y especialistas invitados apoyaron las iniciativas. La intención, en el PJ y Cambiemos, es llegar a un dictamen en las próximas dos semanas y aprobar un texto conjunto antes del fin del período ordinario. Por ahora son “intenciones”. Si llega se trata antes de fin de año, advierten, se implementará ya en la campaña de 2019. Antecedente prometedor: a principio de mes obtuvo dictamen el texto de consenso para controlar y regular el Lobby, con base en un proyecto de Pichetto, y que el oficialismo también había intentado motorizar en Diputados sin éxito.

Aval de la Cámara Nacional Electoral

Los proyectos ya tuvieron su primera discusión en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Participaron los jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE) Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera. Aseguraron que no hay trabas constitucionales para permitir que las empresas y sindicatos puedan aportar a la campaña, y apoyaron la “bancarización” de los aportes, aunque opinaron que la “trazabilidad” debería estar a cargo de la CNE y no ser a través de la AFIP, como plantea el PJ.

Proyectos: similitudes y diferencias

El proyecto del PJ y de Cambiemos coinciden en la bancarización de los aportes y en habilitar a las personas jurídicas para que puedan hacer aportes durante el periodo de campaña.

Comparten que debe haber topes paralo que puede aportar una empresa, pero difieren en los niveles:Cambiemos propone que sea el 2% de la recaudación que puede tener un candidato y el del Pj, el 15%. La iniciativa del peronismo incluye, por otro lado, la posibilidad de que los sindicatos puedan aportar y más libertad para que los partidos hagan publicidad.

La discusión plantea sus desafíos, no sólo en cuanto a la posibilidad de que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo, sino también dentro del oficialismo.

Odarda y un texto para penar candidatos

Entre los proyectos que se están tratando en las comisiones del Senado para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos y campaña, hay uno de la senadora Magdalena Odarda. La iniciativa de la rionegrina no trata sobre la bancarización, ni la posibilidad de que las empresas puedan aportar a las campañas. El proyecto, presentado el año pasado, sólo promueve que los precandidatos y los candidatos –y no solo el presidente y el tesorero del partido como hasta ahora– sean pasibles de inhabilitación de seis meses a diez años, en caso de violar la ley vigente.

La senadora dijo a este diario que habría consenso para aprobarlo. Odarda ya advirtió que no acompañará la habilitación a las empresas para aportar, pero si está de acuerdo con que todos los aportes sean bancarizados.

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