CAFI evalúa ir a la Justicia por los Derechos de Exportación

Un cáncer que terminó por dinamitar los cimientos del sistema frutícola fue la reimplantación de los derechos de exportación. Una nueva transferencia de recursos, del orden de los 15 millones de dólares por año, del sector privado a las arcas del Estado Nacional para alimentar la improductiva burocracia estatal.

Ante este panorama, una empresa exportadora de Mendoza interpuso acción de amparo contra el Poder Ejecutivo nacional, solicitando que al momento de dictar sentencia se declarase la inconstitucionalidad del decreto 793/2018, por violar la división de poderes, según lo establecido en la Constitución nacional. La acción prosperó en primera y segunda instancia.

Marcelo Loyarte, gerente general de la CAFI, aseguró que “estamos estudiando los antecedentes del acaso para evaluar jurídicamente los pasos a seguir”.

Muchas son las empresas exportadoras que están reclamando la eliminación de este tributo. Un argumento de la Justicia se basó en que “si bien en cualquier materia la delegación legislativa sin base alguna está prohibida, en el orden tributario, se debe exigir una precisión más, pues conforme el debate mantenido en el seno de la Convención de 1994 hubo expresas manifestaciones en sentido adverso al ejercicio de facultades delegadas y así fue plasmado en el texto constitucional”.