La Justicia ratificó el rechazo a una querella en la causa contra el intendente Rossi y la Fiscalía busca imputar al denunciante
El juez de revisión confirmó una decisión adoptada en primera instancia y consideró incompatible la participación de José Rainao como querellante debido a su situación procesal dentro de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos municipales.
Enrique Rossi, intendente de Cinco Saltos. Foto: archivo.
La Justicia dejó firme el rechazo al pedido de José Rainao, uno de los denunciantes, para actuar como querellante en la causa por presuntas irregularidades en el municipio de Cinco Saltos. El juez Guillermo Merlo confirmó la resolución dictada por la jueza de Garantías María Agustina Bagniole y respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal, que considera incompatible su participación como acusador particular debido a que lo ubica entre las personas que podrían ser imputadas en la investigación.
La investigación tiene entre sus principales acusados al intendente Enrique Rossi, al secretario de Obras Públicas Julio Quiroga, al exsecretario de Hacienda Sebastián Crespo y al proveedor José Luis Conejeros.
La resolución dejó firme lo dispuesto previamente por la jueza de Garantías María Agustina Bagniole, quien había rechazado la solicitud presentada por la defensa de Rainao durante una audiencia realizada a principios de junio.
El juez de revisión dejó firme la primera resolución en la causa por presuntas irregularidades en Cinco Saltos
Durante la audiencia, el fiscal jefe Gustavo Herrera y la funcionaria Gabriela Marco sostuvieron que Rainao no puede intervenir como querellante porque la Fiscalía analiza avanzar con una imputación en su contra dentro del mismo expediente. Ese criterio ya había sido expuesto durante la investigación impulsada por la fiscal Saccomandi y fue ratificado por el juez de revisión.
Por su parte, la abogada Gabriela Prokopiw sostuvo que su representado fue víctima de una maniobra mediante la cual terceros habrían utilizado su identidad para realizar facturaciones al municipio y acceder a fondos públicos.
La letrada cuestionó la postura del Ministerio Público Fiscal y afirmó que no existen elementos suficientes para sostener una eventual imputación contra su cliente. Sin embargo, el juez de revisión entendió que la decisión adoptada por Bagniole fue correcta y confirmó el rechazo a la constitución como querellante.
La discusión se produjo luego de que la defensa cuestionara el cambio de postura de la Fiscalía. Según expuso, en las primeras actuaciones Rainao aparecía como una persona perjudicada por los hechos denunciados y posteriormente pasó a ser considerado un posible imputado.
El Tribunal de Cuentas acreditó el requisito que exigía la Justicia para ser querellante
La audiencia también dejó una novedad vinculada al Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos. Prokopiw informó que ya acreditó la documentación que había sido reclamada por la Justicia en la audiencia anterior.
La jueza Bagniole había sostenido que el Tribunal de Cuentas posee legitimación para intervenir en una causa de estas características, aunque entendió que faltaba acreditar formalmente la representación institucional del organismo.
Con la incorporación de esa documentación, la representación legal del cuerpo de control quedó en condiciones de avanzar con un nuevo planteo para constituirse como querellante institucional.
La causa se inició a partir de denuncias realizadas por integrantes del propio Tribunal de Cuentas sobre presuntas irregularidades en contrataciones, pagos y movimientos administrativos vinculados a proveedores municipales. Entre las hipótesis bajo investigación figuran posibles delitos de peculado, malversación de fondos públicos y falsificación documental.
La Justicia dejó firme el rechazo al pedido de José Rainao, uno de los denunciantes, para actuar como querellante en la causa por presuntas irregularidades en el municipio de Cinco Saltos. El juez Guillermo Merlo confirmó la resolución dictada por la jueza de Garantías María Agustina Bagniole y respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal, que considera incompatible su participación como acusador particular debido a que lo ubica entre las personas que podrían ser imputadas en la investigación.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios