Calme Pesquera otra vez en marcha, de la mano de una nueva gerenciadora

La pesquera Calme, que estuvo paralizada 15 días, reabrió sus puertas el lunes mediante la intervención de otra firma llamada Ve Pez que gerenciará la actividad de la planta, que seguirá a nombre de sus actuales propietarios. Pese a esto la provincia todavía gestiona la entrega de un rescate financiero de $2.500.000, y se supo que los $300.000 que ya depositó para el pago de sueldos caídos no serán devueltos por la firma, porque se trató de un subsidio.

“Tuvimos que resolver rápido lo de los $300.000, porque eran para depositar directamente a cuenta de los salarios que se les adeudaban a los empleados. Peligraba la continuidad laboral. Por eso no había tiempo para gestionar otra cosa y echamos mano de $300.000 que teníamos para una línea de crédito de los pescadores artesanales, que estaban intactos porque ninguno de ellos había pedido aportes. Es un subsidio, que por ende no tendrán que devolver. El otro monto de $2.500.000 saldría del fondo de coparticipación pesquera, ése sí sería reembolsable y todavía no se entregó. Estamos haciendo los papeles”, manifestó ayer el secretario de pesca provincial Jorge Bridi.

Sobre el cambio de escenario, debido a que ahora la empresa Ve Pez regularía el funcionamiento de la planta, el funcionario precisó que “hasta que no busquen realizar una transferencia de la pesquera seguirá figurando Calme como titular, así que en realidad no habría que formalizar nada. Sí está el tema del dinero que cuando empezó la crisis solicitaron, y del que resta el monto que mencioné. ¿Si ahora que apareció una gerenciadora y empezó a funcionar se evaluará si será necesario otorgárselos? Por el momento no manifestaron nada, y desconozco qué trato económico hicieron con Ve Pez”, agregó Bridi.

La pesquera en cuestión nuclea a dos empresas (Calme y Río Salado), de las que dependen 180 obreros. A ellos se les adeudaban dos quincenas (cerca de $600.000).

La crisis se desató hace 15 días, cuando según lo manifestado por Alberto Castro Arán (el titular de la planta) el gerente del lugar huyó con el dinero de los pagos y con mercadería, aunque no existen denuncias al respecto. La provincia tuvo una rápida intervención, y ofreció $2.800.000 a modo de ‘salvataje financiero’, algo que fue cuestionado desde otros emprendimientos del sector, que también enfrentan conflictos económicos.