Campañas opacas

Río Negro elegirá hoy a un nuevo gobernador, en una campaña electoral muy activa y donde se ha visto un dispar uso de recursos, pero con un denominador común: la opacidad en el financiamiento y la rendición de gastos por parte de la mayoría de los partidos y alianzas.

Como señaló hace días este diario, en nuestra provincia no existe una legislación específica sobre el financiamiento de la actividad proselitista, parcialmente regulada a través del Código Electoral (la ley 2431), que fija topes por partido a los gastos de campaña y establece reglas generales de manejo y rendición de cuentas.

Pero sus exigencias son mínimas y se transforman en una mera formalidad, donde los números reales están muy lejos de lo que figura en los papeles. Las sanciones son igualmente laxas y de tardío cumplimiento, en general multas irrelevantes con respecto a las cifras que se manejan. También se conoció esta semana cómo tanto desde el gobierno provincial como de municipios que son bastiones de candidatos se multiplicaron las “ayudas” sociales, entrega de becas y las inauguraciones de obras se transformaron en meros actos proselitistas.

La situación rionegrina no dista demasiado de lo que sucede a nivel nacional, donde crecen los reclamos por una regulación que trasparente el origen de los fondos que manejan partidos y candidatos, con vistas a las presidenciales y legislativas de octubre.

En su libro “La raíz”, el periodista Hugo Alconada Mon señala a la financiación de las campañas como la principal causa de la mayoría de las grandes tramas de corrupción en el país. Calculó que cada campaña presidencial del 2015 por parte de Cambiemos, FpV, FR, las fuerzas mayoritarias, no pudo tener un costo menor a los 1.000 millones de pesos, mientras que las rendiciones de cuentas sobre los aportes privados recibidos fueron por valores de hasta 20 veces menores. Los aportes estatales previstos por ley no alcanzan para cubrir las diferencias.

El desvío de fondos de empresas contratistas del Estado, las donaciones “particulares” de directivos y miles de aportantes “truchos” son las trampas más comunes. Servicios no remunerados como el alquiler de autos, aviones, viáticos, pasajes legislativos, fondos reservados y el “diezmo” al que son obligados a pagar funcionarios y empleados que dependen de la buena voluntad política del político de turno son variantes del menú de opciones con que cuentan los partidos para eludir controles.

Un conjunto de organizaciones ciudadanas, entre ellas Cippec, Poder Ciudadano y la Red de Acción Política, lanzaron una campaña para pedir consenso y aprobar urgentemente una nueva ley de financiamiento político. Aseguran que el sistema actual no funciona, ya que “el grueso del dinero para las campañas circula en efectivo y la mayoría proviene de fuentes no permitidas.

Los oficialismos nacionales y provinciales usan recursos públicos para las campañas. Las rendiciones de cuentas son inconsistentes y las sanciones llegan tarde. Todo esto queda en evidencia con cada uno de los escándalos que sistemáticamente estalla después de cada elección”. Y reclaman “una nueva ley que permita financiar eficientemente, con equidad y trasparencia las campañas”.

Actualmente en el Congreso hay dos grandes proyectos sobre este tema. Uno de Cambiemos, que permite aportes empresarios y propone obligar a que sólo puedan ser mediante transferencias bancarias, cheques y tarjetas de crédito o débito, para poder trazar su origen, eliminando la circulación del efectivo. Pone topes para las donaciones. El otro, del FpV, propone prohibir los aportes empresariales a los partidos y que las donaciones de campaña sean de particulares, con un fondo permanente para las fuerzas políticas y regulación de la publicidad política. El grueso del aporte es estatal.

En vista de los desacuerdos, es difícil que se apruebe un nuevo sistema en breve. Con lo cual volveremos a observar una enorme circulación de dinero en negro para financiar candidaturas, con controles laxos y sanciones tardías, que empeorarán la falta de trasparencia de la política, la credibilidad de la clase dirigente y sin duda afectarán la calidad de nuestra democracia.