Cárdenas no aparece y el juez le allanó la casa
El juez Bonadío quiere que el banquero del HSBC declare sobre la reunión que se cree que mantuvo con embajadores y en la que se habría abordado el tema de los presuntos sobornos. Como no lo encuentra, se llevó documentos de su casa.
Según fuentes judiciales, el juez procura establecer el paradero de Cárdenas porque no tiene certeza del lugar en el que se encuentra: la Dirección de Migraciones informó que salió del país pero regresó el 2 de octubre vía Uruguay, Interpol registró un egreso sin retorno y el representante legal del vice del HSBC, Oscar Salvi, aseguró a Bonadío que el ex diplomático viajó a Sudáfrica, donde participará de un congreso de abogados en Durban.
En ese marco Bonadío, que investiga la presunta exigencia de coimas a banqueros por parte de senadores que habrían ofrecido paralizar una ley a cambio de dinero ilegal, allanó hoy la casa de Cárdenas -situada sobre la calle Arroyo del barrio porteño de Retiro- y secuestró documentación, dijeron las fuentes.
El magistrado y el fiscal Guillermo Marijuán ya interrogaron a Cárdenas, que negó todo conocimiento sobre las supuestas negociaciones sucias atribuidas a los senadores, pero los investigadores pretenden que amplíe su declaración y el jueves pasado esperaron en vano al ejecutivo del HSBC, que faltó a una audiencia judicial.
Mientras, el juez fijó una serie de audiencias para interrogar, en calidad de testigos, a Heller, a Bucafusco, al personal de la consultora CB y Asociados y a los secretarios del titular de esa organización, Carlos Bercún.
Heller y Bucafusco, que comparecerán mañana, serán interrogados acerca de una carta en la que habrían manifestado al titular del Senado, el justicialista Juan Carlos Maqueda, el descontento de los banqueros con proyectos de ley que analizaba el cuerpo.
Entre las iniciativas a la que se opuso ABRAPPRA figura el proyecto de ley que elaboró el senador Luis Barrionuevo para que los bancos financien, con el 2 por ciento de las comisiones que cobran por transacciones, un fondo de desempleo destinado a bancarios.
Según el periodista británico Thomas Catan, para impedir la sanción de la ley Barrionuevo senadores habrían intentado sobornar a representantes de la banca extranjera, que habrían reportado sus quejas por el hecho a los embajadores del Reino Unido, Robin Christopher, y de los Estados Unidos, James Walsh.
Cárdenas, al igual que los banqueros Mike Smith, Manuel Sacerdote y Carlos Giovanelli participaron de una reunión celebrada el 16 de agosto último en la residencia del embajador Christopher, en la cual se habría abordado el tema de las supuestas coimas.
Por otra parte, los senadores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales citaron para el martes próximo a declarar al ministro de Economía, Roberto Lavagna, al ministro de Producción, Aníbal Fernández, y al titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, en el marco de la investigación por el supuesto pedido de coimas.
Lavagna será invitado para dar precisiones sobre la relación entre la cartera a su cargo y el lobbista Carlos Bercún, considerado por varios senadores como uno de los principales sospechosos del caso, quien estuvo contratado por el Palacio de Hacienda hasta la semana pasada.
(DYN y Télam)
Los senadores por Neuquén hacen silencio
BUENOS AIRES (ABA).- Se llamaron a silencio. Ninguno de los senadores nacionales por Neuquén contestó a las consultas de “Río Negro” sobre los presuntos sobornos en la Cámara Alta que -de acuerdo con la información publicada por el diario británico Financial Times- algunos legisladores habrían solicitado a un grupo de banqueros para impedir la aprobación de dos leyes que perjudicarían los intereses de los organismos financieros.
A diferencia de sus pares rionegrinos, Sergio Gallia (PJ-Neuquén), Pedro Salvatori y Luz Sapag (MPN) no respondieron a los denodados intentos de esta agencia por dar con ellos desde el inicio de la jornada hasta últimas horas de la tarde. Con distintos argumentos, en los despachos de los senadores explicaron los motivos que dificultaban establecer un contacto para responder las consultas acerca de los presuntos pedidos de sobornos.
Gallia se encontraba en “reuniones”, según explicaron sus asesores durante toda la tarde; y Salvatori y Sapag estaban resolviendo problemas personales que los dejaban inhallables.
Luis Falcó y Amanda Isidori (UCR-Río Negro) y Miguel Pichetto (PJ-Río Negro) contestaron, y si bien presentaron matices en sus posturas, todos coincidieron en alertar que es necesario impedir que el cuestionamiento caiga sobre la totalidad del cuerpo y arrojaron un manto de sospechas sobre la actitud de los banqueros.
“Estos tipos -por los banqueros- veían que estaba por salir un par de leyes que perjudicaban ampliamente sus intereses y usaron al cuerpo legislativo como chivo expiatorio para parar la pelota. Y cómo estamos tan cuestionados, no les costó nada”, aseguró Falcó.
El legislador agregó que “no hay que ser ingenuos además con el medio que publicó la información. El Financial Times es el periódico de los grandes grupos de capitales financieros”.
En el mismo sentido se manifestó Isidori. “Para mí, esto es una operación de los banqueros que tiene por objetivo frenar las leyes. Y el periodista del Financial Times puede haber sido víctima de esa operación también”, aseguró.
Por su parte, Pichetto no descartó nada. “La investigación está en pleno proceso y llegará a la verdad. El juez dirá si hubo o no pedido de coimas o si fue una maniobra de los banqueros”.
Más dudas por el cadete
El fiscal en lo criminal Jorge Sacco opinó ayer que debe ser la justicia penal federal la que investigue la muerte de Segundo Cazanave, cuya madre atribuyó a los malos tratos que habría recibido cuando era cadete en la Escuela militar Lemos.
Sacco dictaminó que el fuero penal ordinario es incompetente para proseguir con esa pesquisa, porque en la causa por la muerte de Cazanave aparece denunciado el Estado Mayor del Ejército.
Fuentes tribunalicias adelantaron que el juez de instrucción Eduardo Moumdjian, hasta ahora a cargo de la pesquisa, compartiría el criterio de fiscal, porque en la causa se encuentran comprometidos “directamente” intereses del Estado.
La duda que expresaron las fuentes consultadas es si las actuaciones serán enviadas a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de esta capital, con el sumario interno efectuado por el Ejército y cuya remisión aún aguarda Moumdjian.
Ya fue agregado al expediente el informe pericial del Cuerpo Médico Forense que indica que el cuerpo de Cazanave, a cuatro meses de la muerte, no registra golpes ni contusiones que puedan ser atribuidas a malos tratos. (Télam)
Presunto jefe de la ‘mafia del oro’ al ataque
El empresario Enrique Piana pidió ayer a la Cámara Federal porteña que revoque su procesamiento y prisión preventiva porque fue un “simple miembro” y “no el jefe” de la organización que estafó al Estado mediante exportaciones de oro y reclamó que sean convocados a declarar, como acusados, el ex ministro Domingo Cavallo y el ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan.
Piana manifestó ser el principal perjudicado de una causa que, a su entender, debería llevar a los tribunales en calidad de imputados a Cavallo -ex jefe de Hacienda- a Kohan, al ex viceministro de Economía Carlos Sánchez, el ex secretario de Minería y actual gobernador riojano Angel Maza, el ex director Néstor Stancanelli, el ex subsecretario Mario Luis Fernández “y todos los funcionarios aduaneros” implicados en las maniobras.
La defensa del detenido titular de “Casa Piana”, a cargo de los abogados Virgolini y Silvestroni, apeló ayer el procesamiento y la prisión preventiva que el juez federal Jorge Ballestero dictó a Piana al considerarlo jefe de una asociación ilícita que entre 1994 y 1995 defraudó al Estado mediante exportaciones ficticias de oro que permitieron a un grupo de empresas cobrar reintegros fiscales indebidos.
El pago de esos reintegros, que sumaron millones de dólares en virtud del volumen de las exportaciones, fue establecido mediante una resolución que firmó Cavallo cuando era ministro de Economía, en el primer mandato del ex presidente Menem. “No corresponde atribuir a Enrique Piana el carácter de organizador de una maniobra que lo excede completamente. Su rol en la presunta asociación ilícita que se le imputa no puede ser mayor que el de simple miembro”, escribió la defensa en una presentación. (DYN)
