Nombres y no palabras

Por Carta de lector

* por Víctor Hugo Reynoso, DNI 6.296.188 / Dante Morosani, DNI 7.298.605/ Cooperativa de Vivienda del Periodista Ltda. 1969-1976

Frente a la infamia, nuestra permanente, estricta y minuciosa lucha en la que están unidos periodistas fundadores y familiares de aquellos ya desaparecidos, en procura del esclarecimiento total y definitivo de parte de un capítulo de nuestra historia, plagado de nefastas consecuencias, incluyendo el secuestro de la documentación histórica de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Ltda. perpetrado por la fuerza de las armas, el 24 de marzo de 1976, cuando efectivos del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, por orden del Gobernador Militar de facto, invadieron la oficina obrador que se encontraba en el Centro Cultural “Dr. Enrique Pedro Oliva”. Luego, la documentación de referencia fue trasladada a la mencionada unidad castrense, donde instaló su despacho el Interventor Militar, Suboficial Mayor Ulises Normando Baca Cau.

Consecuentemente, mediante la tarea llevada adelante, hoy estamos en condiciones de dar cuenta –con nombre y apellido- de la mayoría de los titulares de las 23 viviendas usurpadas y actualmente habitadas gratuitamente, 15 por parte del Ejército, 4 a merced de Gendarmería, 2 Marina y 2 Policía Federal. Se trata, fehacientemente, de aquellas personas que aportaron económicamente para la constitución de la Cooperativa, compra del terreno, pago del proyecto de obra y construcción del edificio: Carlos Agustín Ríos, Diego Manuel Flores Giménez, Marta Delfina Echevarría, Héctor Lombardo, Pascual Ramón Carbonel, María Cristina Parente, Pedro Heraldo Brodi, Edgardo Antoñana, Rodolfo Oscar Inda, Luis Alberto Díaz, Enrique Driussi, Miguel Sánchez, Eduardo Horacio Bejarano, Silvia Sapag, Raúl Aranda, María del Carmen Vidal, Pedro Alfredo Fuentes.

Mientras tanto, al dictamen favorable del 3 de agosto de 2017 producido por el Fiscal Federal Dr. Miguel Ángel Palazzani, con traslado del voluminoso y completo expediente al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, a cargo del Dr. Gustavo Alberto Villanueva, le sigue hasta hoy –es decir un lustro después- una pesada vigilia atenuada en el marco del reconocimiento oficial de las máximas autoridades a nivel Nacional, Provincial y Municipal, al poner de manifiesto que ambos edificios-Torre y Centro Cultural- fueron apropiados y usurpados durante la última Dictadura en flagrante acto de Terrorismo de Estado, lo que constituye Delitos de Lesa Humanidad y, que por lo tanto, no prescriben.


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